En los últimos días el hermetismo se apoderó del ex-Congreso. El lunes 17 de julio a las 23:59 horas termina el plazo para que los consejeros ingresen sus propuestas de enmiendas al anteproyecto de la Comisión Experta, que han trabajado con reserva las distintas bancadas.
El reglamento establece que las indicaciones pueden "aprobar, aprobar con modificaciones o incorporar nuevas normas al anteproyecto de nueva Constitución". Este miércoles la secretaría general del Consejo Constitucional distribuyó el formulario electrónico con el cual los consejeros ingresarán sus propuestas.
Antes de esto, varias salas del ex-Congreso han sido ocupadas por consejeros, asesores y comisionados expertos de cada sector. Muchas de las reuniones se han efectuado de lunes a domingo, algunas partiendo a las 8:00 de la mañana y terminando de madrugada, pues también han tenido sesiones de comisión.
En privado, un integrante del Frente Amplio opina que "ha habido retraso en poder discutir las enmiendas entre los distintos sectores". Y es un sentimiento que muchos comparten. Una consejera confiesa que hasta esta semana solo había podido analizar ideas de enmiendas con asesores, pero no a nivel de bancada y menos con el "bando contrario".
Una nueva etapa
Tras conversaciones de pasillo, los consejeros de derecha y centroderecha (republicanos, UDI, RN y Evópoli) se reunieron formalmente esta semana para ver puntos en común en las enmiendas que alistaban.
Una de ellas sería proponer un nuevo capítulo sobre las Fuerzas Armadas. Esto ha generado reparos en consejeros de centroizquierda y es observado con atención por integrantes del Comité Técnico de Admisibilidad, que han seguido el debate de las comisiones.
Un sector de la izquierda evalúa recurrir a la Corte Suprema porque estiman que incluir un capítulo completamente nuevo sería una infracción a las reglas de procedimiento del Consejo. La Constitución establece que la reclamación por eventual infracción a las reglas de procedimiento deberá ser suscrita por al menos un quinto de los miembros en ejercicio del consejo (10) y presentarse ante la Corte dentro del plazo de cinco días desde que se tomó conocimiento del vicio alegado. Cinco ministros de la Suprema, elegidos por sorteo, serían quienes analizarían el requerimiento.
Pero para la consejera UDI Ivón Guerra es importante que las FF.AA. tengan el más alto reconocimiento constitucional. Y agrega: "El oficialismo está en pleno derecho de utilizar los mecanismos reglamentarios que estime convenientes".
Otras enmiendas desde la derecha serían explicitar la libertad de elección en salud, educación, fortalecer a Contraloría, incluir normas sobre seguridad y contra la corrupción (a raíz del caso Convenios) y modificar el derecho a huelga que consagra el anteproyecto. En este último punto, republicanos y parte de Chile Seguro estarían por explicitar que
la huelga se puede realizar en el marco de la negociación colectiva, lo que no está en el anteproyecto.
Varios consejeros reconocen que no ha existido diálogo entre derecha e izquierda como sí lo hubo en la Comisión Experta, cuando los expertos trabajaron juntos la mayoría de las indicaciones.
Así, hasta ahora las bancadas trabajan con trascendidos de lo que podría proponer el bloque opositor, pues reconocen que ha habido escaso intercambio de información entre oficialismo y oposición.
Yerko Ljubetic (CS) escribió el martes en redes sociales: "Da la impresión de que el P. Republicano y Chile Vamos no quieren debatir. A días de que venza el plazo para presentar enmiendas hay preocupación. Hemos motivado debates, pero esperamos ver su capacidad y voluntad para lograr grandes acuerdos". Este miércoles hubo una reunión de delegados de bancadas para empezar a abrir los espacios de conversación entre ellos.
Según fuentes consultadas, mucho de esto sería parte de una estrategia de ambos sectores, pues hay consenso en que las enmiendas marcarán un antes y después en el trabajo del Consejo.
Esto es algo que prevé el republicano Luis Silva: "La etapa que se abre a partir del 18 de julio es de discusión política, en donde cada una de las bancadas va a hablar a través de sus enmiendas". Dice que al menos las de su sector "interpretarán la identidad de los consejeros republicanos" y agrega que "desde allí tiene que darse el diálogo, la búsqueda de espacios para encuentros con todas las bancadas e ir trabajando progresivamente durante el tiempo que nos da el proceso para llegar a un resultado que nos satisfaga lo máximo posible".
De manera preliminar, los republicanos tenían el miércoles casi todas sus enmiendas listas, que abarcarían modificaciones a los catorce capítulos del anteproyecto. La cita con la derecha serviría para unir prioridades y dar señales políticas a la centroizquierda, ya que entre republicanos y Chile Seguro cuentan con los 3/5 necesarios para aprobar normas y plasmarlas en el texto.
Carlos Recondo, consejero UDI, comenta que esperan "coincidir con republicanos en la mayor cantidad de las enmiendas y así poder ampliar transversalmente la aceptación de estas, porque aspiramos a que logremos acuerdos y que finalmente podamos interpretar a la gran mayoría y se abra un debate muy legítimo con la izquierda".
Prioridades de la izquierda
Aunque son minoría en el Consejo, en la izquierda igualmente trabajan intensamente las enmiendas con las que buscan defender, en buena medida, el texto de los expertos. El lunes en El Siglo, ligado al PC, la consejera comunista Karen Araya expuso que "es importante que hoy podamos tener lo que se logró acordar en torno al anteproyecto (...). Pero además hay que avanzar en otras materias, como establecer el Estado social y democrático de derecho, robustecerlo con cada uno de los derechos que se consagren en los artículos del texto (...), establecer derechos de los pueblos originarios, la paridad, los derechos humanos, que hasta hoy no se abordan con profundidad".
Entre las enmiendas que presentaría la izquierda incluirían consagrar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, además de su autonomía progresiva y darles rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes. Algunos también proponen que el borrador diga que Chile “es” un Estado social y no que "se organiza" en un Estado social, como establece el anteproyecto.
El consejero Alejandro Köhler, delegado PS, resalta que buscarán "que el proceso de indicaciones enriquezca un anteproyecto que creemos es bueno, en cuanto es una casa común construida por expertos que representan desde el Partido Republicano hasta el PC. Por cierto que hay materias del anteproyecto, como la paridad, la protección al medio ambiente o la profundización de los derechos sociales, que nos gustaría profundizar y reafirmar, pero es un trabajo que esperamos sea quirúrgico y respete el frágil acuerdo al que llegaron los comisionados".
Ad portas de que se conozcan las indicaciones de cada sector, la delegada de la bancada de Convergencia Social-PC María Pardo afirma que la ciudadanía espera que los consejeros lleguen a acuerdos. "El espacio de discusión política institucional en nuestra democracia representativa se encuentra muy deslegitimado hace mucho tiempo, y en virtud de este proceso tenemos la oportunidad de contribuir a relegitimar ese espacio. Pero para eso es necesario que lleguemos a un acuerdo transversal", resalta.
