Enrique Barros dice que nunca había vivido una época en que percibiese tan pocas expectativas entre los chilenos. “Un problema general de desaliento, de desesperanza”, diagnostica el académico, formador de generaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y uno de los abogados más importantes del país. Un tiempo que, sumado a la gran decepción que significó la pasada Convención, hace especialmente cuesta arriba el actual proceso constitucional.
Con todo, Barros no solo está convencido de la necesidad de jugarse por este nuevo esfuerzo, sino que además cree que la crisis generada a partir del caso Democracia Viva, con su estela de revelaciones, puede hasta servir de impulso: "Hoy día estamos metidos en un barro. Nos cuesta avanzar. Pero no olvidemos que buena parte de las reformas más importantes que se han hecho en Chile han surgido de crisis: la Alta Dirección Pública, la transparencia, la regla fiscal". Recogiendo esa experiencia, esta debe ser la oportunidad para empezar a abordar, desde el debate constitucional, "lo mucho que está mal en nuestro Estado", dice.
Su apuesta es que las personas apoyarán la nueva Constitución si entienden que significa un paso hacia adelante. "Y eso va a pasar siempre y cuando se atienda aquello que en este instante más molesta a la gente".
—¿Qué nos perdemos si no es exitoso este proceso?
—Ante todo, los progresos que ya el proyecto de la Comisión Experta contiene en prácticamente todas las áreas. Por ejemplo, en sistema político, al fortalecer los partidos o al establecer mecanismos que hacen que exista una cierta correlación entre la mayoría presidencial y la parlamentaria, haciendo la elección parlamentaria en forma simultánea con la segunda vuelta. Con esto se favorece la gobernabilidad. Desde hace más de 10 años estamos en un bloqueo institucional y este proyecto camina en una dirección que favorece el desbloqueo. En administración de justicia también hay progresos; por ejemplo, se intenta terminar con la expansión del recurso de protección, que se ha transformado en un instrumento para que una sala de la Corte Suprema realice políticas públicas. Yo diría que este proyecto es sustancialmente mejor que lo que tenemos y tendríamos muy buenas razones todos los chilenos para aprobarlo. El problema es cómo enganchamos con las preocupaciones que verdaderamente tiene la gente.
—¿Y cómo se hace entonces?
—Hay cosas que pueden ser decisivas. Yo creo que la principal de todas es modernizar el Estado en términos de que el Estado sea capaz de tomar decisiones, de coordinarse y de llegar a la gente, con control de resultados. Es una tarea que no se va a hacer de la noche a la mañana, pero la Constitución tiene que establecer un mecanismo, un instrumento permanente para esa modernización. El Estado chileno ha crecido por agregación: permanentemente se agrega una agencia, se agrega otra y así sucesivamente, y nos encontramos con que para tomar cualquier decisión son tantos los organismos, que tienen tantas distintas dependencias, que el Estado está completamente amarrado. La tarea principal es desenredar el Estado y para eso se requiere un centro de gobierno fuerte. Eso lo debiera establecer el proyecto: un centro de gobierno encargado permanentemente de la modernización del Estado y de coordinar los distintos organismos.
—¿Cómo debiera concebirse ese centro?
—Debe tener una conducción política, con un ministro encargado. La Segpres de Edgardo Boeninger, al comienzo de la democracia, funcionaba como un pequeño centro de gobierno, pero con el correr del tiempo se fue desfigurando. El centro de gobierno debe ser el responsable de que el Estado funcione como una máquina aceitada y además preocuparse de su profesionalización. El impulso lo tenemos que dar en la Constitución. También soy partidario de que el Presidente tenga la facultad para reordenar los ministerios y las dependencias. La propuesta ofrece esa posibilidad. Pero además esta debe ser una oportunidad para algo que es completamente esencial: terminar con el Estado como botín. Esto le hace muy mal a la política y le hace muy mal a Chile, como lo estamos viendo a propósito del caso de las fundaciones.
—¿Qué líneas pueden fijarse para eso en la Constitución?
—Lo principal es separar en los ministerios la función política de la función de gestión. Naturalmente, un ministro tiene que tener asesores, gente valorada por él mismo y que le permita pensar sus políticas. En ministerios muy complejos es posible que se nombre también un viceministro, que lo ayude en esa función. Pero es esencial que el servicio público que hay debajo no sea cooptado políticamente y que la Subsecretaría sea profesional. Vale decir, que un subsecretario, elegido por la Alta Dirección Pública, sea efectivamente un jefe administrativo que evite la infiltración, marcando una diferencia conceptual entre lo político, que da las directivas, y la labor de la Subsecretaría. En definitiva, el servicio civil debe estar a disposición de la política, pero ser independiente de esta. La Constitución debe decir expresamente que las funciones profesionales del Estado son todas cumplidas a través de instrumentos de Alta Dirección Pública y de mecanismos que garanticen la profesionalización. Y que eviten el reparto... ¡No puede ser que la gente participe en los partidos —y creo que fue lo que destruyó a la Democracia Cristiana— a la espera de retribuciones!
—¿Debiera a nivel constitucional intentar acotarse las posibilidades de cambio de funcionarios con cada gobierno?
—Naturalmente. Una cosa que a mí me ha sorprendido siempre es que hay un cambio de gobierno y se cambian la mayoría de los directores de hospitales. ¡Es una cosa ridícula! El empleo público también debe ser reformado. No hay ninguna razón para que los funcionarios públicos tengan un régimen que en el fondo no da incentivos de rendimiento. Eso nosotros lo tratamos mucho en el informe del CEP sobre modernización del Estado, elaborado hace seis años. Y esto vale exactamente para las municipalidades. Las municipalidades también son botín. Por lo mismo, es fundamental aumentar la transparencia, y todo eso ponerlo en la Constitución. Pero no solo como principio, sino estableciendo reglas que efectivamente profesionalicen el Estado.
—Usted ha hablado de un estancamiento y un diagnóstico compartido es que ha incidido en ello la alta fragmentación política que tenemos. Para enfrentarla, la propuesta establece el umbral del 5% de votación para acceder al Congreso, pero usted iría más allá, ¿no?
—El sistema político, si es presidencial, debe tener como contrapeso partidos muy potentes en el Parlamento. Yo creo que el límite del 5% es razonable. La Constitución también podría establecer un máximo número de diputados por distrito, que no fueran más de cuatro o algo así, de manera de concentrar la fuerza política. Tengo la impresión de que las órdenes de partido que se señalan en el proyecto bajo ciertas circunstancias son correctas. Gran parte del populismo en Chile tiene que ver con esto de que los parlamentarios son elegidos por los partidos pero luego no reconocen su pertenencia a ellos. Se requiere disciplina, entre otras cosas, para legislar bien. Por eso a mí me habrían gustado las listas nacionales. Que uno votara por un distrito pequeño, uninominal, y que además tuviera un voto de lista, de modo que una parte del Parlamento se conformara así. Eso permite que los partidos pongan en los lugares superiores de la lista a la gente que tiene atributos para legislar y no para sacar votos.
—Pero con las órdenes de partido y las listas cerradas, ¿no se corre el riesgo de alejar más a la gente de la política?
—Esa es la razón por la cual no se tomó en la Comisión Experta la idea de las listas cerradas. Pero son cuestiones más bien técnicas que no creo que vayan a tener incidencia en el resultado del plebiscito. Ahora, con el sistema de dos votos, esa objeción se resuelve.
—La estructura de gobernanza judicial ha sido una de las partes más polémicas del proyecto, al crear cuatro órganos y además un órgano coordinador. ¿Cuál es su juicio?
—Es innecesario, un exceso. Hay tres funciones, me parece. Una es la propiamente judicial. Otra es la función de fiscalización del comportamiento de los jueces, que debiera ser autónoma de las otras, porque hoy está muy imbricada la fiscalía judicial con las Cortes. Y después lo que se requiere es una agencia de administración del Poder Judicial muy potente. Esa agencia —que creo que está bien diseñada en la propuesta la forma como se compone su directorio— tiene que preocuparse de la distribución de recursos, de regiones que están subpobladas de jueces, del rendimiento, de la información al público, de la organización informática, del rendimiento y la eficacia, y también de la Academia Judicial.
—¿Establecería una diferenciación entre los nombramientos de los jueces de instancia y los jueces superiores?
—Es esencial. En los jueces superiores, los últimos nombramientos han sido, en general, muy valiosas personas. Pero lo que ha pasado con la ministra González, cuya postulación ahora bajó el Gobierno, no puede ser. Demuestra que el procedimiento está malo: no puede ser que una excelente ministra dependa de que en otra repartición, que no tiene ninguna relación, sea aprobada otra persona. Sería mucho mejor, particularmente en la Corte Suprema —y en el Tribunal Constitucional—, que hubiera una lista de elegibles determinada, por ejemplo, por la Corte, y que después la decisión sea de una mesa que resolviera con todos los antecedentes, con representantes parlamentarios, del Presidente de la República, probablemente un par de ministros de la Corte, y que tomen una decisión por dos tercios. Eso hace que haya discernimiento y también un análisis del carácter. Para ser juez se requiere un cierto carácter público... En esa conversación, en esa mesa, es más fácil descubrirlo. El comprahuevos actual se presta para todo tipo de maquinaciones.
—Vamos a otra institución clave, la Corte Constitucional. Parece que está entre lo que a usted menos le convence del proyecto.
—Creo que el procedimiento de designación es muy malo. La Corte Constitucional debe ser definida por una mesa como la que le señalaba al hablar de la Corte Suprema. Y más que llamar a concursos, se debería invitar a que quienes están interesados expresen su disposición y eventualmente hacer algo así como un comité de búsqueda. ¡Si el problema que tienen los concursos, particularmente en el caso del Tribunal Constitucional, es que nadie quiere postular, no a riesgo de perder, sino de amenazar su posición actual! Ser ministro del Constitucional, como de la Corte Suprema, debe ser el más alto honor que pueda tener un jurista en Chile. Como en nuestro país no hay una cultura constitucional verdaderamente fuerte, es muy importante encontrar ministros que sean leales a la Constitución y no a una agrupación. Eso se logra en una mesa donde se discuten los antecedentes, quiénes pueden ser y también se va dando naturalmente la alteridad que tiene que haber. Pero debe buscarse gente excelente. Porque el Constitucional debe tener una función mucho más fuerte que la que tiene en el proyecto. Cuando usted fortalece al Presidente de la República y además la elección parlamentaria es simultánea con la segunda vuelta presidencial, la probabilidad de que tengamos presidentes con mayoría parlamentaria es muy alta.
—¿Y eso también tiene algunos riesgos?
—Tiene riesgos autoritarios. Particularmente en el mundo que estamos viviendo. El Constitucional no puede tener solo facultades de inaplicabilidad. Su función principal es el control abstracto. Vale decir, que 10 parlamentarios u otro número definido por la Constitución, o el Presidente de la República, puedan solicitarle: mire, yo creo que esta ley es inconstitucional y que la ley se derogue. Creo que están minimizadas las funciones del Tribunal Constitucional en el proyecto como está ahora.
—¿Por qué se llega a eso? Alguien podría decir que porque el actual TC tiene mala fama.
—La experiencia de justicia constitucional que hemos tenido nosotros no ha sido buena, entre otras cosas, por el procedimiento de designación y por eso es esencial el mecanismo que ahora se defina. Pero necesitamos construir un Tribunal Constitucional potente. Los abogados y los juristas tienen que vivir de pesadillas, y yo creo que la mayor pesadilla no es que el Tribunal Constitucional empiece a meterse en política. La mayor pesadilla es el poder total. Y el poder, por tanto, debe ser controlado. El control de constitucionalidad debe existir para evitar el riesgo de autoritarismos. Es expresión del constitucionalismo, vale decir, de la sujeción al derecho.
