Vehículos y personal uniformado de Carabineros ingresaron al fundo Santa Rosa de Colmo –la familia Easton es propietaria del terreno–.
Cedida por la Delegación Presidencial de Valparaíso
Un amplio operativo policial de Carabineros se desplegó esta mañana para desalojar la "toma VIP" de Quillota, Región de Valparaíso. El plazo para concretar el desalojo de los usurpadores era hasta antes del 18 de agosto, según la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Vehículos y personal uniformado de Carabineros ingresaron al fundo Santa Rosa de Colmo –la familia Easton es propietaria del terreno– para hacer efectiva la orden de la Justicia. Fue en enero de este año que se dio a los usurpadores un período de cuatro meses para abandonar el lugar, al acoger el recurso de protección interpuesto por los dueños legales.
El operativo policial dejó a una persona detenida por desorden durante el procedimiento policial. El coronel Mario Recabarren, prefecto de la Prefectura Marga Marga, detalló que "hubo una oposición por parte de estos individuos,
en cuanto a que encendieron una barricada incendiaria, la cual fue apagada prontamente por nuestros lanzaaguas".
En ese sentido, Recabarren detalló que el ingreso del personal policial al terreno -de 20 hectáreas- fue "en forma pacífica" y que los usurpadores "fueron retirados pacíficamente". Tras ello, los uniformados realizaron un posicionamiento en el lugar, para luego entregarlo.
Según el catastro de Carabineros, en un principio en el lugar se albergaban cerca de 70 familias. Recabarren señaló que se mantuvieron reuniones con los pobladores para que depongan su actitud y así abandonar el lugar de forma voluntaria.
El lunes, desde la Delegación Presidencial de Valparaíso le explicaron a Emol que "sigue saliendo gente" de forma voluntaria de los terrenos usurpados.
La delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, indicó que "como Gobierno hemos realizado todas las coordinaciones necesarias para dar cumplimiento con el fallo de la Corte". "Hemos impulsado espacios de diálogo y de búsqueda de solución conjunta, lo que lamentablemente en algunos casos no ha sido posible", agregó.
Asimismo, señaló que el Gobierno comprende que el déficit habitacional es una problemática que debe ser atendida "con sentido de urgencia", por lo que se fijó una meta de "estrechar la brecha habitacional y llegar a 32 mil familias".
En tanto, el delegado presidencial provincial de Quillota, José Orrego, indicó que "estamos desarrollando un dispositivo social, en el cual las personas de la toma pueden acceder a él (...) para ver cuáles son las necesidades más importantes que tienen y que podamos resolver siempre en el marco de la justicia".
Por su parte, Belén Paredes, Seremi de Vivienda y Urbanismo, dijo que "nos hacemos cargo del fuerte de déficit habitacional que enfrenta la región; nos hacemos cargo a propósito de la implementación del Plan de Emergencia Habitacional que lo que busca principalmente es recuperar el rol del Estado y aumentar la fuerza productiva".
