Hace semanas que el Gobierno asegura que el proyecto que busca modificar las sanciones por usurpaciones y facilitar la detención de los ocupantes ilegítimos, sufrió una serie de cambios durante la tramitación que ahora se trata de una "aberración jurídica" y que se podría caer en la "autotutela", fomentando un escenario de mayor violencia.
Durante el debate en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, la ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que el Ejecutivo decidió retirar la urgencia y añadir nuevas nuevas indicaciones en la norma relacionada al listado de campamentos que estarán excluidos de las sanciones, ya que hubo casos que "el catastro no recogió". Por ende, volverá a la comisión de Seguridad de la Cámara a segundo trámite reglamentario.
Eso sí, el proyecto se votó en general y fue aprobado por 89 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones. Con una fuerte negativa de los parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista.
Cabe recordar que la matriz del proyecto, por un lado, busca diferenciar las diversas hipótesis de usurpación y ocupación de inmuebles, para, así modificar la limitada sanción dispuesta en la ley a su respecto, que corresponde a multa. Y por otro, garantizar la aplicación de la norma y disuadir la comisión de esta clase de hechos mediante una sanción eficaz, otorgándole carácter delictivo a la respectiva conducta, para lo cual se elimina el límite a la flagrancia y se establece una nueva vía sancionatoria para la modalidad no violenta, con el propósito de facilitar la detención de los ocupantes ilegítimos.
A juicio de Tohá el debate en la Sala "ha mezclado situaciones muy distintas" y advirtió que "si no queremos hacer una embarrada monumental lo tenemos que discutir bien".
Además, aclaró que el Gobierno busca sancionar las usurpaciones, pero que no se va a promulgar una ley que permita el enfrentamiento "cuerpo a cuerpo" y en esa línea, aseguró que se utilizarán todas las herramientas para impedirlo.
El debate en Sala
La situación de los campamentos, la violencia en la Macrozona Sur, las “Tomas VIP” y el narcotráfico son algunas de las materias que abordaron durante el debate en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.
La diputada Maite Orsini (RD), miembro de la comisión de Seguridad, argumentó que "el proyecto amplía tanto que mete en el mismo saco conductas que son graves y conductas que no deberían tener una sanción penal: No es lo mismo quitarle una casa a un adulto mayor y ocuparla para vender drogas a que un grupo de personas que el Estado le ha fallado - y con su legítimo derecho a un hogar - organizados en comités de vivienda, se tomen un terreno históricamente abandonado, esperando que le den una respuesta habitacional".
“Es necesario legislar respecto a las usurpaciones, pero no a costa de penalizar con cárcel a quienes viven en asentamientos informales por necesidad. No podemos criminalizar la pobreza”, agregó la parlamentaria.
El diputado Gonzalo Winter (CS) sostuvo que "no estoy para tratar de criminales a quienes formaron La Pincoya, La Victoria, La Legua, la población Recabarren de Renca o La Bandera en San Ramón. No me asiste una idea más irresponsable que un legislador que promueve el enfrentamiento entre civiles como lo hace esta ley2.
Asimismo, la jefa de bancada del Frente Amplio, Camila Rojas (Comunes), dijo que "es improcedente que el Estado le diga a los ciudadanos que se tomen la justicia por sus propias manos. Creo que esto es lo mas grave de este proyecto de ley, se está dando un espacio amplio para la autotutela, lo que resulta peligroso no solo para la democracia si no que también para la seguridad de las personas. Si le decimos las personas que resuelvan los problemas como puedan ¿Para que sirve el Estado?".
El jefe de la bancada del Partido Comunista, Luis Cuello, argumentó que “este proyecto enfrenta con política criminal un problema social, es un proyecto que es absolutamente desproporcionado (…) penaliza por igual conductas distintas (…) lo más grave es que introduce mecanismos de autotutela que permite que los civiles empleen la fuerza y eso atenta contra el estado de derecho y pone en riesgo la seguridad de las familias que habitan los campamentos”.
La visión de la oposición
El jefe de la bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, indicó que "es fácil criticar la norma cuando no se vive con el susto que hay en la Macrozona Sur, cuando no se han tomado la parcela, la casa o el domicilio donde se vive".
"Personas no han podido acceder a sus viviendas porque los terrenos donde se van a construir las viviendas sociales están tomados. Muchos claman por el estado de hecho y el orden, muchos claman por reponer la seguridad en nuestro país y este proyecto avanza en esto", añadió.
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Becker (RN), en su intervención planteó que este proyecto "hace un poco de justicia frente a tanta violencia, dolor y la falta de un Estado justo para que todos puedan trabajar en sus tierras o en sus casa".
"¿Qué les parecería si yo voy y les tomo su casa con un grupo de personas?", emplazó el diputado a los diputados oficialistas, “así lo estamos viviendo nosotros a diario”, agregó.
El punto medio del diputado Araya (IND-PPD)
El diputado Jaime Araya (IND-PPD) llamó a sus colegas a “transitar por el camino de al medio, de la racionalidad”.
El parlamentario advirtió que es “una situación difícil” y señaló que “había un buen proyecto, razonable, que aumentaba la pena y se aumentaba la flagrancia para que carabineros pudiera hacer la intervención necesaria”.
En ese contexto, relató que “en la derecha, un senador se puso creativo y puso la legitima defensa privilegiada (…) habilitando a los ciudadanos a que sustituyan el rol del Estado en hacer justicia y nos puede llevar a un conflicto que podría ser una guerra civil en La Araucanía”.
Sin embargo, aclaró que "esta no es una ley que criminaliza los campamentos ni criminaliza la pobreza".
