El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la ampliación de querella que diputados del partido Republicano realizaron al recurso original de la colectividad con el objetivo de que la Fiscalía indague el rol del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson; de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y del jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi -todos militantes de RD- en el convenio suscrito con Democracia Viva.
Ello en el marco de las citaciones a declarar que el Ministerio Público está barajando para Martínez, el titular de Mideso y el ministro de Vivienda, Carlos Montes.
Al respecto, el secretario de Estado advirtió en radio Cooperativa que "de un tiempo a esta parte, el utilizar querellas contra funcionarios públicos -ahora nos damos cuenta, porque se está utilizando como una estrategia, en mi opinión, política contra altas autoridades- pero se está haciendo en otros ámbitos extremadamente habitual querellarse contra funcionarios públicos respecto a situaciones que adoptaron o respecto a situaciones que no se comparten".
En esa línea, indicó que "yo he visto la ampliación de la querella (de Republicanos), me parece que ellos ejercieron un instrumento jurídico para hacer una objeción que no es juridica, sino que es más bien política en el fondo y eso tiene consecuencias que degradan también el contexto del debate público".
"Yo lo he dicho en otra oportunidad respecto de otras situaciones, el derecho tiene cierta racionalidad y ciertas lógicas, pero cuando usted la utiliza como herramienta política, usted no sabe los efectos que puede terminar, además en un contexto en que el evento de la acción, es decir, interponer la querella, es el efecto que produce el daño y por lo tanto, los resultados que finalmente podrían terminar en nada, son muy poco conocidos", agregó.
Bajo esa consideración, Cordero reconoció que "a mí me preocupa que se comience a naturalizar en el debate político nacional el uso de la querella como un medio para contrastar o amparar una estrategia política".
