Avanza el estudio de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en la comisión revisora de la Cámara de Diputados y nuevos antecedentes se ponen sobre la mesa y la discusión se tensiona entre oficialismo y oposición a dos días de la votación en el hemiciclo.
El diputado socialista, Juan Santana, cuestionó la invitación de los abogados Carlos Gajardo y Juan Francisco Varela como "expertos" a la comisión ya que "son lobbistas de empresas que participan de licitaciones de la Junaeb".
El diputado detalló a Emol que "el Consorcio Merkén SpA, y todas las empresas que están asociadas o bajo la tutela de él, forman parte del principal proveedor de alimentos del programa PAE de la Junaeb, y dos de los abogados, que han realizado funciones de lobby para estas empresas, el señor Gajardo y el señor Varela, fueron parte del listado de invitados sugeridos por parlamentarios de derecha, que expusieron en la comisión revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro Ávila".
Acusaciones que generaron revuelo entre los diputados y al final, los abogados desistieron de la invitación y no expusieron ante la comisión revisora.
La críticas de Santana fueron reprochadas por el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, quien aseguró que "me da lo mismo quién lo dice, si no que qué dice (…) me parece grave que se pretenda transformar esta discusión sobre quién lo dice, mientras que lo importante se que se despeje la información". Acusó que se está intentando atacar la fuente y no el contenido.
Pagos de Junaeb y nuevos antecedentes de Schalper (RN)
La arista Junaeb se abrió la semana cuando el exdirector Cristóbal Acevedo (que ejerció entre 2015-2017) denunció ante la comisión revisora que se pagó $3.500 millones por 30 colaciones durante el 2022, las que estaba compuesta por un snack, una fruta y un jugo. Además, dijo que este año se aumentó ese presupuesto.
Antecedentes que fueron descartados por parte de la Junaeb a través de un comunicado. "Corresponden a montos de contratos firmados previo a la llegada de este Gobierno", señalaron del el organismo.
Además, plantearon que "no es factible que se paguen $3.500 millones de pesos por 30 raciones, ya que el precio máximo ofertado y adjudicado por un tercer servicio u once es de $7.289, un valor alto, adjudicado por el Gobierno anterior. La licitación realizada durante este periodo, obtuvo el mismo servicio, por un valor máximo de $1.093".
Este lunes, Diego Schalper (RN), presentó nuevos antecedentes y denunció que el organismo habría borrado información desde el portal de transparencia luego de que se gatillara esta polémica. "Si ustedes revisan los portales de transparencia, el día 7 de julio estos datos fueron borrados, tanto en los portales externo como externos, que curioso, ¿No?", dijo el diputado de Renovación Nacional.
El parlamentario aseguró que oficiará respecto a estas posibles irregularidades una vez que se vote la acusación constitucional para no interfiera en el proceso.
No obstante, la institución descartó lo anterior y declaró a través de un comunicado que "Junaeb no ha eliminado información publicada en el portal de transparencia".
"La información que presenta el diputado Schalper, corresponde a una carpeta de trabajo compartida (sharepoint) entre Junaeb y las empresas que mantienen contratos vigentes con el Programa de Alimentación Escolar. Cabe destacar que, este documento es un material de trabajo, que nunca estuvo publicado en el portal de transparencia. Es un documento que se comparte periódicamente en el marco de la relación de trabajo que posee Junaeb con las empresas proveedoras del PAE. Al cual tienen acceso las empresas en el periodo de tiempo en el que se les comparte", señaló el organismo.
Finalmente, establecieron que "todas las empresa -a través de este documento de trabajo interno- tuvieron acceso a la misma información. Y si alguien requiere información adicional, puede ser solicitada por transparencia".
