La abogada Libertad Triviño –sin militancia política y socia a cargo del área penal de Horvitz y Cía.– asumió el pasado 5 de julio como querellante en el caso convenios en representación de Revolución Democrática (RD).
En entrevista con "La Segunda", cuenta que tras reunirse con la directiva de RD solicitó una serie de diligencias, y asegura que el partido está tan interesado como el Gobierno en que se devuelvan los dineros que recibió la fundación Democracia Viva.
"Se ha planteado que nuestra querella es de cartón o de papel, pero creo que nuestros hechos, la colaboración que hemos tenido, el interés en que esto se esclarezca, el mandato que se me ha entregado da cuenta de que, efectivamente, el interés primordial de RD es que se esclarezcan los hechos y las responsabilidades", afirma la abogada.
Detalla que en la querella que presentaron solicitan que se cite a declarar a varias personas del partido "en calidad de testigo, de imputado y víctima".
Consultada en qué calidad será interrogada la diputada Catalina Pérez, la abogada dice que "esa decisión le corresponde al fiscal", aunque agrega que "yo creo que ella está en calidad de imputada".
"En cuanto a las diligencias, le solicitamos al fiscal la incautación de las cuentas corrientes de la señora Catalina Pérez, del señor (Carlos) Contreras y del señor (Daniel) Andrade; pedimos que se informen las sociedades en que participan y las sociedades de sus relacionados. También que se oficie al Minvu para que dé cuenta en qué estado están las obras que debían realizar y que se incauten todas las comunicaciones telefónicas, computadoras", detalla.
Afirma que "estos hechos son absolutamente repudiables por la directiva de RD" y que "le hacen un grave daño al partido y a sus militantes". "Por eso fueron sancionados por el Tribunal Supremo, fueron expulsados Andrade y Contreras, y la señora Catalina Pérez está suspendida, porque, efectivamente, desde una dimensión ética esto es sumamente reprochable", apunta.
"Es sumamente reprochable que Andrade y Contreras no hayan reparado en este vínculo, el hecho de que Contreras y Andrade se hayan conocido, hayan sido miembros del mismo partido, hayan compartido espacios juntos, se hayan adjudicado esto por contrato directo, con este monto y con una fundación que no tenía experiencia en vivienda es absolutamente reprochable", insiste.
Agrega que "RD tuvo un antecedente –que aportamos inmediatamente en la carpeta de investigación– de una persona que había dicho que la había contactado Andrade para replicar lo mismo que en Antofagasta".
"No creo que el ministro sepa algo más de lo que sabemos por la prensa"
Se le pregunta por qué el partido es tan tajante con Andrade y Contreras y no así con Pérez. Ante esto, la abogada responde que "no hay un antecedente que vincule a la señora Catalina Pérez con un hecho delictual", pero que "ella sí fue sancionada porque, efectivamente, el partido considera que ella vulneró la probidad, ¿y por qué? Porque ella no es cualquier militante de RD, Catalina Pérez fue presidenta de RD, ella es diputada, pero además fue la bandera de lucha de la probidad de RD y además es abogada. Uno esperaría que ella hubiera tenido una actitud mucho más colaboradora, mucho más proactiva".
En cuanto a si la diputada ha reconocido alguna vez que estaba al tanto de todo, la abogada querellante señala que "no, ella nunca lo negado y ella nunca lo ha reconocido". "Si no tenía el detalle de los convenios debió haber puesto atención, debió haber visto que había, al menos, una incompatibilidad ética", sostiene.
"Lo de Antofagasta es una situación desfachatada, más cuando Catalina Pérez era la persona que estaba hablando de subir los estándares de probidad, entonces por eso la situación es más reprochable a ella. También una consideración que toma el Tribunal cuando sanciona a la señora Pérez es todo el daño que le hace Catalina Pérez al partido", afirma.
Respecto de si el partido ha pensado llamar a declarar al ministro Giorgio Jackson, Triviño señala que "no he leído ningún antecedente que vincule al ministro con hechos de corrupción, sería más bien una cuestión mediática". "No creo que el ministro sepa algo más de lo que sabemos por la prensa", afirma.
También subraya que "aquí no hay ningún peso de la Fundación Democracia Viva que haya llegado a las arcas de RD, ninguno. Aquí no van a encontrar un caso de financiamiento ilegal de la política, eso no va a pasar".
