"Reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años", así se titula la iniciativa popular de norma (IPN) que este miércoles fue presentada ante la comisión de "Principios Derechos Civiles y Políticos del Consejo Constitucional", abriendo la discusión y mostraron diferencias entre los consejeros y comisionados.
La IPN logró 12.443 apoyos durante la etapa de participación ciudadana y se plantea como una norma de "carácter humanitario" que busca para los condenados de esa edad, "una medida alternativa a la prisión efectiva que consiste en el cumplimiento de la pena o de la prisión preventiva en el domicilio del condenado o procesado, bajo ciertas condiciones de vigilancia y control".
La medida fue explicada en la comisión por su autor Enrique Cordovez, gatillando una serie de preguntas por parte de consejeros y comisionados del oficialismo, algunos de los cuales aludieron a cómo esto podría beneficiar a condenados por graves violaciones a los Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad.
De hecho, en su intervención la comisionada Catalina Lagos (PS), puso como ejemplo que esta iniciativa beneficiaría al brigadier en retiro Miguel Krassnoff, enumerando luego la larga lista de delitos por los cuales fue condenado y los nombres de las personas afectadas.
Aquello generó molestia de la presidenta de la comisión, María de Los Ángeles López (repulicanos), quien dijo pidió "respeto" por los expositores de las IPN, indicando que "no corresponde atacar su exposición, sino luego escucharlos y luego el debate se ve dentro de esta comisión en sesión regular cuando corresponda".
"Yo creo que aquí nadie ha faltado al respecto al diálogo, a la conversación", rebatió el consejero Fernando Viveros (PC).
Al término de la sesión, el autor de la IPN manifestó que "hay que diferencias la naturaleza del delito del lugar de reclusión, esta iniciativa no es un indulto, no es una amnistía, no prescriben los delitos no los condona. Lo que dice esta iniciativa es que por razones humanitarias, al igual que como ocurre por los jóvenes menores de 18 años que están en reclusión policial, los adultos mayores tienen derecho a tener una reclusión especial".
"Yo insisto que esta no es una norma específica, un traja a la medida, un perdonazo, esta es una norma general", precisó Cordovez, ante la pregunta por los casos por DD.HH., añadiendo que la IPN "no tiene que ver con el delito, sino con la persona humana".
Cifras y la enmienda de republicanos
De acuerdo a datos del Ministerio de Justicia, existirían 265 reclusos mayores de 75 años de los cuales 153 están por delitos de lesa humanidad.
De este último grupo, 73 cumplen condenas en Punta Peuco, 65 en Colina 1 y el resto se encuentran en distintos penales del país.
Otro dato a considerar es que el Partido Republicano ingresó una enmienda que va también en línea con este tema, ésta establece que "las personas mayores de setenta y cinco años de edad o que padezcan enfermedades terminales, debidamente calificadas, cumplirán la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio. Esta disposición sólo será aplicable en aquellos casos en que la conducta sancionada, no representen un peligro actual para la sociedad".
"Si republicanos está pensando en un perdonazo a quienes han cometido graves crímenes en contra de las personas, nosotros obviamente lo rechazamos absolutamente", manifestó el consejero Alejandro Köhler (IND-PS).
Sobre el tema, la consejera María Pardo (CS) sostuvo que "tenemos que tener en cuenta el contexto político en el sentido de nuestra historia, nuestra historia nos habla de que hay graves violaciones a los Derechos Humanos y creo que no podemos dejar de considerar eso, sobre todo a 50 años del Golpe".
Consultado por las aprensiones oficialistas de que habría un perdonazo a los reclusos de Punta Peuco, el consejero Antonio Barchiesi (republicanos) descartó aquello, asegurando que "responde a una situación actual de nuestro país, a una preocupación diaria de los chilenos, tenemos hoy más delincuentes cometiendo delitos en las calles, que delincuentes cumpliendo condenas en las cárceles (...) tenemos las cárceles sobrepobladas, necesitamos libertar espacios carcelarios para el cumplimiento de penas de personas que hoy están aterrorizando a los chilenos".
La consejera Ivonne Mangelsdorff (RN) indicó que "son temas que se van a tener que conversar y debatir una vez que terminen las IPN. Yo creo que hay temas que tienen que quedar absolutamente zanjados como qué tipo de delito estamos hablando, son coas que quiero escuchar en su momento también, no solamente por razones médicas. Yo creo que tenemos que sacar los delitos que tengan que ver con delitos sexuales o delitos de lesa humanidad, son cosas que tenemos que hablar cuando se va a hacer un excepción".
