Fueron 45 días los que tuvo como plazo de funcionamiento la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado, también conocida como "
comisión Jaraquemada", para entregar un informe con medidas al
Presidente Gabriel Boric, lo que se concretó esta jornada.
Desde que estalló el Caso Convenios, y que puso en tela de juicio la credibilidad del Gobierno -y entre otras cosas, impulsó la renuncia del ministro y mano derecha del Presidente, Giorgio Jackson-, la instancia buscaba ser una salida a la contingencia, pero también una forma de dar respuesta a la necesidad de regular de mejor forma el vínculo entre dichas sociedades y el Estado, precisamente para evitar los casos de corrupción.
Así, la comisión inició sus labores de forma preliminar el 7 de julio, y desde la publicación del Decreto que la creó, sus tareas finalizaron el 26 de agosto. En total, fueron 30 sesiones -entre ordinarias y extraordinarias- que dieron forma al trabajo de los expertos, quienes escucharon a 42 representantes de organizaciones sociales, la academia, organismos del Estado e internacionales, y se recibieron un total de 58 propuestas ciudadanas, vía correo electrónico y por un formulario especialmente habilitado para estos efectos.
Comisión planteó 46 medidas
En total, son 46 las medidas propuestas por la comisión Jaraquemada que apuntan a mejorar la regulación y relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro, las que tendrán que ser evaluadas por el Ejecutivo para su posible implementación.
De éstas, 15 tienen relación con sistemas de control, infracciones y sanciones; 13 con formas de relacionamiento de las IPSFL con el Estado; 7 sobre la transparencia en organismos del Estado y registros relevantes sobre estas organizaciones; 4 relacionadas con el gobierno corporativo en estas sociedades; tres sobre tipología y distribución de las IPSFL en Chile; 3 sobre la transparencia activa de las IPSFL; y una respecto al seguimiento y monitoreo de las medidas propuestas.
Dentro de las principales medidas, está la
creación de una ley general de transferencias, "que regule de manera general y supletorio las transferencias estatales a instituciones privadas con y sin fines de lucro"; y ampliar la cobertura del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (Sisrec) de Contraloría "como portal único de rendición de las transferencias del Estado".
También se propone crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile, de carácter electrónico "que permita hacer seguimiento y acceder a información sobre las transferencias de recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil".
En materia de obligaciones de transparencia activa para las IPSFL, se propone que éstas deban publicar "cierta información sobre sus antecedentes básicos, su gobierno corporativo, sus actividades y financiamiento en sus sitios web".
También se propone aumentar estándares de control a corporaciones municipales y regionales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio; y establecer la obligación de los alcaldes de "informar y rendir cuentas al concejo municipal de toas las transferencias, proyectos de inversión o iniciativas, independiente del monto, aunque no requieran su aprobación".
El documento además plantea que se reduzca el monto de 7.000 UTM previsto en la Ley de Gobiernos Regionales, por el cual el gobernador regional requerirá la aprobación del consejo regional para proyectos de inversión e iniciativas. "En todo caso, deberá informar al Consejo Regional de todos los proyectos de inversión e iniciativa", señala el texto.
En materia de sanciones, se propone establecer un catálogo, que sean proporcionales a la gravedad -tales como multa, amonestación, menor recepción de fondos públicos o suspensión- adicionales a la cancelación de la personalidad jurídica de la IPSFL en cuestión.
También se propone incorporar norma de incompatibilidades "para relaciones de pareja no formalizadas e hijos en común", en materia de contratación y transferencias, "como ha ocurrido en materia de legislación penal sobre femicidio y de violencia intrafamiliar, así como para aquellos con que tienen o han tenido un hijo en común", señala el documento.
Proponen ademas que el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) esté regulado en una ley, "y que le dé cierta autonomía al gobierno de turno para cumplir su rol y garantice su profesionalismo".
Además, se plantea otorgar la legitimación activa al Contralor General de la República y, por delegación de éste a los Contralores Regionales, "para que sea el Tribunal Electoral Regional (TER) quien determine si las infracciones de los deberes de las autoridades electas implican infracciones graves".
