Como "gravísima" e "inaceptable" fue calificada por los parlamentarios de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Ávila, la denuncia que hizo el ex director de la Junaeb, Cristóbal Acevedo.
Esto, porque la ex autoridad -quien ejerció entre 2015 y 2017-, comentó que el organismo pagó $3.500 millones por 30 colaciones durante el 2022, las que estaba compuesta por un snack, una fruta y un jugo. Además, dijo que este año se aumentó ese presupuesto.
Debido al revuelo que causó esta revelación en el Congreso, desde la Junaeb emitieron una declaración donde plantean que "el ex director presentó acusaciones gravísimas no contenidas en el libelo, las que se hicieron sin entregar los antecedentes básicos para poder verificar y responder responsablemente".
No obstante, en base a las acusaciones, precisaron que, respecto a los montos informados por Acevedo, " corresponden
a montos de contratos firmados previo a la llegada de este Gobierno".
Además, plantearon que "no es factible que se paguen $3.500 millones de pesos por 30 raciones, ya que el precio máximo ofertado y adjudicado por un tercer servicio u once es de $7.289, un valor alto, adjudicado por el Gobierno anterior. La licitación realizada durante este periodo, obtuvo el mismo servicio, por un valor máximo de $1.093".
En esa línea, aclaran que "no hay ninguna empresa que entregue 30 raciones, dado que el mínimo de raciones por empresas es 1.508.000 al año".
En cuarto lugar, afirman que "esta y toda la información de los contratos es pública, y las condiciones y precios de cada servicio se pueden encontrar en la página de Mercado Público www.mercadopublico.cl". Agregan sobre este punto que "desde 2022 a la fecha, no existen contratos del Programa de Alimentación Escolar que no hayan sido conocidos y revisados por Contraloría en el control de legalidad que dicha entidad realiza a través del trámite de toma de razón".
La Junaeb también anunció que ante las diversas acusaciones solicitaron a la Contraloría General de la República "una investigación o auditoría a los procesos de pago del Programa de Alimentación Escolar, con objeto de despejar cualquier duda además de, encontrar posibles puntos de mejora para la gestión del Programa".
Por último, subrayaron que "no es posible contrastar de manera veraz y responsable la acusación realizada mientras esta no se entregue por canales formales propios o a través de los órganos de control establecidos por la Constitución y las leyes, que es la forma en que la institucionalidad puede analizar y atender este tipo de hechos".
