Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.
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El
ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, logró ayer sortear la acusación constitucional que la oposición había impulsado en su contra y que estuvo marcada por varias polémicas a raíz del debate por la orientación sexual de la autoridad.
Pero varias intervenciones en la Sala también apuntaron a la denuncia que hizo el ex director de la Junaeb, Cristóbal Acevedo, -tras ser invitado a la comisión revisora del libelo-, quien afirmó que el organismo pagó $3.500 millones por 30 colaciones durante el 2022, las que estaba compuesta por un snack, una fruta y un jugo.
Esta mañana, en conversación con Tele13 Radio, el ministro detalló el grado de supervisión que le compete a él o quien esté en su cargo respecto de la Junaeb, afirmando que e
l servicio tiene su propia unidad jurídica y en ese plano, estos aspectos no pasan por el Mineduc.
"La llamada supervigilancia, está relacionada con el nombramiento y remoción; la fiscalización corresponde al órgano de la Contraloría General de la República, y por eso es que este servicio tiene su propia unidad jurídica, no se visan los contratos (...) jamás los ministros firman convenios asociados a las alimentaciones", comentó Ávila.
Consultado por las críticas que realizó el diputado RN, Diego Schalper, quien señalaba que era "imposible" que un contrato de $3.500 millones y que al año siguiente aumenta, no haya sido visto o no estuviera dentro del ámbito de preocupación del ministro.
"Claro, eso es muy distinto a que esté en el ámbito de preocupación, pero lo que quiero decir yo es que jurídicamente no pasa por el Ministerio de Educación. Yo tengo una unidad jurídica, con un director jurídico que revisa cada una de las cosas que firmamos los subsecretarios y yo, pero esos están relacionados con el servicio. Cada institución tiene su propio departamento jurídico y además tiene una fiscalía", enfatizó Ávila.
En esa línea, el ministro expresó que la directora de la Junaeb, Camila Rubio, ya ha explicado "en variadas oportunidades y de distintas formas" y pese a las dudas sobre la ambigüedad que han tenido dichas explicaciones, recalcó que los antecedentes "fueron puestos a disposición de la Contraloría, la directora misma lo hizo, explicando donde tiene que explicar".
Consultado por si las explicaciones que ha dado Rubio le satisfacen, Ávila planteó que "lo más importante es que esto sea esclarecido con total y absoluta transparencia y eso lo tienen que hacer los órganos competentes, que es la Contraloría General de la República. Más que la satisfacción personal mía, es la respuesta que tenemos que dar a la ciudadanía de total y absoluta transparencia, especialmente en el marco en el que nos encontramos hoy día, que investigan casos distintos a propósito de lo de las fundaciones", comentó.
Con todo, el ministro sostuvo que el caso "se enturbia un poco pensando en quiénes estaban presentándose ante la defensa. Esto puede ser más bien un conflicto entre privados respecto de una disconformidad sobre cómo están puestas las licitaciones, que puede ser muy distinto. Por eso le digo yo que lo que mejor nos conviene a todos y a todas, para total claridad, es que esto se investigue en la Contraloría General de la República".
