Sorpresivamente, el Gobierno decidió colocar urgencia suma al proyecto de ley que busca tipificar y sancionar con pena carcelaria el delito de usurpación de inmuebles o terrenos. Lo hizo a contrapelo de su postura contraria a la iniciativa, principalmente a lo referido a la legítima defensa privilegiada, a pasar de una multa a presidio y la flagrancia permanente. Todos esos aspectos los ha intentado revertir el Ejecutivo en la comisión de Seguridad de la Cámara Baja, pero al tener minoría, no ha logrado cambiar la fisionomía de la propuesta a su favor. Ante eso, con resignación, la ministra del Interior, Carolina Tohá, pidió que se "vote nomás", a los diputados, después de "buscar destrabarlo sin éxito", comentó la jefa de gabinete. En lo técnico, ese aceleramiento se tradujo en el ingreso de la suma urgencia al proyecto, lo que La Moneda no hacía desde el 1 de marzo pasado, cuando le puso discusión inmediata, la que caducó seis días después. "El Ejecutivo ha preferido poner urgencias a los proyectos donde cree que estamos listos para despachar y darles más tiempo a debates que están trabados, como es la usurpación, pero después de darle vuelta, somos partidarios de que se vote nomás", dijo Tohá.
