El titular del ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, adelantó que el Gobierno pondrá urgencia a un proyecto de ley de la expresidenta Michelle Bachelet en vías de reformar el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.
Ello en el marco de los cuestionamientos que se han dirigido al Ejecutivo luego que trascendiera que, desde junio del año pasado, la entidad dejó de reportar transferencias a terceros, en circunstancias que era liderada por el entonces ministro Segpres, Giorgio Jackson. Asimismo, se dio a conocer que la entidad estaba operando con tres de los seis funcionarios que la componen, dado que los nombres restantes aún no han sido ratificados.
Sobre el Consejo, el ministro relevó que "tiene como marco normativo un decreto supremo, no obstante creemos que es imprescindible fortalecer esta institución y por eso se anunció hace varias semanas la presentación de un proyecto de ley, no solo para darle rango legal al Consejo, sino que para dotarlo de mejores herramientas para realizar su trabajo, y esto implica dotarlo de institucionalidad, de recursos y también posibilidad de hacer auditorías directamente por orden del Presidente de la República en determinados servicios, porque hoy ese trabajo se realiza por los propios servicios".
En esa línea, dijo esperar que "este proyecto de ley cuente con apoyo transversal y, por tanto, vamos a darle urgencia a la tramitación de un proyecto que fue presentado en su tiempo por la Presidenta Michelle Bachelet y que lamentablemente hasta el día de hoy no ha sido aprobado".
Precisando ese punto, indicó que "vamos a solicitar el desarchivo del proyecto de la Presidenta Michelle Bachelet y presentar una indicación que permita actualizar esta normativa dándole un rango superior no solo al marco regulatorio -no va a ser ya un decreto, sino que una ley- sino que al contenido específico, particularmente las atribuciones que tiene el Consejo para desarrollar su trabajo".
Ahora bien, previo al trámite legislativo, el titular de Segpres indicó que "vamos a modificar el reglamento para que el régimen de inhabilitades e incompatibilidades esté establecido expresamente".
Cambios al reglamento
Apuntando al trabajo del Consejo, Elizalde señaló que "durante el Gobierno anterior, y esto no es con ánimo de generar empate, sino que es puramente descriptivo, la Contraloría General de la República evacúo un informe señalando que uno de los consejeros tenía claros conflictos de intereses, toda vez que siendo director de una consultora, tenía contratos con instituciones públicas y eso eventualmente podría significar que pudiera tener acceso a información privilegiada".
"Dado esa situación, hemos tomado la decisión de antes de la modificación legal, actualizar el marco normativo de carácter reglamentario estableciendo explícitamente las inhabilidades e incompatibilidades para que esta situación no vuelva a repetirse y sobre esa base, procederemos a la designación de los nuevos integrantes".
Con todo, el secretario de Estado aseguró que "las labores operativas que desarrolla el Consejo no se han paralizado en ningún momento y de hecho, ha seguido desarrollando su trabajo".
"Sin ir más lejos, a propósito del caso Convenios, se han instruido una serie de auditorias y recopilación de información en todos los servicios que realizan transferencias que obviamente son objeto de esta fiscalización", apuntó.
