Restan poco menos de seis meses para que el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, termine su periodo de ocho años en el cargo al que llegó tras ser nombrado por la ex Presidenta Michelle Bachelet y ratificado por unanimidad en el Senado en diciembre de 2015. Esto, mientras su gestión se encuentra en el centro de la atención en medio del escándalo por el denominado caso "convenios" que ha desatado una crisis en el Gobierno de Gabriel Boric.
Bermúdez ha pasado por dos administraciones; la del ex Presidente Sebastián Piñera -incluyendo el estallido social y la pandemia-, y la actual del Presidente Boric. Un periodo que, aunque ni siquiera abarca una década, dejó profundos debates, como el cuestionamiento a las instituciones.
Aunque Bermúdez es reacio a hablar de su salida -para dar prioridad a seguir trabajando en el cargo y continuar hasta el último día con sus funciones-, en la interna de la institución ya reconocen algunos de los "sellos" de su gestión o, si se quiere,
del cariz del que Bermúdez dotó al organismo: del pasar de "timbrar papeles" -como figura metafórica de lo análogo- a apoyarse en la tecnología, incluyendo el uso de la inteligencia artificial.
Pero también quedan tareas pendientes, especialmente en el marco de la legislación y cómo algunas normativas aún no logran ver la luz, y que podrían ayudar a fortalecer la labor del Contraloría. A continuación, lo logrado, lo pendiente y el "sello" Bermúdez en la recta final de su rol, el próximo 15 de diciembre. "Un balance más positivo que autoflagelante", según los dichos del propio contralor el 1 de junio pasado.
La gestión de Bermúdez y el toque de modernización
"Yo creo que estos días tenemos la fortaleza de que podemos hablar de estos temas, que el tema de la corrupción es un tema importante, de que para los actores políticos también es un tema del cual necesitan hacerse cargo. El problema de la corrupción es que va mutando y hay que ir perfeccionando los instrumentos", dijo Bermúdez el 1 de junio pasado a CNN, minutos antes de la segunda cuenta pública del Presidente Gabriel Boric.
Si bien Bermúdez reconoció que la institución ya tenía un prestigio y un proyecto de modernización asociado, agregó que "yo creo que se ha hecho en los últimos años el posicionar a la Contraloría como referente en materia de probidad pública, ha sido un ente que ha salido a la ciudadanía, pero sobre todo, un ente moderno".
Tal como lo destacó en su última cuenta pública, el 27 de marzo, donde el contralor señaló que se impulsó el uso intensivo de datos y Big Data. En detalle, se realizaron 2.346 análisis de datos documentos y 1.030 personas en su trabajo diario utilizaron estos recursos. Además, se ha implementado el uso de Inteligencia Artificial y algoritmos que permiten abordar una gran información y cruzar datos de manera más precisa, lo que ha implicado destinar al menos el 10% del presupuesto para estos fines.
Fuentes afirman a Emol que, de todas maneras, hay otro sello que se le reconoce a la gestión de Bermúdez y es el haber entrado en áreas donde no se había fiscalizado antes con tanta energía, es decir, donde están los grandes caudales públicos, pasando de compras masivas de algunos implementos particulares como antaño, a temas como pago de sueldos u horas extras.
Polémicas y las "grandes" fiscalizaciones
El paso de Bermúdez por la Contraloría también ha tenido cuotas de polémica. Una de las más recordadas es la que involucró al contralor con la subcontralora Dorothy Pérez. Fue en 2018 cuando el líder del organismo le solicitó su renuncia, esgrimiendo falta de confianza, ya que Pérez habría sido citada a declarar como testigo, en el marco del megafraude de Carabineros.
Pero Pérez no renunció, por lo que a fines de agosto, Bermúdez declaró el cargo como vacante. En medio de la polémica, el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick se restó de intervenir, subrayando la autonomía de Contraloría.
En 2020, la Contraloría emitió un oficio donde
cuestionó la participación de alcaldes en programas de radio y televisión, particularmente en matinales, donde acusó que "además de frivolizar la función pública, puede implicar distraer indebidamente tiempo que debe destinarse a las labores propias de la autoridad municipal, a la vez de constituir una sobreutilización de la imagen personal del alcalde, asignándole un beneficio electoral". Algunos,
tildaron el oficio incluso como un intento de "ley mordaza".
En otras polémicas, pero ahora ajenas a la interna de Contraloría, hay dos casos de alta connotación pública que han demandando la intervención del ente fiscalizador. La primera, relacionada a la auditoría que realizó el organismo a funcionarios de la Municipalidad de Vitacura, en el marco de la indagatoria por el llamado "caso Torrealba" y el presunto fraude en la comuna a través del desvío de fondos desde corporaciones.
Sobre este caso, Bermúdez ha señalado que "existe un mecanismo muy sofisticado podríamos decir, que desgraciadamente da cuenta de esa debilidad institucional que existe en el ámbito municipal y que permitió que esos recursos pasen hacia corporaciones que son privadas, con escaso control".
Otra de las polémicas del último tiempo fue la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella por parte del municipio de Santiago, luego de que la
Contraloría objetara la acción y, además, anunciara un sumario para determinar las responsabilidades administrativas del hecho, precisamente por "
incumplir la instrucción de congelar acciones para materializar la compraventa".
La resolución, además, puntualiza que el municipio pretendía otorgar prestaciones de salud "que excederían del nivel propio de la atención primaria", cuestionando que la autoridad alcaldicia aludiera al proyecto como la "primera clínica municipal".
Lo pendiente en materia legislativa
La polémica por Democracia Viva -de Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez (RD)- ha acrecentado los llamados a que avance la legislación que permita tener mejores herramientas para legislar. Esta semana, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPT), Francisco Leturia, hizo un llamado en esta línea, y en especial a que avance la Ley de Transparencia 2.0.
"No quiero que quede la sensación de que la Contraloría está dando excusas de las cosas que no puede hacer porque faltan modificaciones legales. Eso no es así. Nosotros hemos ejercido todas las facultades y le hemos puesto tecnología a esto para poder ejercerlo de mejor manera".
Contralor Jorge Bermúdez
Pero en junio, el contralor Bermúdez ya había hecho este llamado. "Hace de más de un año que está listo para terminar la tramitación legislativa lo que se ha denominado la 'ley de transparencia 2.0'. En esa ley, se establece el derecho o facultad de Contraloría de acceder a las cuentas corrientes de los servicios públicos. Esa ley está ahí paralizada, con esa facultad, hace más de un año, y si tuviéramos esa posibilidad no tendría yo que esperar que el alcalde me permita acceder a esa cuenta corriente", dijo a CNN.
Pero hay otros "pendientes", la normativa del protección al denunciante, que el 7 de junio pasado fue despachada a ley, pero que tiene pendiente que se elabore su reglamento. La normativa, junto con proteger la identidad de quienes denuncian, establece un canal para éstas, administrado por la Contraloría, mediante una plataforma electrónica, entre otras dimensiones y garantías.
Un tercer foco son las atribuciones de Contraloría para el control municipal. En palabras de Bermúdez, "claramente" existe un problema en esta materia, "si usted me dijera que elija un lugar donde hay que hincar el diente, donde poner el ojo, es en el ámbito municipal".
"El problema que tenemos es que el diseño institucional, el mecanismo de elección de sus autoridades, que es democrático y está bien que sea así, hace que la Contraloría tenga pocas posibilidades de entrar directamente. Y eso ha ocasionado que haya espacios muy grande de discrecionalidad con muchísimos recursos", dijo al citado medio.
La petición de mayores atribuciones no es baladí, puesto que, por ejemplo, sólo se pueden detectar eventuales irregularidades en un municipio cuando el organismo hace auditorías. Esto, de todos modos, requiere mayor dotación en materia de recursos humanos, y para eso, mayores recursos económicos.
El ente contralor tiene 650 fiscalizadores, y considerando que existen 345 municipios, un fiscalizador puede hacer dos auditorías al año. Esto, porque el proceso incluye investigación y análisis de los datos, elaborar los informes, etc.
"No quiero que quede la sensación de que la Contraloría está dando excusas de las cosas que no puede hacer porque faltan modificaciones legales. Eso no es así; nosotros hemos ejercido todas las facultades y le hemos puesto tecnología a esto para poder ejercerlo de mejor manera, por lo tanto, le puedo decir que declaraciones de patrimonios de intereses se fiscalizan todas, 140 mil de ellas, y eso sólo es posible gracias al avance de uso de datos, con el mismo personal y un 10% menos de presupuesto", dijo Bermúdez, aclarando que este análisis es en términos reales, no nominales.
