El 1 de octubre de 1973 —19 días después del Golpe—, las nuevas autoridades militares dictaron el decreto ley N° 50, que en su único artículo decía: "La Junta de Gobierno designará en su representación rectores-delegados en cada una de las universidades del país". Estos, se indicaban, “cumplirán las funciones y ejercerán todas las atribuciones que corresponden a los rectores de las universidades".
Con la creación de estas figuras, el régimen liderado por el general Augusto Pinochet comenzó la mayor intervención formal a la educación superior del período.
El día 29 de ese mismo mes, se dictaron las atribuciones específicas para el rector-delegado en la Universidad de Chile, en atención a la necesidad de dotar "los recursos legales que le permitan adaptar sus estructuras y servicios a las nuevas condiciones de la realidad nacional y a los postulados de la Junta de Gobierno". La dirección de este plantel intervenía también en la Corporación de Televisión de la Universidad de Chile.
Lo mismo ocurrió con las universidades Católica de Chile y Católica de Valparaíso. En este caso, la Junta Militar, además de entregarles a los rectores designados las facultades necesarias para reestructurar los planteles y cumplir con los objetivos de las nuevas autoridades, permitió que la Iglesia Católica mantuviera cierto control sobre sus proyectos educativos.
También la U. de Concepción, U. Austral de Chile, U. Técnica Federico Santa María, U. Técnica del Estado y U. del Norte tuvieron sus propios funcionarios delegados por el régimen, con mayor o menor intervención, hasta el retorno a la democracia.
La gran transformación
Al asumir la conducción del país, las nuevas autoridades militares se enfrentaron, según su visión, a una educación superior que acarreaba desde la década del 60 dos grandes problemas.
Por una parte estaba la imposibilidad de que los ocho planteles universitarios que existían respondieran al acelerado proceso de masificación de la matrícula escolar que se había producido durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. De hecho, a comienzos de 1973, el ministro de Educación de la Unidad Popular, Jorge Tapia, señaló: "Este año van a quedar 20 mil segregados, porque no dan las universidades abasto, no lo dan, aunque tuviéramos recursos financieros".
Por otro lado, existía una excesiva politización en los planteles. Salvador Allende sugirió, en 1971, que “las universidades, antes de preocuparse de su expansión, debían comprometerse ‘con los problemas del pueblo y con los cambios estructurales que el pueblo reclama’” (Labraña y Brunner, 2021).
Poco a poco, los que promovían la transformación institucional bajo las ideas liberales en el sistema de educación superior fueron ganando espacio en la administración del régimen militar. Así, se modificó el sistema de financiamiento con una reducción del gasto fiscal y un cobro de aranceles a los estudiantes, y la creación de un entorno competitivo entre los planteles, entre otras iniciativas.
Los cambios se forjaron en la década del 80 con el Decreto Ley 3.541 del 12 de diciembre de 1980 y otra serie de normas publicadas en enero del siguiente año, que formarían la nueva legislación universitaria. El primero señalaba que, "dentro del plazo de un año contado desde el presente decreto ley, el Presidente de la República podrá reestructurar las universidades del país, incluida la Universidad de Chile".
Así, durante 1981 se crearon las universidades de Valparaíso, de Antofagasta, de La Serena, del Bío-Bío, de La Frontera, de Magallanes, de Talca, de Atacama y de Tarapacá a partir de las sedes regionales de la U. de Chile y la U. Técnica del Estado. En los años sucesivos se levantaron nuevas instituciones, transformando radicalmente el escenario de la educación superior nacional.
El
DFL 1, publicado el 3 de enero de 1981, definió en términos generales qué son las universidades y sus fines, la libertad académica, estableció limitaciones y abrió las puertas a la creación de nuevos planteles: "Podrán crearse universidades, las que deberán constituirse como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro" (art. 15). Pero no solo fueron universidades. En enero de 1981 también se dictaron decretos con fuerza de ley que crearon otros tipos de establecimientos de educación superior: los institutos profesionales y los centros de formación Técnica.
Los años siguientes, las autoridades de los planteles y las de gobierno trabajarían en mejorar las legislaciones del nuevo sistema educacional.
Según el “Informe sobre la educación superior en Chile” de José Joaquín Brunner publicado por Flacso, en 1986 ya existían en el país 23 universidades, 22 institutos profesionales y más de 100 centros de formación técnica.
Expulsados y exonerados
A vista del régimen militar, la Unidad Popular llevó la politización en las universidades a un punto crítico. Un informe del Ministerio de Educación Pública de 1978 presentó el panorama previo al golpe de la siguiente manera: "Minorías políticas, actuando impunemente, al margen de la ley de los propios estatutos universitarios, habían dislocado completamente la Educación Superior Chilena para utilizarla como centro de acciones ideológicas. Los académicos de carrera fueron arrastrados a una contienda que les era ajena y en un terreno que les era desconocido".
El texto continuaba: "En breve, hubo rectores extremistas, decisiones entregadas a la demagogia electoral, grados académicos a activistas extranjeros, quiebre financiero, desarrollo de carreras inútiles, utilización de los medios de comunicación universitaria en la agitación partidista y otros múltiples síntomas de desquiciamiento institucional".
Con este diagnóstico, el régimen impulsó medidas que consideraron "ordenadoras" y "correctivas". Los rectores-delegados recibieron la instrucción de separar de sus funciones a académicos, alumnos y personal administrativo que suponían "un grave e inminente peligro para la estabilidad de las respectivas universidades y para su plena normalización, tanto por sus antecedentes de conducta antiuniversitarias, como por haber persistido, después del 11 de septiembre en actividades de incitación al extremismo o a la desestabilización de la autoridad".
Según el informe gubernamental, "el ordenamiento y la pacificación de los claustros académicos resultaba indispensable para el bien común universitario y solo significó (la expulsión) en casos graves, calificados y comprobados, representando un porcentaje ínfimo. Puede hoy apreciarse que han conservado cargos, cátedras y tribunas destacados y abiertos partidarios del gobierno anterior y declarados opositores al régimen actual".
Sin embargo, en un artículo sobre los derechos humanos bajo el régimen militar, publicado en 2012 por José Zalaquett, se estimó que cerca de 22 mil estudiantes y 3 mil académicos fueron expulsados de las universidades, junto a otras formas de represión y hostigamiento, violando el derecho a la libre enseñanza, a la educación, al trabajo y a no ser discriminado.
En años recientes, algunos planteles han ofrecido actos públicos de reconocimiento a profesores exonerados. En 2015, la Universidad Católica ofreció un homenaje a casi un centenar de académicos expulsados de su institución después del 11 de septiembre de 1973 por razones políticas, siendo algunos de ellos ejecutados o desaparecidos posteriormente.
En la ceremonia de desagravio, el rector Ignacio Sánchez afirmó: "Los procesos son complejos y tardan su tiempo; creo, sin embargo, que ha llegado la hora de reparar esta deuda que existe".
