El polémico proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, más conocido como "usurpaciones", no estaba en tabla para ser votado esta semana en la Cámara de Diputados.
Tras la reunión de comité del lunes -y la disconformidad de algunos sectores- los parlamentarios acordaron volver a ponerlo en tabla para este martes. Esta era la única forma de que se volviera a debatir en el hemiciclo ya que el proyecto no cuenta con "discusión inmediata".
Se realizaron 13 votaciones en particular, incluyendo la renovación de una serie de indicaciones por parte de parlamentarios y el Ejecutivo. Ahora, el proyecto pasará a tercer trámite constitucional en el Senado y será sometido a votación mañana.
El texto sugerido por la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara fue aprobado con 99 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, con el rechazo de parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista. En relación a las votaciones en particular, el Gobierno sufrió un duro traspié ya que sus indicaciones fueron rechazadas y se aprobaron los artículos donde prevén "autotutela".
Ante este escenario, el Gobierno - a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá - aseguró que se ocuparan todas las instancias tanto dentro como fuera del Congreso para mejorar el proyecto, incluyendo el Tribunal Constitucional.
Visión del Ejecutivo
El miércoles pasado, durante su intervención en la Sala Tohá indicó que "se requiere una nueva legislación en la materia ya que la actual no es suficiente, pero este proyecto así como está, está malo, no un poco malo, está pésimo. Hay cosas que no son presentables".
"Como Ejecutivo, en esta fase, y en las que puedan venir, vamos hacer todo lo posible para que salga una ley, pero una buena ley, porque se necesita (...) hoy las herramientas son muy débiles. La usurpación hoy es una falta", agregó.
¿Cómo se resuelve esto?, a juicio de la ministra del Interior, "pasando de la falta a un delito, para que usurpar un bien sea algo grave y quien lo hace pueda ser detenido. En segundo lugar, que el delito para el efecto del actuar policial sea permanente y que en cualquier momento el propietario pueda pedir el auxilio de la fuerza pública para que el bien sea recuperado. En tercer lugar, estar de acuerdo, que en los campamentos, que llegaron ahí por una necesidad de vivienda no se les aplique esto, porque si no, al día siguiente de que se promulgue esta ley se podrían detener".
Respecto a las preocupaciones del Gobierno, Tohá indicó que no están de acuerdo con que "la pena sea la misma si uno se salta una reja a que uno amenace con una pistola al propietario, porque no es lo mismo. Eso hay que cambiarlo".
Asimismo, "con que esté la posibilidad permanente de que la policía pueda ir y actuar se asimile a que el propietario puede ir, armar un lote y con palos, piedras y armas recuperar por sus propios medios el bien. Es una avance civilizatorio tener el monopolio del uso de la fuerza y no hacer justicia por las propias manos", explicó la secretaria de Estado.
Este martes, la ministra del Interior hizo hincapié en los peligros de la legítima defensa privilegiada que establece la normativa. "La legítima defensa privilegia habilita a hacer cualquier daño al autor del delito, acá se pueda actuar en cualquier plazo, se puede recurrir a terceros y se puede causar cualquier daño", indicó Tohá y lo calificó como "autotutela" y "ley de la selva". "Hagámoslo con herramientas del derecho y no del salvajismo", acotó.
Votación en particular
La diputada Alejandra Placencia (PC) y Eric Aedo (DC) solicitaron la votación en particular del artículo relacionado con la legítima defensa privilegiada. Con 73 votos a favor, 63 en contra y 5 abstenciones, se aprobó el numeral en cuestión, contrario a lo que buscaba el Gobierno.
Asimismo, el Ejecutivo renovó la indicación que apunta a las sanciones en los casos en que se actúe con violencia o intimidación.
"Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare total o parcialmente una cosa inmueble o usurpare un derecho real que otro poseyere o tuviere legítimamente, y al que, hecha la ocupación en ausencia del legítimo poseedor o tenedor, vuelto éste le repeliere, además de las penas en que incurra por la violencia o intimidación que causare, se le aplicará una pena de presidio menor en su grado mínimo y una multa de once a veinte unidades tributarias mensuales", establece el apartado. La propuesta fue rechazada con 41 votos a favor, 76 en contra y 25 abstenciones.
En el caso de que sea sin violencia o intimidación, el Ejecutivo planteó que "cuando, en los casos del inciso primero del artículo anterior, el hecho se llevare a efecto sin violencia o intimidación en las personas, la pena será multa de seis a diez unidades tributarias mensuales". Esto fue rechazado por 59 votos a favor, 74 en contra y 8 abstenciones.
Asimismo, la diputada Alejandra Placencia renovó la indicación que busca tener "especial consideración la situación de precariedad socioeconómica del imputado a efectos de determinar la realidad o peligro inminente del mal que se trata de evitar". Propuesta que fue rechazada por 54 votos a favor, 78 en contra y 9 abstenciones.
En relación a atenuar la detención ciudadana y reforzar el rol de las policías, el Ejecutivo renovó la indicación que dice que "la policía podrá detener al imputado que estuviere cometiendo el delito de ocupación de cosa inmueble", descrito en una serie de artículos en el Código Penal. La indicación fue rechazada con 53 votos a favor, 72 en contra y 16 abstenciones.
Finalmente, se votó el artículo transitorio renovado por el Ejecutivo en relación a los campamentos. "No podrá ser detenida (...) la persona que estuviere imputada por alguno de los delitos descritos en los artículos 457, 458 o 458 bis del Código Penal si se encontrare ocupando un inmueble que forme parte de un campamento incluido en el Catastro Nacional de Campamentos elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo vigente al 1 de marzo de 2024", establece la indicación que fue aprobada con 75 votos a favor, 51 en contra y 15 abstenciones.
