Las últimas declaraciones del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, sobre el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) volvió a subir la presión sobre el Ejecutivo.
El titular del órgano contralor desdijo las declaraciones que la subsecretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, vertió este lunes en la comisión investigadora por el Caso Convenios, apuntando que la instancia "no es un órgano de control".
"No hay un relajo en los criterios", indicó Lobos sobre esta administración, "sino que un cambio en los criterios para poner el foco en lo que es la auditoria interna, dado que el control financiera contable le compete a la Contraloría".
Ahora bien, consultado por estos dichos, Bermúdez explicó que "en todo Estado de derecho, que es el que tenemos en nuestro país,
hay tres líneas de control" siendo el segundo de ellos el que "
tiene que estar dado por las auditorías que son las auditorías de Gobierno".
"Esa segunda línea de control debería estar operativa y ese es el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, el CAIGG", acotó.
Por lo demás, subrayó que "luego, la tercera línea de control, es la que hace la Contraloría. Por lo tanto, esa es la forma en que está articulado el control y que debería operar".
Con esto, parlamentarios de oposición reafirmaron sus críticas hacia el Gobierno en lo que ha sido el destape de la trama fundaciones. El presidente de la comisión de investigación por caso Convenios, José Miguel Castro (RN) señaló que "declaraciones como la del Contralor justamente hacen ver la poca sincronía o entendimiento que tiene el Gobierno de su propio quehacer".
"Justamente en ese sentido vamos a invitar al Contralor General de la República para que pueda explicar en general, no solamente a la comisión, sino que también a este Gobierno, cómo funciona el Estado y cómo su rol fiscalizador debe hacerse presente en los distintos ministerios", agregó.
Asimismo, Castro apuntó que "a dos años del inicio de este Gobierno, nos damos cuenta por justamente esta comisión, que el Gobierno dada las declaraciones del Contralor General de la República, al parecer no entiende cuáles son sus funciones, no entiende la importancia de su rol fiscalizador, de su rol auditor que debe tener dentro de su propia estructura".
Quien también dirigió sus dardos al Ejecutivo fue el diputado Gustavo Benavente (UDI). "Esto demuestra una vez más que el Gobierno en el caso Convenios está disparando a la bandada puesto que lo que dice el Contralor reafirma una vez más que el Comité de Auditoría si era un organismo de control y en consecuencia, al quitarle facultades por parte de este Gobierno y bajar los controles, demuestra una vez más que el Gobierno si tiene una enorme responsabilidad en el caso Convenios y trata de evadir su responsabilidad señalando que aquí estamos frente a un caso puntual y especifico, cuando en realidad aquí estamos frente a un mecanismo ideado para sacar plata del Estado y destinarlo a fines políticos", sostuvo.
En ese sentido, adujo que "el Gobierno no puede mirar para al lado. Razón teníamos entonces justamente para pedir la salida del ministro Jackson y creo que el Gobierno tiene que seguir asumiendo su responsabilidad, al menos política en este sentido, al no haber puesto en alerta todos los mecanismos de control que dispone el Gobierno para haber evitado esto".
Por su parte, el diputado y subjefe de Evópoli, Jorge Guzmán, denunció que "hubo por parte del Consejo de Auditoría Interna una total desidia respecto de generar un control preventivo de los hechos que podrían, en definitiva, anunciar o delatar que había una red de corrupción al interior del propio Gobierno".
"Aquí no se hicieron las acciones pertinentes, no se elaboró, no se trabajó de forma preventiva y por el contrario, se pavimentó el camino o se facilitó para que todos estos hechos de corrupción de pudieran multiplicar en los gobiernos regionales y los distintos servicios públicos", criticó.
