El miércoles, la secretaria de Estado anunció a los nueve integrantes de la Comisión contra la Desinformación, instancia que se venía impulsado hace tiempo atrás y que el 20 de junio se materializó con el decreto que permitía su creación y que fue publicado en el Diario Oficial.
En tanto, el jueves, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue el encargado de presentar el Comité Estratégico para el Plan de Hidrógeno Verde, instancia que tiene por objetivo definir la elaboración de una estrategia que permita el despliegue de una industria sostenible para el combustible en el marco del plan de acción de hidrógeno verde 2023-2030. En ella figuran nombres como la ex Presidenta Michelle Bachelet, pero también figuras del piñerismo.
A continuación, el desglose de los nombres de cada una de las instancias y las sensibilidades que el Gobierno logró reclutar para impulsar propuestas en los temas que marcan las preocupaciones del Ejecutivo.
Comisión para la probidad
El lunes, el Gobierno anunció la creación de la comisión ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado, la que tendrá un plazo de 45 días para elaborar lineamientos, y estará coordinada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Esto, en medio de la polémica por el Caso Convenios, que hace más de 20 días viene generando una crisis de credibilidad en el Gobierno, debido a que en varias de las fundaciones involucradas son o participan militantes de Revolución Democrática.
El objetivo general a cumplir en esta instancia, es "establecer un nuevo trato con las instituciones privadas sin fines de lucro", es decir, de corporaciones y fundaciones, para que primen los principios de transparencia, efectividad, eficiencia, rendición de cuentas de los convenios de colaboración que surgen entre estas entidades y el Ejecutivo.
Luego de encabezar la primera reunión de la comisión, el Presidente Boric afirmó que "no queremos que esto sea solamente pensando en salidas políticas de la crisis, sino en cómo mejorar la relación entre las valiosas organizaciones de la sociedad civil con el Estado, pensando en las personas porque no podemos perder de vista que todo este debate se trata de cómo creamos una mejor calidad de vida para quienes habitan nuestro territorio a lo largo y ancho del país".
Para dar forma a la instancia, el Gobierno acudió a
María Jaraquemada Hederra, quien la presidirá. La abogada cuenta con
17 años de experiencia profesional ligada a las políticas públicas anticorrupción, de transparencia, gobierno abierto y fortalecimiento democrático. Actualmente es la directora ejecutiva de Chile Transparente.
En una reciente entrevista con El Mercurio de Valparaíso -dos días antes de que se anunciara su nombre en la comisión-, Jaraquemada planteó que "el tráfico de influencia siempre ha estado, los conflictos de interés siempre han estado. En el fondo, se nos han abierto un poco los ojos y creo que ha sido bien doloroso ese despertar, por así decirlo".
La instancia también la integra el ex contralor general de la República, Ramiro Mendoza (2007 a 2015); fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y actualmente es Presidente del Colegio de Abogados de Chile A.G.
El pasado 30 de junio, Mendoza había abordado la causa madre del Caso Convenios en conversación con Radio Pauta, donde sostuvo que "lo que está pasando hoy en día es muy peligroso, porque hay algunas personas que ideológicamente no les gusta que los privados colaboren con la satisfacción del bien común y salen a reclamar ideológicamente".
Además, sostuvo que "hay muchas obligaciones que han sido o están siendo no cumplidas por parte de quienes tienen que ejecutar presupuestariamente el gasto público. Las reglas existen, el problema de las reglas es el del cumplimiento de estas.
Jeannette Von Wolfersdorff, es economista, especializada en transparencia y sostenibilidad. Fue directora ejecutiva y fundadora del observatorio de gasto fiscal, directora de la fundación Contexto Ciudadano y directora de proyectos en Chile Transparente. En el ámbito privado se ha desempeñado en diferentes empresas, destacando que fue la primera mujer en integrar el directorio de la Bolsa de Santiago.
En tanto, Ignacio Irarrázaval Llona, es director del Centro de Políticas Públicas y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile. Desde 2006, ha estado involucrado en estudios sobre el aporte de la sociedad civil en Chile. Es miembro de la Sociedad Internacional de investigación en el Tercer Sector. Obtuvo su doctorado en Política Social en el London School of Economics.
Otro integrante de la instancia es Francisco Agüero Vargas; abogado y Doctor en Derecho de la Universidad de Chile. Fue asesor jurídico en la Comisión Nacional de Energía (CNE) entre los años 2000 y 2006; Secretario Abogado del Panel de Expertos para la Ley General de Servicios Eléctricos.
Ha sido académico en la Universidad de Chile en cursos de pre y postgrado en la Facultad de Derecho y de Economía y Negocios (FEN), asesor del Sernac, asesor del Ministerio de Educación en materia de regulación de la educación superior (2015-2016) y autor de libros sobre control de la actividad económica de órganos estatales, litigación compleja y regulación de monopolios.
En tanto, Valeria Lübbert -quien asumirá como secretaria general de la instancia-, es la actual secretaria ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia de la Segpres, entidad encargada de asesorar al Presidente de la República y a los distintos órganos de la Administración del Estado en materias ad hoc.
Comisión contra la desinformación
La tarde del miércoles, el Gobierno dio a conocer los nombres de los nueve integrantes de la
Comisión Asesora contra la Desinformación, la que está a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y asesorará a la Secretaría General de Gobierno (Segegob).
La instancia tiene como objetivo central "asesorar al ministro o ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y al ministro o ministra secretario(a) general de Gobierno, en los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile", según detallaron desde Ciencia en un comunicado. Además, los expertos de la comisión trabajarán ad honorem -sin goce de sueldo-, durarán un año en su cargo y podrán ser reelegidos.
Fue el pasado 20 de junio cuando se publicó en el Diario Oficial el decreto mediante el cual se creaba la instancia que de inmediato generó algunos cuestionamientos, como el riesgo de que existan "sesgos" o "instrumentalización" política.
En tanto, desde la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también expresaron su preocupación por la decisión del Gobierno, iniciativa que, según esta organización, podría generar "la tentación de instaurar mecanismos de censura", y al día siguiente, los diputados UDI, Juan Antonio Coloma, Natalia Romero y Marco Antonio Sulantay, llamaron al Presidente Gabriel Boric a revocar el decreto, y amenazaron con acudir al TC.
A inicios de julio, la ministra de vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y la titular de Ciencia, Aisén Etcheverry, comparecieron ante la comisión de Culturas, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados para esclarecer el objetivo de la comisión asesora, y aunque no lograron convencer a las fuerzas opositoras, la iniciativa siguió adelante.
