La jornada de ayer, la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados votó a favor el
proyecto de usurpación que busca sancionar el delito con pena de cárcel y no con multa -como ocurre con la actual normativa-, por lo que se despachó a sala.
La iniciativa, establece principalmente la flagrancia permanente que facilita la restitución de terrenos y busca sancionar a quien, con violencia o intimidación, ocupe total o parcialmente un inmueble, con una pena que parte en 541 días y podría llegar a los 5 años. En tanto, cuando el hecho sea sin violencia o intimidación, con una pena de 61 días a tres años.
No obstante, existe un conflicto, y es que el tema de la flagrancia permanente, el presidio y también la legítima defensa privilegiada, no es compartido por el Ejecutivo, ni los representantes de las colectividades de Gobierno representados en la comisión, tales como el Partido Comunista o el Frente Amplio.
La Moneda, a través del ministro de Justicia, Luis Cordero, ha dicho que "en el caso de la flagrancia, la extensión de la usurpación violenta, la legítima defensa privilegiada conjuntamente con la flagrancia, constituyen incentivos que, reunidos todos, pueden dar origen a ciertos riesgos de autotutela".
Lo anterior, ha llevado a que algunos parlamentarios consideren que el proyecto pueda terminar en una comisión mixta, en el Tribunal Constitucional o, incluso, con un veto del Ejecutivo.
Jaime Araya (IND), por ejemplo, sostuvo que "la tramitación de este proyecto ha sido una completa irresponsabilidad (...) Esto va directo a una comisión mixta, y en caso de perseverar en la irracionalidad, espero que el Gobierno no tenga problema para vetarlo y, en el último caso, llegar al Tribunal Constitucional. Hay que defender el Estado de Derecho".
Por su parte, Andrés Longton (RN), indicó que "el Gobierno ha resistido de manera inexplicable el subir las penas y de manera obstinada quiere mantener las multas, misma oposición a la flagrancia permanente y a la legítima defensa privilegiada, por lo que es probable que lo mande al TC y extienda la angustia de familias que llevan años clamando por justicia".
Lee la nota completa en la nueva edición de
El Mercurio.
