El proceso constitucional inició una nueva etapa con el ingreso, este lunes, de más de mil enmiendas al anteproyecto de la Comisión Experta. Durante la semana, las distintas bancadas de consejeros han estado analizando las propuestas para iniciar el debate, previsto para el 1 de agosto.
Entre ese millar de indicaciones, los consejeros incluyeron normas que consideran importante que estén en la propuesta, pero que también piensan que son relevantes para la ciudadanía, con lo cual podrían movilizar a la población y acercarles el proceso que, hasta ahora, según distintas encuestas, a muchos les es indiferente.
Por ejemplo, la consejera Ivonne Mangelsdorff de la bancada RN-Evópoli destaca que las indicaciones de su sector "van en sintonía con las demandas ciudadanas como un Estado más moderno, eficiente y profesional, la libertad de salud en materia de salud, la libertad en las pensiones (propiedad de los ahorros, heredables e inexpropiables), el absoluto derecho preferente de los padres a educar, mayores herramientas a las Fuerzas de Orden y Seguridad, se incluye a Gendarmería y trabajo colaborativo con los municipios, y la ‘muerte cívica’ para corruptos que trabajen en un órgano del Estado". Asimismo, postula que "por primera vez se condenará a las organizaciones terroristas, por ejemplo podría ser la CAM, y no solo a sus integrantes y actos".
En la UDI, una minuta de esa bancada titulada "Temas a instalar" expone que su idea motriz es apelar a una Carta Fundamental "de seguridad y paz", "del futuro", "para las personas y no para los privilegiados". Y el lunes en un punto de prensa, representantes de la colectividad, afirmaron que con las enmiendas buscarán responder “a todos los dolores de la ciudadanía".
En esa línea, plantearon una enmienda que busca indemnizar a las víctimas de terrorismo con un monto determinado judicialmente "en un proceso breve", y otra para que exista una migración "ordenada, segura y regular", proponiendo que la ley regule "el ingreso, la estadía, la residencia, el egreso y expulsión de los extranjeros del país, así como el ejercicio de sus derechos y obligaciones".
Precisamente, temas antes mencionados aparecen en una reciente encuesta de Panel Ciudadano-UDD que mostró que el 97% de los encuestados estaba a favor de normas que propongan que condenados por corrupción queden inhabilitados para ocupar cargos públicos; 95% que haya una migración ordenada y regular en el país en que los que no estén legalizados y cometan delitos sean expulsados; 94% que los fondos de pensiones vayan a una cuenta individual y sean heredables; y 94% que se rebaje a 120 el número de diputados.
También en el oficialismo hicieron guiños a las que, consideran, son las principales demandas ciudadanas, poniendo el foco en los derechos sociales, pues gran parte del sustento de un Estado social y democrático de derecho, dicen, descansa en ellos. Así, por ejemplo, proponen gratuidad en la educación superior "para que el dinero de tu bolsillo no sea el límite y el límite lo ponga tu esfuerzo y talento", declaran desde la bancada RD-Independientes.
Igualmente, la consejera María Pardo, de la bancada de Convergencia Social-PC, contó esta semana en CNN Chile que "estamos planteando una agenda fuerte en lo que dice relación a probidad. Sabemos que la ciudadanía está planteando eso con mucha fuerza y por lo tanto nos hacemos cargo y eco de ello (...) también sobre seguridad con una perspectiva transversal".
En el oficialismo, además, reactivaron ideas que no prosperaron en la Comisión Experta como el derecho a cuidados, democracia paritaria, dejando para la ley "el mecanismo de integración que asegure una composición paritaria entre hombres y mujeres de las cámaras que conforman el Congreso", y prohibir el lucro en la educación superior con fondos públicos.
Sumado a esto, la consejera Jessica Bengoa (CS) cree que en normas relativas a la descentralización hay posibilidad de acuerdos transversales. "Resulta importante dotar de mayor autonomía política, administrativa y fiscal a los territorios alejados de la capital, existiendo posibilidades de avanzar en dicha materia en el Consejo".
"Giras regionales"
Al contrario del proceso de la Convención Constitucional, el Consejo no cuenta con semanas regionales o distritales. Esto ha hecho que consejeros de centroizquierda releven la importancia de los medios de comunicación para acercar el proceso constituyente a las personas. Bengoa opina: "Un mecanismo es la importancia que los medios nacionales den cabida y visibilidad a aquellas demandas sentidas por las regiones, entendiendo que eso también repercute respecto de quienes se informan a través de los medios nacionales".
Por su parte, desde la bancada RD-Independientes sostienen que todas las herramientas son útiles desde una estrategia en redes sociales, ir a los territorios, "ojalá que los medios de prensa tradicionales masivos se sumen también a ese esfuerzo, una invitación a llegar a una nueva Constitución que nos interprete a todos".
En tanto, Mangelsdorff adelanta que en su bancada hay un plan de medios y cápsulas informativas y que algunos, como ella, alistan "giras regionales".
Riesgo de fracasar
En los pasillos del ex-Congreso hay consenso en que las enmiendas del Partido Republicano agitaron las aguas. Los republicanos, quienes con 22 consejeros pueden bloquear normas, pero necesitan de otros sectores para plasmarlas en el proyecto final, presentaron cerca de 400 enmiendas, de las cuales han relevado la que postula rebajar a 132 el número de diputados, suprimir la norma transitoria de paridad aprobada por los expertos, elevar el quorum de reforma constitucional a dos tercios del Congreso, robustecer la protección de la vida del que está por nacer con la frase "todo ser humano es persona", y que el derecho a huelga sea supeditado a la negociación colectiva.
También proponen que los mayores de 75 años "o que padezcan enfermedades terminales, debidamente calificadas, cumplirán la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio". Una iniciativa popular de norma similar, que logró más de 10 mil apoyos, provocó un tenso debate en la sesión del miércoles de la comisión de Principios, derechos civiles y políticos. Consejeros y comisionados de centroizquierda plantearon que ella podría aplicarse con condenados por delitos de lesa humanidad. Fue una de las indicaciones que tomó por sorpresa tanto al oficialismo como a parte de la oposición, reflejo del escaso diálogo entre los sectores, distinto a los acuerdos transversales de los expertos.
Recién el martes, Unidad para Chile conoció todas las indicaciones de la oposición.
Tras una primera revisión, algunos concluyeron que muchas dificultan los amplios acuerdos. Pero un participante de la centroizquierda teoriza que muchas serían "para marear la perdiz" frente a otras indicaciones que impactarían en lo que da contenido a un Estado social y democrático de derecho, carta para el progresismo.
Durante la semana, los republicanos defendieron sus indicaciones. Afirmaron que son guiños a quienes votaron por ellos, pero también temas que consideran de interés nacional, y que su misión "es justamente proponer todos los cambios que necesita el texto propuesto por los expertos para que esté en sintonía con la realidad ciudadana".
Al interior de la colectividad creen que varias propuestas lograrán incentivar el interés público y ser claves para votar a favor del texto en diciembre, dado el escaso interés de la ciudadanía reflejado en distintas encuestas.
Desde el oficialismo no piensan lo mismo. El consejero Fernando Viveros (PC) sostiene: "Sentimos que hoy día en el proceso constitucional tiene un riesgo enorme de fracasar (...). Las enmiendas de la derecha y republicanos son extremas, irresponsables, que no van en el sentido de lograr acuerdos".
Riveros estima que falta una mayor información de lo que pasa en el ex-Congreso y apunta a la derecha de tratar "de mantener el silencio, que no se hable nada". Según fuentes consultadas, aunque no hay una decisión todavía, a fines de agosto, cuando se conozca el tono que comience a tomar la propuesta de nueva Constitución, esto podría hacer que sectores de la izquierda se inclinen por rechazar el texto final.
