Con una orden judicial, volvieron esta noche los detectives de la PDI al Ministerio de Desarrollo Social para realizar copias de los servidores y asegurar así la evidencia que pudiera tener relación con el caso Convenios, luego que la noche del miércoles —mediante una llamada telefónica desde la cárcel de Puente Alto, tipo "cuento del tío"— robaran 23 computadores portátiles y una caja de seguridad.
En la víspera, también habían acudido hasta el edificio de calle Catedral, donde se ubica la cartera, pero solo apelando a la voluntariedad para materializar esta y otras diligencias.
Así, si bien el equipo del Cibercrimen pudo respaldar algunos antecedentes y tomó declaración al personal, no logró hacer copia de los servidores, porque se le habría informado que para ello se requería autorización y coordinación de las jefaturas de la repartición. Esa reticencia y el ánimo de agilizar el proceso para no arriesgar el aseguramiento de la información, hizo que la PDI regresara con la orden judicial.
La instrucción provino del fiscal de Alta Complejidad de la Araucanía, Carlos Cornejo, quien dirige las pesquisas por una de las investigaciones por eventual fraude al fisco y otros posibles delitos, relacionada con el traspaso de recursos desde organismos públicos —como seremis, gobiernos regionales y la Conadi, dependiente de Desarrollo Social— a fundaciones.
En la región, se indagan transferencias de la Conadi, que sumarían más de $400 millones, a la Sociedad de Profesionales Chikawal Limitada, luego que el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) denunciara posibles irregularidades en esas asignaciones, dada —entre otras cosas— la poca experiencia de la organización.
También hay una causa abierta en la zona —a raíz de una denuncia del diputado Mauricio Ojeda (Ind. Rep)— por fondos entregados por Desarrollo Social a la fundación Creceres, cuyas dependencias en la comuna de Angol, fueron allanadas el pasado 13 de julio.
La entidad se ubica en el mismo terreno donde se encuentra la vivienda de la delegada presidencial de Malleco, Andrea Parra (PPD). Al respecto, en esa ocasión, el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, expresó: "Entiendo que la fiscalía ya tomó contacto con la delegada para los efectos de coordinar su comparecencia y su declaración, si es que ella accede a prestar ese testimonio".
El ministro Giorgio Jackson ha afirmado en los últimos días que toda la información de la cartera relacionada con los convenios que indaga la fiscalía está respaldada y que los resultados de la investigación interna que se dispuso —y está pronta a terminar— se entregarán al Ministerio Público.
Un tercer proceso en curso en la región, que no tiene relación con la cartera afectada por el atraco, está vinculado con el traspaso de recursos desde el Gore de la Araucanía a la Fundación Local.
Caja de seguridad sigue desaparecida
También este viernes, pero más temprano, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte formalizó a Miguel Ángel Apablaza (24) —quien ya se encuentra cumpliendo una condena en la cárcel de Puente Alto— y a su abuela, Elena Rojas (60).
Al imputado se le atribuyó dirigir el atraco desde el penal, mediante llamadas telefónicas, y suplantar al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, para engañar a los vigilantes, mientras que la mujer el haber recibido y guardado los computadores por encargo de su nieto.
No está claro por qué Apablaza eligió esta repartición para robar o quién lo "dateó" sobre la ubicación de los computadores y la caja de seguridad —que contenía boletas de garantía de convenios y que todavía no aparece—, dado que ejerció su derecho a guardar silencio.
La caja de seguridad con las boletas de garantía de convenios sigue sin aparecer, tampoco los hombres de overoles blancos que se la llevaron desde la cartera, en medio del "cuento del tío" orquestado por el imputado.
