El diputado de Renovación Nacional, Arturo Longton, calificó como un elemento "distractor" la intención que tiene el Ejecutivo de extender la investigación por el caso "convenios" a la administración del expresidente Sebastián Piñera.
Así dio cuenta este lunes la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, en el anuncio de la comisión para la probidad e integridad. "Cada requerimiento de información será entregado con cinco años de antigüedad. Insistimos esto tiene que ser caiga quien caiga. Esto incluirá a la administración del expresidente Sebastián Piñera", apuntó.
A modo de replica, el legislador sostuvo esta mañana que
"obviamente lo que están queriendo hacer es camuflar esta casi asociación delictiva que hay detrás para defraudar el fisco, tratando de involucrar gobiernos anteriores".
"Esta bien que se investigue todo lo que se tenga que investigar, en esto estamos absolutamente de acuerdo, pero los antecedentes que hay hasta ahora es que precisamente militantes de partido de la coalición de gobierno están involucrados en estas fundaciones a través de un mecanismo, creando fundaciones con fines políticos para embolsarse ese dinero para sus bolsillos, o bien, como una devuelta de mano, o como una caja pagadora para favores políticos", añadió.
En esa línea, relevó que "ese mecanismo, hasta el momento, no hay ningún antecedente de que involucre a personeros de otros gobiernos. Por lo tanto, el abrir la arista me parece más bien un distractor respecto a esta situación que está afectando principalmente al gobierno que lo tiene en una crisis muy, muy profunda".
Cabe destacar que el legislador de RN, junto a sus pares de la Cámara, Francisco Undurraga (EVO), Juan Manuel Fuenzalida y Flor Weisse (UDI), se reunieron con el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, para solicitar celeridad en la investigación del caso convenios.
Asimismo, los parlamentarios presentaron propuestas para avanzar en materia de fiscalización, tales como: mayor rigurosidad en la revisión de antecedentes de proveedores, organismos ejecutores y en el registro de estos; introducir modificaciones al proceso de trato directo; crear un sistema de rendición de cuentas electrónico robusto y aplicar un aumento de los recursos destinados a la contratación de personas para el desarrollo de mayor fiscalización.
