Ministro de Hacieda, Mario Marcel, y directora de Presupuesto, Javiera Martínez, exponiendo en la comisión de Hacienda en el Congreso Nacional.
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Un sinfín de afirmaciones e incriminaciones se han elevado en torno al rol de la Dirección de Presupuestos en el Caso Convenios (Dipres). Sobre todo por las transferencias de recursos públicos desde los gobiernos regionales a la organizaciones sin fines de lucro y cuál es el papel que juega la Dipres en la supervisión de los gastos.
Por un lado, la oposición acusa que hay un comité de auditoría interna que no está funcionando, que se relajaron los controles para permitir transferencias directas y que ante las posibles transferencias irregulares la Dipres tuvo que haber levantado alarmas.
Ante estos cuestionamientos, el ministro de Hacienda, Mario Marcel y la directora de presupuesto, Javiera Martínez, comparecieron ante Congreso Nacional para esclarecer las funciones del organismo y cuáles son los pasos a seguir para avanzar en probidad y un mejor gasto de los recursos.
Según detalló Marcel "la Dipres verifica el cumplimiento de las materias que son de su propia competencia, la disponibilidad de recursos y la coherencia del movimiento respectivo con las metas fiscales de la administración".
"El mérito de la decisión de reasignación es competencia del servicio responsable de la ejecución de los recursos, sin que le corresponda a la Dipres la ejecución de éstos o la fiscalización de su uso conforme a la Ley", agregó el secretario de Estado.
Además aseguró que durante esta administración "no se redujeron los estándares para convenios de transferencias con instituciones privadas sin fines de lucro", por el contrario "se restringieron más". Asimismo, emplazó a los parlamentarios "que están haciendo estos comentarios a que me digan dónde están".
En esa línea pasó a detallar que en el presupuesto para el año 2023 "se fortaleció la capacidad ejecutora propia para que ellos mismos (gobierno regionales) puedan llevar a cabo programas; se incentivó la transferencia a entidades públicas por sobre a entidades privadas, y su forma de registro para que se igualara a la situación del Gobierno Central; se amplió la exigencia de utilizar mecanismos concursables en la asignación de recursos y se robusteció la asignación directa", entre otras medidas.
Y aclaró que durante el 2022 "la combinación de la ausencia de facultades y recursos operacionales, más el cúmulo de regulaciones, incentivaban a los Gobiernos Regionales a operar mayoritariamente a través de convenios con instituciones privadas sin fines de lucro".
Asimismo, expuso una listado de medidas que se pueden tomar hacia adelante, muchas de ellas en la tramitación del presupuesto para el 2024. Específicamente sobre el comité de auditoría, la directora de la Dipres apuntó a que se requiere "una regulación de carácter legal permanente y no voluntariosa como ha sido hasta el momento".
Los cuestionamientos
Pese a las explicaciones, hubo parlamentarios de oposición que se fueron en picada contra argumentación del Ejecutivo. El senador Juan Antonio Coloma (UDI) respecto a la auditoría interna, dijo que "no me quedo claro por qué no funciona. Porque ha funcionado en los últimos años, está es una idea desde el Presidente Frei, Lagos, Bachelet y Piñera, tiene una larga historia, y me sorprende que hoy no se ha hecho. Lo que se propone es realizar una institucionalidad, pero es complejo en este escenario, que una auditoría interna que no se ha hecho o no han sido capaces de advertir los casos que hoy tiene conmocionado al país".
Al revés del Gobierno, el diputado Carlos Bianchi (PPD) señaló que "la responsabilidad de la Dipres no termina ahí, sino que también es regular y supervisar la ejecución del gasto público sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden a la Contraloría General de la República". general de la republica. dicho esto,
Asimismo, planteó que "el rol del comité de auditoría interna del Gobierno es prestar asesoría en materia de auditoría interna, el control interno y probidad administrativa y además, hacer un seguimiento permanente de los objetivos de control".
"La responsabilidad es de rango legal y supervigilar el gasto de los ministerios y no solo diseñar el presupuesto de la nación (...) quien ejerza la dirección de la Dipres debe levantar alertas y relacionarse con los gobernadores regionales", agregó Bianchi.
El diputado Agustín Romero (Republicano) si bien no cree que la Dipres deba tener un fiscalizador, dijo que "no se puede desentender 100% de su responsabilidad. Si la Dipres habilita un gasto, evidentemente no puede desentenderse y decir 'yo no sabía lo que decía', no es cualquier institución (...) este no es un órgano de segundo nivel al que nadie le pregunte y que no tiene nada que decir, por eso mi preocupación a que tengamos cuidado de mezclar estas estas cosas la Dipres y lo que significa esta institución".
Respecto a la flexibilización de los estándares, el diputado republicano dijo que "el problema es que las excepciones se fueron generalizando más para algunos casos y se dio que al final algunos encontraron donde meterse y comenzaron a robar, y yo no recuerdo que esto haya sido tan generalizado otros años".
Mientras que Miguel Mellado (RN) argumentó que "los controles están laxos en los gobiernos regionales, en el Gobierno central y en la Contraloría. Yo creo que el rol de la Dipres debería ser el de la auditoría interna (..) debería ser quien fiscalice lo que se hace y no un mero contador de plata, tiene que pedir más antecedentes". Su compañera de bancada, tras la exposición del Ministerio de Hacienda, la diputada Sofía Cid planteó que "la verdad es que quedé con más dudas que antes. Esperábamos las respuestas de la Directora de Presupuestos pero sólo habló el Ministro, para decirnos que todo estaba en regla y que en el Presupuesto 2024 íbamos a arreglar la situación puntual que se había dado con los traspasos a las fundaciones. Me preocupa la liviandad con el Gobierno aborda el tema, pareciera que no fuera grave".
