El diputado José Miguel Castro (RN).
El Mercurio/ Archivo.
El diputados de RN José Miguel Castro, junto al jefe y la subjefa de la bancada, Frank Sauerbaum y Marcia Raphael, pidieron a la a Contraloría indagar un convenio por más de $629 millones, entre el Gobierno Regional (Gore) de Antofagasta y la fundación Procultura, centrado en la recuperación de fachadas en la ciudad.
Según el escrito ingresado por los diputados, el 26 de octubre del 2022, "el gobernador regional de Antofagasta, don Ricardo Díaz Cortés, suscribió con los representantes de la Fundación Procultura un convenio por el cual se materializó la transferencia de un monto total de 629.815.000 de pesos. Los recursos iban destinados a la ejecución del 'Programa recuperación de fachadas zona de conservación histórica Antofagasta' (...) Casi un mes después, el 22 de noviembre del año 2022, doña Claudia Neira Cofré, contralora regional de Antofagasta tomó razón de la resolución que aprueba dicho convenio".
En esa línea, indicaron que "de lo anterior surgen una serie de dudas respecto a la regularidad de la toma de razón y del cumplimiento por parte de la Fundación Procultura de los requisitos y competencias para llevar a cabo la función que se le encomendaba y escapa a la expertise o al giro que ésta declara al Servicio de Impuestos Internos".
Con ello, exponen que "revisada la situación tributaria de la Fundación Procultura, queda de manifiesto que esta declara cuatro actividades económicas, todas relacionadas con la edición y comercialización de libros u otros referidas con el área de la educación, así como de fundaciones y corporaciones promotoras de actividades, todas por cierto en el ámbito de la cultura".
"De ahí que las funciones o labores que se le encomiendan en el marco del convenio suscrito con el gobierno Regional de Antofagasta, no parecen poder ser cumplidas de manera oportuna y eficaz por parte de la Fundación. Lo anterior tiene el agravante de la gran cantidad de recursos involucrados, que exceden el medio millón de dólares", sostienen.
Con ello, agregan además que el programa "busca contribuir a resolver la percepción negativa sobre el centro de la ciudad de Antofagasta, capacitando un conjunto de personas para poner en valor dicha zona. Lo anterior supone una complejidad adicional, cual es el tratamiento de inmuebles patrimoniales que requieren de conocimientos técnicos especializados. A ello se debe sumar el conocimiento técnico de las normas que regulan las autorizaciones que debe evacuar el Consejo de Monumentos Nacionales y otras autoridades sectoriales con competencia en la materia".
Por ello, piden al contralor, Jorge Bermúdez, "fiscalice y vele por la preeminencia del principio de legalidad y probidad administrativa en toda función o cargo público, y requiera la información necesaria tanto de la contralor regional de Antofagasta, doña Claudia Neira Cofré, como de otras personas que estime conveniente, en relación a los acontecimientos descritos con anterioridad, instruyendo una investigación destinada a aclarar y determinar eventuales responsabilidades disciplinarias".
