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Mantener la sobriedad, ir a terreno y tratar las urgencias ciudadanas: Las claves para acercar el proceso a la gente

Dar espacio a la discusión de las iniciativas populares, utilizar lenguaje sencillo al comunicar los avances y trabajar en normas que acerquen el Estado a las personas son otras recomendaciones que entregan los especialistas consultados.

14 de Julio de 2023 | 08:38 | Por Equipo de Crónica Constitucional
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La mesa del Consejo Constitucional, liderado por Beatriz Hevia y Aldo Valle.

Al interior del Consejo Constitucional ya se comienza a expresar preocupación por la desafección que, según distintas encuestas, muestra la ciudadanía respecto del proceso constituyente.
Consejeros de distintos sectores lo hicieron ver en la sesión plenaria de este lunes. “Nos desafía captar el alicaído entusiasmo de las personas sobre este proceso”, afirmó Gloria Hutt (Evópoli). “Hago un llamado a los consejeros y consejeras de las diferentes bancadas para que fortalezcamos el respaldo ciudadano y reduzcamos el porcentaje de votos nulos y blancos”, añadió Julio Ñanco (RD). “Las encuestas dicen que la gente no se está involucrando en este proceso, no hay ningún entusiasmo y no podemos fallar por segunda vez”, replicó Germán Becker (RN).

Si a fines de marzo, a pocas semanas de que comenzara el trabajo de la Comisión Experta, la encuesta Cadem mostraba que el 34% de los encuestados se inclinaba por rechazar en el plebiscito de diciembre, este domingo la misma medición mostró que esa cifra está en 55%.

Asimismo, esta semana la encuesta del Laboratorio Constitucional UDP y Feedback Research mostró que el resultado del proceso constituyente está en cuarto lugar de preocupación (con 5%), muy por detrás de la inseguridad (47%), el alto costo de la vida (25%) y la corrupción (18%).

La misma medición reveló que el 53% de los encuestados dice que es poco o nada probable que con el nuevo proceso se logre aprobar una nueva Constitución y que la mayoría (44%) votaría en contra en el plebiscito de diciembre. Entre las razones de estos últimos, el 33% consideró que “el proceso actual no es legítimo”, el 21% que “no me siento representado por los pactos políticos presentes en el proceso” y el 19% “porque no resuelve los problemas del país”.

Aunque consideran que el escenario está cuesta arriba, distintos académicos consultados por “El Mercurio” postulan que se debe trabajar en acercar y motivar a la ciudadanía al proceso constituyente. Y para ello entregan algunos consejos.

Luciano Castellucci, académico de la Escuela de Negocios de la U. Adolfo Ibáñez en las cátedras de Márketing estratégico, Branding, Comunicaciones y creatividad, cree que los consejeros deben “seguir manteniendo este bajo perfil que se ha manifestado (...) no buscar llamar la atención es la mejor estrategia para que esto eventualmente se apruebe el día de mañana”.

Esto, explica, “porque el proceso anterior fue un circo y creo que hay que hacer totalmente lo opuesto. La ciudadanía está saturada de todos esos debates estrafalarios que se dieron con anterioridad”.

A juicio de Cristián Leporati, profesor de Comunicación gubernamental y política de la U. Diego Portales, el problema es que “si lo pones en términos de márketing tradicional, es un producto que ya se lanzó al mercado y fracasó. (...) Se lanza nuevamente, se busca una nueva forma, el Acuerdo por Chile trata de renovar esta idea, pero lo hacen con un producto que si antes se sentía que era para todos los segmentos ahora lo pueden comprar unos pocos”. Eso último dice, porque cree que en el proceso de la Convención “había una narrativa de que la gente común y corriente, más allá de las críticas que uno podía hacer, estaba en el proceso. El actual es un proceso que se siente hecho por la élite, para la élite”. Y añade: “Hay que romper con ese mito”.
Ante ello, Leporati cree que es importante “generar un ambiente, una estética” y que “hay que hacer un trabajo territorial muy importante”.

Asimismo, postula que “el lenguaje que se está usando es técnico, muy críptico, muy ajeno a las personas. Probablemente los constituyentes con más habilidades comunicacionales y con cierto liderazgo de esas personas deban comunicar mejor”.

Preocupaciones


La etapa de discusión y votación de normas será clave para acercar la discusión constitucional, coinciden los académicos. Y ahí, lo que ocurra con las iniciativas populares de norma podría ser crucial.

Finalmente, 31 propuestas ciudadanas reunieron las 10 mil firmas necesarias para que sean discutidas por el Consejo Constitucional. Se propusieron iniciativas para proteger a los animales, explicitar la propiedad y heredabilidad de los ahorros previsionales y la libertad de elección de quien los administra; robustecer “el deber y derecho preferente de los padres de educar a sus hijos y la libertad de enseñanza”; mejorar la administración del Estado, protección a las FF.AA. y a las policías, reforzando el legítimo uso de la fuerza pública, respeto por las actividades que dan origen a ser chileno, entre otras.

“Una señal que podría dar el Consejo es justamente dar un espacio real de discusión a esas iniciativas”, dice Ximena Orchard, directora del departamento de Periodismo de la U. Alberto Hurtado. “Es una pregunta que está abierta si efectivamente, por ejemplo, las iniciativas populares de norma van a tener un espacio de discusión real y no solo las normas que sean más afines ideológicamente a los sectores que son más mayoritarios en el Consejo”.

Para Cristóbal Benavides, decano de Comunicaciones de la U. de los Andes y representante de ese plantel ante la Secretaría de participación, “ya sea que se aprueben o se rechacen esas iniciativas por el Consejo, que ambas son posibilidades legítimas, sería importante que toda esta gente que participó tenga un retorno, que se le reporte qué pasa con esas iniciativas, que le sigan informando, que le puedan hacer un seguimiento”.

Benavides recalca que el Consejo debe ir a buscar a la gente “a terreno” y no esperar que la ciudadanía se le acerque y señala que probablemente habrá algunos temas que podrían ser más masivos para ello: “En la medida en que un tema me afecta, le pongo más atención, por lo tanto, los temas de seguridad, salud, educación, vivienda, para algunos medio ambiente, creo que van a conseguir mayor interés”.

Sobre el punto, Leporati afirma que “a la gente le importa mucho el presente y la contingencia. Si yo fuera un asesor en este aspecto, diría que todo lo que se apruebe sobre temas contingentes, inmediatamente hay que comunicarlo en términos de beneficios para las personas, no en términos de narrativa teórica”.

En esa línea, el abogado Enrique Barros destacó en “El Mercurio” que una forma de encantar a la ciudadanía con el proceso en curso podría ser que la propuesta constitucional modernice el Estado para que sea capaz de llegar a la gente. Coincide la exconvencional Constanza Hube, quien plantea un estatuto de derechos de las personas frente al Estado.

Ejecutivo compromete difusión


Todos los consultados concuerdan en que debe haber una estrategia fuerte de difusión del trabajo del Consejo, en un escenario donde la encuesta UDP-Feedback Research reveló que el 44% manifestó tener poca o nada de información sobre el proceso.

En el ex-Congreso existe preocupación sobre el punto, especialmente respecto de quién hará esa labor después de que se disuelvan los órganos redactores (7 de noviembre a más tardar).

“En el proceso anterior vimos a un Gobierno activo, donde todos los seremis, servicios públicos estaban en terreno, en las calles, incluso el mismo Presidente Boric entregando la Constitución para que la gente votara informada. ¿Cuál va a ser el rol del Gobierno en esta ocasión?”, le preguntó el lunes la consejera María Jorquera (UDI) al ministro de Segpres, Álvaro Elizalde, quien asistió a la sesión plenaria.

Elizalde respondió que “bajo los lineamientos que ha dado la Contraloría, el Gobierno va a informar (...). Vamos a difundir todo lo que sea necesario respecto de este proceso con ecuanimidad, obviamente, y en el marco de la ley”.

Para Castellucci, “el Gobierno debería hacer exactamente lo mismo que la vez pasada. Asegurarse de imprimir la misma cantidad de ejemplares, llegar a la misma cantidad de personas. De lo contrario, se evidenciaría que la vez pasada sí hizo campaña a favor del Apruebo”.

Por su parte, Orchard sostiene que “al Gobierno le corresponde, igual como le correspondió en el proceso anterior, informar sobre las fases del proceso”. Pero Leporati y Benavides creen que los consejeros y los partidos políticos también deben sentirse llamados a hacerlo. Y Orchard sentencia: “Todos los actores están en una especie de jaque mate”.


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