"No tendríamos ningún problema en decir: mire, no se aprobaron las indicaciones que mejoran el texto vigente, por tanto, no podemos llamar a votar apruebo de esto", comentó José Antonio Kast en un programa streaming de su partido. Contraste importante con su postura en mayo, cuando declaró que la nueva Constitución debía "dejar conforme a la mayoría de los chilenos, no a la mayoría del Partido Republicano".
Por su parte, desde Amarillos al Frente Amplio advierten que no llamarán a aprobar si se pasan a llevar sus líneas rojas. Mal pronóstico previo a las votaciones de las enmiendas en el Consejo que comienzan el próximo lunes. Pues lo cierto es que, si ni siquiera se logra un acuerdo entre los partidarios del Rechazo del 4-S —caracterizado por su transversalidad política—, las posibilidades de aprobarse la nueva Constitución se vuelven bastante bajas. ¿Y entonces qué? ¿Qué pasa si se rechaza de nuevo una propuesta constitucional?
Lo primero y más obvio, fracasa la política y su capacidad de mediar las necesidades y problemas de la ciudadanía. Fracaso que arrastrará a la democracia representativa, y que acrecentará el malestar ciudadano, que ve con frustración la falta de conducción política de los mandatados a liderar. Lo que queda, en cambio, es solo desconfianza y desorientación.
Lo segundo es que, rechazado el proyecto, queda intacto el mismo sistema político que no asegura la gobernabilidad ni estabilidad necesarias para el desarrollo del país. Para algunos todo lo anterior es puro dramatismo, pues de rechazarse se mantiene vigente la actual Constitución, pero ¿qué tranquilidad entrega ello? Una Constitución que los tribunales transgreden legislando a través de sus fallos, y sobre la que los parlamentarios prefieren saltar y "cometer un sacrilegio", en palabras de la expresidenta del Senado. La Constitución vigente es hoy parte del problema que genera inestabilidad, ingobernabilidad y crisis institucional.
Frente a los problemas que supone un nuevo rechazo, el ánimo y esfuerzo de todos los sectores no debiera ser otro que hacer lo posible para que la propuesta de nueva Constitución se apruebe. Y, en esta difícil tarea, es el Partido Republicano quien tiene el sartén por el mango: de ellos depende sacar adelante y no farrearse la oportunidad, pues la mayoría conseguida en el Consejo los hace responsables de eso. Son ellos quienes pueden abrir seriamente los espacios de diálogo y entendimiento para discutir sus enmiendas y buscar indicaciones con unidad de propósito. Lo que no se logra excusándose de las negociaciones, adelantando escenarios adversos, ni buscando —peligrosamente— tensionar el asunto.
La búsqueda por incorporar las demandas e inquietudes ciudadanas —como han argumentado— para darle "alma" al texto, no debiera ir de la mano con dejar fuera de juego ni ganarle el gallito al adversario. Así como tampoco tener mayoría significa imponer —Stingo dixit— las propias ideas. De ese modus operandi ya conocemos las consecuencias.
La Constitución debe ser el piso mínimo de entendimiento respecto de nuestras reglas del juego. Que permita y no excluya de entrada las discusiones democráticas. ¿O tan rápido se nos fue el ánimo de escribir un texto que sea la casa de todos? Los avances logrados en este sentido, tanto por las doce bases constitucionales, así como por el anteproyecto de la Comisión Experta, son significativos. Un Estado social y democrático de derecho que avance en garantías mínimas para el ejercicio de los derechos y las libertades, de la mano con el respeto de la dignidad de las personas y la servicialidad del Estado, así como disponer de un sistema político que habilite los acuerdos y modernizar el Estado para una gestión eficiente de los recursos, son los aspectos centrales que debiéramos impulsar y no echar por la borda.
Es de esperar que los republicanos hagan eco de las propias palabras que escribió Beatriz Hevia en este medio: "Estar dispuestos a dialogar de buena fe y con una mentalidad abierta" con miras al interés común.
De lo contrario, será difícil distinguirlos de quienes, con ánimo mesiánico, buscaron imponer a la fuerza sus posturas refundacionales en la fallida Convención.
