Estudiantes se organizan contra el régimen
"La universidad no es un cuartel, ¡fuera Pinochet, ahora!"; "Por una universidad libre en un Chile libre"; "La paz es obra de la justicia y no de la represión: democracia". Consignas como estas se leían en los panfletos que se dispersaban por las universidades chilenas en los años 80.
Si bien antes hubo manifestaciones,
entre 1983 y hasta 1988 el movimiento estudiantil contra el régimen militar se intensificó adquiriendo un rol relevante en las jornadas de protesta nacional.
En Santiago las actividades se desarrollaban principalmente en los alrededores de facultades de Medicina Norte, Ingeniería y Derecho de la U. de Chile; el Campus Oriente de la U. Católica; la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas y la U. de Santiago. En regiones, la U. de Concepción fue una de las que concentró las manifestaciones.
"Alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile provocaron desórdenes y tumultos frente a la sede de dicho plantel. Tras una asamblea, efectuada en el interior del recinto, los jóvenes salieron a la calle e interrumpieron el tránsito al sentarse en la calzada y colocar algunos elementos sacados del establecimiento", informaba "El Mercurio" el 11 de mayo de 1983.
El 6 de abril de 1984, este mismo medio consignaba la intervención no solo de universitarios, sino también de estudiantes secundarios, quienes "gritaron consignas contrarias al Gobierno durante alrededor de 20 minutos, siendo dispersados por Carabineros, que detuvo a seis personas (…). El resto de las acciones se concentró en diversos colegios católicos, y algunas sedes universitarias, en las que se efectuaron cabildos y mitines".
Y mientras los estudiantes exigían la vuelta a la democracia, Augusto Pinochet respondía que no vacilaría en "apretar la mano" contra quienes paralizaban la vida nacional (5 de septiembre de 1985).
En la época también se hicieron comunes las huelgas de hambre de estudiantes. Una de ellas la realizó un grupo de alumnos de la U. Católica para solidarizar con un joven expulsado por participar en una asamblea popular universitaria.
Los secundarios también participaban del movimiento, lo que los enfrentó con las autoridades. Al iniciarse el año escolar 1986, Las Últimas Noticias informaba que el ministro de Educación denunciaba la concertación de un "plan destinado a involucrar a jóvenes de la enseñanza media en acciones callejeras de protestas, como también en desórdenes dentro de sus propios establecimientos". Su conducta fue sancionada: "Se les ha negado la matrícula a cientos de estudiantes secundarios que participaron el año pasado en protestas y tomas", daba cuenta.
El "mochilazo" del 2001 por el pase escolar
Abril de 2001 comenzó con una masiva protesta de los escolares por la llamada crisis del pase escolar. Durante casi 20 días, unos diez mil estudiantes de enseñanza media —luego se unieron universitarios— se volcaron a las calles de Santiago.
Habían pagado por un carnet que les permitía una tarifa preferencial en las micros, pero su entrega se había retrasado. Además, su precio subió, ya que la tarjeta de cartón utilizada los años anteriores se reemplazaría por una con cinta magnética y con un chip para que fuera compatible con los nuevos cobradores automáticos de los buses. En esa época, la credencial era administrada por los microbuseros.
"Estudiantes declaran paro indefinido (…). Inician semana con ‘paro de sábanas’, con un elevado ausentismo en colegios", informaba "El Mercurio" el 9 de abril de 2001. El problema fue mayor cuando salieron a la luz irregularidades con el dinero destinado al pase escolar y se descubrió que algunas de las credenciales entregadas habían sido recicladas. "Pases correspondientes al año 2000 fueron reimpresos en tarjetas que sirvieron de carnés a otros alumnos y los afectados se dieron cuenta de esto al raspar la cara posterior del plástico, apareciendo la foto de otro alumno", consignaba La Segunda el 20 de abril sobre los que entonces fueron denominados de manera irónica como "raspapases".
La ministra de Educación, Mariana Aylwin, declaró que "nos dijeron que los pases los mandaron a hacer a Francia, pero hoy se comprueba que son reutilizados".
Fue entonces cuando la movilización adquirió un objetivo mayor: que los pases fueran gratuitos y que su administración volviera al Mineduc.
El movimiento estudiantil estaba liderado por dos organizaciones: el Parlamento Juvenil y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). Todos ellos se sentaron a la mesa con autoridades del Ministerio de Educación y el Consejo Superior del Transporte hasta que salió humo blanco: los escolares terminaban con la movilización y las autoridades rebajaban el costo del pase.
También se anunció que el Estado retomaría su administración.
Pero el conflicto estaba lejos de resolverse. Un sector importante de colegios desconoció el acuerdo y continuó movilizado. Asimismo, "mientras supuestamente se calmaban los ánimos en Santiago, se avivaban en regiones. Temuco no se demoró en salir a las calles y exigir prácticamente lo mismo: el pase gratis. El Consejo Estudiantil Autónomo congregó a unos tres mil alumnos en el centro de esa ciudad para pedir además validez para los recorridos urbano y rural", publicó “El Mercurio” el 29 de abril.
Un mes más tarde se terminaría el "mochilazo"—llamado así por las mochilas que usan los estudiantes— con un arreglo que establecía la entrega gratuita de 111 mil documentos. Los estudiantes que recibieron pases reimpresos podrían cambiarlos y los 81 mil alumnos que los recibieron atrasados lo obtendrían gratis.
"Con un acuerdo firmado entre el secretario regional ministerial de Educación, Alejandro Traverso; el presidente del Consejo Superior del Transporte, Manuel Navarrete, y representantes de los estudiantes se puso fin ayer al conflicto por el pase escolar", se leía en el diario el 19 de mayo de 2001.
Los "pingüinos" del 2006
En abril de 2006 irrumpió la llamada "Revolución pingüina", el movimiento nacional de estudiantes secundarios más grande desde el retorno a la democracia y que recibió ese nombre por el uniforme de los escolares.
La movilización comenzó cuando las sucesivas inundaciones y otras precariedades con las que convivían los estudiantes del liceo Carlos Cousiño de Lota hicieron explotar el descontento y, el 25 de abril de 2006, los alumnos decidieron salir a las calles a marchar e iniciar la toma del establecimiento.
Pero ese malestar tuvo eco entre estudiantes de distintas regiones y, bajo la organización de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), elevaron un petitorio que con el tiempo crecería. Allí solicitaban, por ejemplo, derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), dictada durante el gobierno de Augusto Pinochet, que dejaba a los municipios como sostenedores de los establecimientos; y terminar con lo que llamaban el "lucro en la educación"; pedían, además, que el pase escolar funcionara todo el año (entonces se podía ocupar de lunes a viernes hasta las 21:00 horas y algunas horas el día sábado), gratuidad de la prueba de acceso a la educación superior, el mejoramiento de la alimentación que entrega Junaeb en los colegios, disminuir las horas de la Jornada Escolar Completa (JEC), entre otras.
Las marchas comenzaron a crecer a nivel nacional. El 19 de mayo, varios colegios emblemáticos como el Instituto Nacional y el Liceo de Aplicación amanecieron tomados. A fines de ese mes —luego de la primera Cuenta Pública de la presidenta Michelle Bachelet—, se estimaba que cerca de 600 mil estudiantes paralizaron sus actividades. Las protestas continuaron, así como también los enfrentamientos en las calles con carabineros.
En cadena nacional, el 1 de junio de 2006, la presidenta Bachelet anunció que el pase escolar funcionaría todo el año, una beca para el pago de la PSU y la creación de un Consejo Asesor para la Calidad de la Educación.
Políticamente, el movimiento costó la salida del gabinete de los entonces ministros de Educación, Martín Zílic, y de Interior, Andrés Zaldívar.
Entre los dirigentes de las movilizaciones estaban Karina Delfino (presidenta del centro de alumnos del Liceo 1 y actual alcaldesa de Quinta Normal, PS), César Valenzuela (presidía el Liceo Confederación Suiza y en 2021 sería parte de la Convención Constitucional, PS) y Julio Isamit (dirigente del Instituto Nacional y quien posteriormente sería ministro de Bienes Nacionales de la segunda administración de Sebastián Piñera).
2011, un año de protestas
"Educación pública, gratuita y de calidad" era la consigna en 2011, en un movimiento liderado por universitarios organizados en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), pero en el que también participaron escolares agrupados en la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), y que tuvo el apoyo del Colegio de Profesores, la Central Unitaria de Trabajadores y hasta de autoridades de los planteles.
Entre sus demandas estaban el rechazo a la PSU, pase escolar único y estatal válido por los 365 días del año en todo el país, y cambiar el sistema de financiamiento de la educación superior.
El 1 de junio se llevó a cabo un paro nacional y cerca de 15 mil manifestantes marcharon por Santiago. Dos días después el balance era de 17 universidades movilizadas, a lo que se sumaron tomas de recintos como el Instituto Nacional y la Casa Central de la U. de Chile. Esta última permanecería ocupada durante siete meses.
Un mes después, el presidente Sebastián Piñera dio a conocer una serie de medidas, entre ellas, el proyecto GANE (Gran Acuerdo Nacional de la Educación) y un Fondo por la Educación de US$ 4.000 millones. El mandatario anunció, además, la creación de la Subsecretaría de Educación y de la Superintendencia de Educación Superior.
Pero los estudiantes levantaron fuertes críticas al respecto y continuaron movilizados con marchas, tomas, huelgas de hambre y otras acciones que buscaban llamar la atención pública. Junto con las protestas, los desórdenes en las calles, destrozo de mobiliario público y enfrentamientos con carabineros se mantuvieron.
Entre finales de agosto y diciembre de 2011 se buscó encauzar las demandas a través de mesas de diálogo convocadas por el Ejecutivo. A pesar de los esfuerzos, no se logró un acuerdo.
Las manifestaciones siguieron, aunque ya con menos fuerza. Autores han planteado que, además del desgaste de casi un año de movilizaciones, también influyó el accidente en Juan Fernández de un avión de la FACh donde murieron las 21 personas que iban a bordo, entre ellos, el animador Felipe Camiroaga y el emprendedor Felipe Cubillos, quien había tenido un rol clave en la recuperación de colegios tras el terremoto de 2010. La agenda pública cambió completamente.
Entre los dirigentes de 2011 estaban los presidentes de la FECh, Camila Vallejo, y de la Federación de Estudiantes de la U. Católica (FEUC), Giorgio Jackson.
Evasiones masivas y el 18-O
Tras el anuncio el 4 de octubre de 2019 del aumento de la tarifa de metro en $30 en hora punta y $10 para los buses —que no se aplicaría a estudiantes ni adultos mayores—, comenzaron a sucederse diversas manifestaciones protagonizadas principalmente por secundarios. Estas consistían en llegar en grandes grupos a estaciones de metro para bloquear sus accesos y burlar los torniquetes y sentarse al borde de las líneas para impedir el paso de los trenes.
Dichas protestas se sucedían de manera esporádica en distintas estaciones de metro —sobre todo aquellas cercanas a colegios— y a diferentes horas del día, lo que generó la inestabilidad del funcionamiento del transporte público. Las evasiones masivas se comenzaron a multiplicar y también ocurrían en superficie, donde estudiantes facilitaban a los pasajeros el acceso a los buses del Transantiago sin pagar su pasaje.
A dos semanas de iniciadas las manifestaciones, estas se tornaron más masivas, pero también violentas. El 18 de octubre de 2019 la red de metro debió cerrar temprano porque a las evasiones se sumaron ataques al mobiliario. Por la noche, varias estaciones arderían en llamas y en las calles se producirían saqueos sin precedentes. Fue el inicio del llamado "estallido social".
En ese contexto, desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) exigieron postergar la Prueba de Selección Universitaria (PSU), programada para diciembre, ya que aseveraban que no estaban las condiciones óptimas para rendirla. La organización antes había planteado su postura de eliminar permanentemente el examen, al cual calificaban como parte de "un sistema de admisión segregador que beneficia el lucro en la educación".
"Tenemos claro que vamos a boicotear el normal funcionamiento de la PSU", dijo el vocero de la ACES, Víctor Chanfreau, según consignó "El Mercurio" el 6 de enero de 2020. Ese día era la primera jornada de rendición del test que había sido postergado. A poco andar, en varias sedes irrumpieron estudiantes y 86 locales tuvieron que suspender la prueba, lo que afectó a 42 mil jóvenes. Al día siguiente, el Consejo de Rectores suspendió a nivel nacional la prueba de Historia, luego de que el Demre notificara la filtración de una de las formas de la prueba que debía rendirse durante esa tarde. A eso se sumaron enfrentamientos, tomas de colegios y hasta la destrucción de facsímiles.
El resultado fueron 202 mil postulantes sin poder rendir la PSU de Historia y más de 130 locales que suspendieron alguno de los test.
