En medio de los cuestionamientos por el
Caso Convenios, continúan emergiendo datos que, más allá de las dudas por las transferencias específicas de millonarios montos a fundaciones -investigadas por las distintas fiscalías regionales-, también niponen en tela de juicio el
marco general en que se otorgaron los fondos por parte del Minvu.
Según detalla El Mercurio de Antofagasta, en base al informe de la glosa 06 que el Ministerio de Vivienda informó a la comisión del Senado, el presupuesto total de asentamientos precarios percibido a nivel nacional para el 2022 fue de $31.479.352.787.
Ese monto se dividide en recursos orientados a convenios con instituciones públicas y otros a acuerdos con fundaciones y organizaciones sociales. A la primera categoría (municipios, delegaciones presidenciales, instituciones públicas) se destinaron $20.133.399.150, mientras que a la segunda (organizaciones no gubernamentales y fundaciones)
fueron transferidos $11.293.953.638.
Sobre este último punto, donde ha estado centrada la polémica, resulta llamativa la cantidad total otorgada a la segunda región. Se trata de $5.216.655.556 que fueron otorgados a diez fundaciones bajo convenios que tenían como eventual fin la realización de trabajos de habitabilidad primaria en campamentos; cifra que además equivale al 46% del presupuesto nacional orientado a este tipo de organizaciones.
Además, según plantea el citado medio, esta región no es la que tiene más campamentos en Chile (ocupa el tercer lugar según el último catastro en la materia realizado por Techo) y llama también a cuestionar la forma en la cual dineros fueron distribuidos a lo largo del país.
La cifra además evidencia un alza del 288% respecto al año 2021, cuando el presupuesto de Minvu Antofagasta para el programa de asentamientos precarios llegó a la cifra de $1.344.919.929.
Consultada por este tema, la senadora Paulina Núñez (UDI) sostuvo que "si los recursos hubieran ido realmente a las familiar de campamento no me hubiera parecido mal que llegaran más recursos a nuestra región que tanto ha aportado, pero llegaron más recursos para otros fines que hoy están siendo investigados por la justicia".
Por su parte, la diputada Yovana Ahumada (Ind ex PDG) dijo desconocer los datos, aunque consideró que aquello implica un agravamiento de la situación, especialmente tras no tener respuesta aún del oficio que presentó sobre Democracia Viva.
"Si bien hay un aumento de campamentos, eso no justifica que la región reciba la mitad de recursos a nivel nacional. Esto agrava aún más la situación y amerita una investigación del por qué se están entregando estos montos. Este monto supera cualquier expectativa que se pudiese pensar, porque son demasiados recursos que se están entregando de manera directa", cerró la parlamentaria.
