Han pasado más de 20 días desde que el oficialismo comenzó a enfrentar una profunda crisis a raíz del destape del ahora llamado Caso Convenios, de millonarios traspasos desde seremis a organizaciones del mundo privado, mayormente ligadas a Revolución Democrática. Por esos días, las miradas se centraban en la fundación Democracia Viva de Daniel Andrade y el renunciado ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras. Pero esa era sólo el caso matriz de la trama.
Luego, el tema saltó hasta el Maule, y la atención se fijó en el seremi de Vivienda, Rodrigo Hernandez. Esto, porque la autoridad de la rama ministerial fue director jurídico de Urbanismo Social, a la cual estuvo vinculado durante seis años y siete meses, hasta abril de 2022. Dicha fundación también es cuestionada, puesto que habría recibido $941,5 millones entre 2021 y 2022.
El viernes, se conoció de otra acción cuestionada en
Atacama,
tercera arista que involucró a la cartera de Desarrollo Social y Familia, liderada por el ministro Giorgio Jackson, fundador y militante de RD. Fue la senadora Yasna Provoste quien ingresó a Contraloría una denuncia por la asignación de recursos por parte de la seremi -encabezada por Yosselin Moyano- a la "Fundación Visible", en el marco del programa "Noche Digna", en su componente "Albergue protege Copiapó".
Otras indagatorias se han abierto también en el Biobío, donde la fiscalía regional abrió una investigación de oficio para esclarecer posibles delitos vinculados a las fundaciones Urbanismo Social y la ONG Red Cultivarte. En tanto, en Los Lagos, la fiscalía regional también inició una indagatoria por los convenios firmados por más de $4 mil millones por parte del gobernador Patricio Vallespín.
En
Arica, la fiscalía regional abrió una indagatoria de oficio el jueves, para establecer o descartar eventuales hechos constitutivos de delito en la asignación de $2.500 millones desde el gobierno regional a la "Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones".
Más tarde, se conoció que la fiscalía de La Araucanía recibió una denuncia en contra del gobierno regional, por el traspaso de $2.113 millones en cinco meses a la "Fundación Local", para desarrollar un proyecto de reciclaje en Padre Las Casas, pese a no contar con experiencia en el área.
Así, el Caso Convenios que hoy involucra a dos carteras y a siete regiones, dio paso a una serie de indagatorias en Fiscalía, anuncio de sumario y un incansable juicio político que hoy deja al Frente Amplio en una de las posiciones más incómodas del espectro; y de paso, golpea a un Gobierno que casi recién entrado en su segundo año, se enfrenta a una de las polémicas más intrincadas y -por la naturaleza de la misma y la cantidad de actores involucrados-, con un horizonte difuso y con un largo trecho por delante. ¿Cuánto tiempo le queda al Caso Convenios en sus diferentes dimensiones y aristas?
Licencia médica de Pérez
La diputada Catalina Pérez se convirtió inicialmente en el primer blanco político del caso matriz, Democracia Viva, esto, por ser -hasta el destape del caso- la pareja de Daniel Andrade, director de la cuestionada fundación. Si bien en un inicio Pérez intentó desligarse del caso, debió renunciar a la testera de la Cámara tras las presiones de la oposición.
En paralelo, tanto el Gobierno como su propia tienda tomaron distancia y terminaron por quitarle piso. El lunes, y luego de la semana distrital, la parlamentaria presentó una licencia médica por 20 días, lo que significa que volverá al Parlamento recién el 23 de julio.
En tanto, el jueves, el Tribunal Supremo (TS) de RD determinó -de manera unánime- la suspensión de la militancia de la diputada "mientras dure el procedimiento" disciplinario en su contra. La decisión o sanción definitiva se dará a conocer una vez que el TS termine el proceso.
Comisión investigadora y datos de hace "cinco años" atrás
Son 45 días los que el Gobierno fijó como plazo para que la comisión ministerial para la regulación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado, sea capaz de elaborar lineamientos frente a la relación entre ambas partes.
El anuncio lo hizo el lunes la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, el que más tarde fue complementado por el Presidente Gabriel Boric, quien anunció los nombres de los integrantes que conforman un grupo técnico y de carácter transversal.
La idea es que desde esta instancia emanen propuestas que posteriormente se puedan convertir en proyectos de ley, pero también otras de carácter administrativas -incluyendo sanciones-, con el fin de elevar el estándar regulatorio que existe en la materia.
En conversación con Emol, expertos plantearon distintas opiniones por la pertinencia del plazo establecido. A juicio de Eric Latorre, director Magíster en Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma, 45 días es tiempo "más que suficiente" para definir una agenda de trabajo corto, y plantea que luego, en un periodo adicional, "se puede trabajar proyectos de ley más complejos, nada de lo cual debería pasar de los 90 días".
Por el contraste, para Gustavo Campos, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián, "si bien es compresible que la señal política implique urgencia, un plazo de 45 días parece insuficiente para abordar en profundidad y generar las soluciones necesarias para un caso de esta magnitud".
Ese día, la ministra Vallejo también anunció que se tomó la decisión de que "cada requerimiento de información será entregado con 5 años de antigüedad, insistimos esto tiene que ser caiga quien caiga"; esto es, que se incluirá a la administración del ex Presidente Sebastián Piñera.
Investigaciones en Fiscalía
A la fecha hay seis fiscalías regionales que han abierto investigaciones de oficio producto de las aristas del caso Democracia Viva; además de una denuncia que se conoció el jueves en contra de la gobernación regional de La Araucanía, por el traspaso de más de $2 mil millones a la "Fundación Local".
¿Cuánto tiempo podrá tardar el curso de estas indagatorias? Según comenta a este medio el ex fiscal y docente de la facultad de Derecho de la USS, Manuel Guerra, estos proceso "pueden tomar varios meses de indagatoria", puesto que "hay que hacer las diligencias, tomar declaraciones, obtener documentos de pago, verificar que ciertos servicios que probablemente figuren como prestados se hayan concretado. Eso demora un buen tiempo".
Guerra comenta que si bien las fiscalías han actuado rápido, también es cierto que las diligencias son complejas, porque involucran recursos especializados de la policía -que no existen de manera equitativa en todas las regiones del país-, "entonces hay cosas que pueden andar más rápido en zonas cercanas a la RM".
Auditoría nacional de Contraloría
El miércoles, la Contraloría General de la República anunció el inicio de una auditoría nacional a todas las transferencias realizadas desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia fundaciones, entre los años 2021 a la fecha; acción que comenzó a ejecutarse desde las 13.00 horas de ese día.
La acción del ente contralor apunta a las áreas como asignaciones directas, rendición de gastos, ejecución presupuestaria, otorgantes, receptores, entre otros aspectos; lo que incluye el análisis masivo de datos.
Según conoció
Emol, se auditarán todas las transferencias realizadas, sin importar los montos que estos involucren, es decir, independiente de si alcanzaron en su momento el piso mínimo para que el ente contralor pudiera realizar una toma de razón.
Este proceso, que podría tener resultados parcelados -es decir, que vayan surgiendo y conociéndose en la medida en que avanza el trabajo del organismo-, si bien no tiene una proyección fija en cuanto al tiempo estimado, no puede exceder el mandato del contralor Jorge Bermúdez, quien el próximo 15 de diciembre termina con sus ocho años a la cabeza del organismo.
Sumario administrativo
El 2 de julio, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, anunció que se llevará adelante un sumario al Seremi de Vivienda del Maule y ex director jurídico de Urbanismo Social, Rodrigo Hernández, y pese a que el viernes se anunció que se solicitó su renuncia tras halla nuevos antecedentes, la indagatoria en su contra continuará.
Esto, "producto de una información que no coincidía entre el periodo que él solicitó inhabilitarse y en que se tomaron las decisiones", comentó el ministro.
La acción del titular de Vivienda en esta materia fue criticada por la oposición por lo que estiman "una tardanza" en este tipo de medidas, y cuestionaron que el caso específico quede sólo en "acciones administrativas".
Según comentó a Emol José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Publica, "lo razonable debería ser instar a una medida más bien general, como una auditoría para estos convenios o fundaciones relacionadas con el Frente Amplio, porque evidentemente la institucionalidad habitual quedó desbordada por los hechos, y el ministro Montes no lo pudo evitar. Por tanto, estas medidas que tienen un carácter administrativo, pero bastante acotado, no parecen suficientes para enfrentar la magnitud del problema".
El sumario administrativo es un proceso de investigación de responsabilidad administrativa que se compone de varias etapas y plazos. En la primera, el fiscal del caso tiene 20 días hábiles para realizar la investigación, prorrogable hasta 60 días. Luego, la persona sujeta a sumario tiene cinco días hábiles para responder a los cargos -desde que se le notifica-, y si se solicita rendir prueba, el fiscal debe otorgar un plazo que no supere los 20 días hábiles.
Comisión Investigadora
A fines de junio, un grupo transversal de diputados de oposición e incluso representantes de izquierda, presentaron una solicitud para crear una comisión investigadora por el Caso Convenios, la que finalmente fue aprobada en la Cámara el pasado 3 de julio. La petición impulsada por la bancada de diputados de RN, logró la firma de 65 parlamentarios, desde Chile Vamos, Republicanos, el PDG, ex PDG y ex DC e incluso de algunos parlamentarios como Pamela Jiles y Félix González (Partido Ecologista Verde Social).
"Los diputados que suscriben vienen en solicitar la creación de una Comisión Especial Investigadora a fin de reunir antecedentes relativos a los actos de gobierno relacionados con las transferencias de recursos realizadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de sus Secretarias Regionales Ministeriales, así como del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para los años 2022 y 2023, con especial énfasis en los recursos entregados por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta", se lee en el escrito presentado.
Consultada por los plazos y el respaldo de la instancia, la diputada Camila Flores (RN) dijo a Emol que inicialmente las comisiones investigadoras tienen un plazo de dos meses, el que puede prorrogarse por 15 días, en caso de que no se cumplan los objetivos para la cual fue conformada. "Tuvo un apoyo rápido en la Cámara y esperamos que siga avanzando con esa misma urgencia, porque se requieren investigar y recabar todos los antecedentes de los actos del Gobierno en relación al traspaso de recursos públicos a fundaciones", agregó.
Asimismo, comentó que "el primer paso es que esta comisión se conforme, que se sorteen los integrantes que serán parte de revisar estos antecedentes y escuchar las distintas audiencias, una vez definan el horario y lugar de funcionamiento, esta tiene un plazo inicial de 60 días, en los cuales esperamos se pueda reunir la mayor cantidad de información posible".
