En la Convención Constitucional hubo 17 escaños reservados para representantes de los pueblos mapuche, aimara, rapanuí, lickanantay, quechua, colla, diaguita, chango, kawésqar y yagán, quienes se alinearon de forma estratégica con la centroizquierda y la izquierda (Frente Amplio, PS, PC, ex Lista del Pueblo e independientes). De esa forma consiguieron plasmar sus demandas en la propuesta de Constitución.
Por ejemplo, en dicho texto —rechazado el pasado 4 de septiembre— se consagraba la plurinacionalidad, el derecho a consulta con consentimiento "libre, previo e informado" en materias que los afectasen, escaños reservados en el Congreso, el reconocimiento de sistemas de justicia propios y el derecho "a sus tierras, territorios y recursos", que explicitaba: "La restitución constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general".
Ahora, el escenario es distinto. Esta vez no hubo escaños reservados y dependía de la votación del padrón indígena cuántos representantes de pueblos originarios estarían en el nuevo órgano. Así llegó al Consejo Constitucional
Alihuen Antileo (mapuche), quien obtuvo sobre 160 mil votos, más que los 89 mil sufragios que sumaron los 17 representantes indígenas del proceso anterior.
A él se suman otros dos consejeros mapuches que postularon en el padrón nacional: Julio Ñanco y Kinturay Melin, ambos militantes de RD. Si bien todos han estado trabajando con los otros partidos de izquierda, estos suman 17 votos en el Consejo, lo que no les permite aprobar normas como sí ocurría en la Convención. "Sabemos que estamos en un escenario adverso", dice Ñanco.
Propuestas
El anteproyecto redactado en el actual proceso por la Comisión Experta explicita que los pueblos originarios son parte de la nación chilena, señala que se respetarán y promoverán sus derechos individuales y colectivos garantizados en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por Chile y que "la ley podrá establecer mecanismos para promover la participación política" de estos en el Congreso.
Si bien Ñanco valora la base que aprobaron los comisionados, cree que es importante "mejorar la representación en el sistema político a través de la creación de un mecanismo de consenso, pero estamos estudiando y evaluando varias alternativas". Una de ellas sería que se diga que "la ley deberá" (y no "podrá") establecer mecanismos para promover la participación política en el Congreso.
En esta oportunidad, los consejeros indígenas y otros actores del proceso que apoyan sus demandas buscan que en la propuesta constitucional quede, al menos, el reconocimiento de los derechos colectivos y la representación política (escaños reservados).
Eso lo impulsarán a través de las enmiendas al anteproyecto que deben presentar los consejeros a más tardar el 17 de julio, pero también en las iniciativas populares de norma que están recolectando firmas. Por ejemplo, una de ellas plantea el reconocimiento de los derechos colectivos e individuales de los pueblos originarios, que "es deber del Estado respetar, promover, proteger y garantizar el ejercicio de la libre determinación y los derechos colectivos e individuales garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes" y que "tienen derecho a la participación política, al ejercicio de su propia cultura, a la consulta y consentimiento, espiritualidad, ciencia y tecnologías ancestrales, al patrimonio, a la lengua, al reconocimiento y protección de sus tierras, territorios y recursos".
Otras propuestas ciudadanas postulan escaños reservados, la protección de patrimonio cultural y lingüístico, "el reconocimiento del genocidio a los pueblos originarios" y "garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas en las políticas y normas estatales".
Igualmente, hay iniciativas en sentido contrario: una busca eliminar la alusión a derechos colectivos porque estos "deben ser individuales. Los derechos colectivos anulan los derechos individuales", argumenta.
Las tierras
"(La restitución de tierras) es una demanda histórica y por lo tanto hay que plantearla", dijo el 18 de junio el consejero Antileo en el medio Interferencia, afirmando que será algo que propondrá en el Consejo.
Pero esa instancia no será la única donde se debatirá el tema. El 21 de junio, el Gobierno presentó la Comisión para la Paz y el Entendimiento, acordada de manera transversal desde los republicanos hasta el PC y enfocada en la demanda territorial mapuche y la creación de instancias de diálogo entre gobiernos regionales y locales, gremios, víctimas de la violencia, entre otros.
Según se explicó en esa ocasión, entre los objetivos está
sistematizar la situación actual e histórica de las tierras mapuches y revisar la experiencia internacional, elaborar una propuesta que permita llegar a un acuerdo sobre la demanda de tierras existente, y con mecanismos de reparación y modificaciones legales e institucionales. Todo esto, en medio de instancias de diálogos "que produzcan un acuerdo preliminar con las comunidades mapuche que permita conciliar las expectativas que hoy se tienen en cuanto a reparación, con las posibilidades reales que el Estado de Chile puede ofrecer". Se espera que el 2024 la comisión concluya su trabajo.
La medida tiene similitudes con la norma transitoria vigesimoctava del rechazado texto de la Convención. Allí se establecía que un año después de entrada en vigencia la nueva Constitución, el Presidente debía convocar una Comisión Territorial Indígena que semestralmente informaría avances en determinar catastros, planes, políticas, programas entre el Estado y los pueblos indígenas —no solo el mapuche como la Comisión para la Paz— "para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas". Esta comisión iba a funcionar por cuatro años, prorrogables por dos.
El exconvencional mapuche Adolfo Millabur, integrante de la Comisión para la Paz, dice que la instancia es una forma de ir aproximándose "a ver la posibilidad de restitución. Lo primero que hay que discutir es la restitución territorial, cuáles tierras serían posibles de restituir y en qué modalidad, cuáles serían los tiempos. Y cuáles serían las que no son posibles, pero donde sí hay que reparar el daño causado: donde hay instaladas ciudades o infraestructura importante para el desarrollo del país".
Mientras, el director ejecutivo de la Fundación Rakizuam, Richard Caifal (mapuche) valora "el compromiso y esfuerzo" en la Comisión para la Paz, pero cree que al excluir al resto de pueblos originarios y sus representantes "no resulta posible abordar el tema de fondo que dice relación con los derechos de los pueblos indígenas".
En ese sentido, el exconvencional quechua Wilfredo Bacián opina que "se siguen mapuchizando las demandas indígenas, y eso es negativo para el resto de los pueblos indígenas". Afirma que "los pueblos indígenas del norte, en base a su cosmovisión, tienen otra forma de reivindicar sus derechos sin tantos conflictos sociales, pero de igual manera somos sujetos de derechos de los cuales el Estado de Chile ha suscrito". Y la exconstituyente kawésqar Margarita Vargas dice que la comisión "no es un avance porque no estamos todos los pueblos representados y no hay consulta indígena".
Por su parte, la consejera Kinturay Melin reflexiona que "la comisión se hará cargo de ver problemáticas latentes de un Estado que ha faltado, mientras el proceso constitucional hace frente a la necesidad de un Estado que está preparándose hacia el futuro".
