En medio de las múltiples investigaciones que la justicia lleva adelante a raíz del Caso Convenios, nuevos antecedentes se conocieron en las últimas horas en Valparaíso y Tarapacá.
En el caso de Valparaíso, y siguiendo la línea de cuestionamientos por millonarios tratos directos firmados por la exsubsecretaria de las Culturas, Andrea Gutiérrez -que hoy están siendo investigados por eventuales delitos-, en las últimas horas surgieron antecedentes por la supuesta arbitrariedad con la que la actual seremi de Valparaíso de la misma cartera, Patricia Mix -hermana de la diputada de Comunes, Claudia Mix-, firmó 17 convenios por más de $230 millones.
Según la denuncia del diputado
Andrés Longton (RN) y su par, Andrés Celis, hay nuevos antecedentes que "tienen relación con que desde la Seremi de Cultura de Valparaíso han entregado muchos recursos a dedo y de forma discrecional", según consigna El Mercurio de Valparaíso.
El parlamentario Longton afirmó además que ninguno de estos contratos pasó por el visto bueno del Consejo de la Comisión Evaluadora, y que Mix habría firmado estos documentos seleccionado a quienes tenían "mayor cercanía ideológica con el Gobierno o que habían sido ex candidatos del Frente Amplio y el PC".
Así, entre los nombres cuestionados está el de la excandidata a consejera regional, Karen Jorquera, quien a través del Centro Cultural de Playa Ancha recibió $30 millones para realizar el carnaval mil tambores del año pasado. O los $32 millones que recibió la Corporación de Educación, de Arte y Cultura, a nombre de la candidata del PC al Consejo Constitucional, Carolina Fernández, para realizar actividades artístico culturales tras el incendio que afectó a Viña del mar.
Sumado a ello, Longton denuncia "que se le entregaron más de $40 millones a una sociedad por acciones (SpA) con fines de lucro, constituida tan sólo dos meses antes de haber sido receptora de estos recursos por parte de la seremi de Cultura de la Región de Valparaíso". Se refiere a Tékne Cultura Educación Trabajo SpA, sociedad por acciones liderada por la gestora cultural Sonia Sanhueza Carrasco, que recibió vía trato directo $48 millones para el desarrollo de un Programa de Apreciación de la Música Nacional.
A juicio del parlamentario, "a estas alturas parece ser un mecanismo que está instaurado a lo largo de todo Chile y que tiene como objetivo principal hacerse fácilmente de recursos públicos creando organizaciones de la sociedad civil por quienes tienen mayor cercanía con este Gobierno, en detrimento de otras con una larga experiencia y competencias necesarias para manejar estos recursos o poder ejecutarlos de mejor manera".
Tarapacá
En el caso de la región de Tarapacá, los cuestionamientos recaen en el ex seremi de Vivienda y Urbanismo regional, Francisco Javier Martínez Segovia, quien el 8 de agosto de 2022, habría firmado siete resoluciones que autorizaban traspasos a la Fundación EnRed Social por un total de $1.060.619.263.
Según consigna Ex-Ante, se trata de convenios del 29 de julio del 2022, realizados por trato directo, bajo el Programa Asentamientos Precarios.
Cinco de esos convenios tenían por objeto la "habilitación primaria", con montos de: $81.808.665, $153.591.298, $149.778.580, $266.701.898 y $175.238.822. En tanto, las otras dos transferencias fueron de $181.000.000 y $52.500.000 para "diagnóstico territorial campamentos".
Asimismo, se conoció que poco más de un mes después de que Martínez firmara las siete resoluciones, el 13 de septiembre, renunció a su cargo.
Asimismo, se conoció que en el registro de transferencias del Ministerio de Hacienda aparecen sólo cuatro de los al menos 22 traspasos de dineros desde el Estado a la Fundación EnRed Social. Se trata de los municipios de Las Condes y Puente Alto, además de la subsecretaría de Hacienda, entre 2021 y 2022.
En su sitio web, la fundación en cuestión se define como sin fines de lucro que promueve la inversión social de impacto público-privada, mediante mediante la implementación de proyectos enmarcados en la innovación social y los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales tienen como fin favorecer la calidad de vida de los grupos más vulnerables de nuestro país.
La fundación inició actividades en el SII el 1 de septiembre del 2020, con el giro "fundaciones y corporaciones; asociaciones que promueven actividades", y su fundadora y directora ejecutiva es Carolina Andrea Pérez Fierro, quien es trabajadora social y cuenta con un magíster en Intervención Social y Pobreza de la U. Católica de Valparaíso.
