"Somos como los violinistas en el ‘Titanic’", es una frase que se repitió durante la semana en los pasillos del ex Congreso Nacional entre asesores y consejeros. El inicio de las votaciones de las enmiendas este lunes crispó los ánimos al interior de las comisiones del Consejo Constitucional, al evidenciar que llegaron a esta etapa —que había sido aplazada— sin mayores acuerdos transversales.
Al contrario de la Comisión Experta, que logró enmiendas de unidad desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, los consejeros no han conseguido establecer un piso mínimo para aprobar propuestas conjuntas, pese a las múltiples negociaciones que han sostenido los delegados de bancadas junto con los presidentes de comisiones.
No obstante, la comisión de Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales dio una luz de esperanza, ya que luego de un par de conversaciones antes de las votaciones, los integrantes de la instancia lograron aprobar de forma unánime cuatro enmiendas de unidad de propósito en materia de medio ambiente, que si bien habían sido firmadas solo por representantes de Chile Vamos y del Partido Republicano, fueron apoyadas por Unidad para Chile (PC, CS, RD y PS).
De esta forma, tras la frustración, los consejeros decidieron tomar medidas para mejorar la comunicación y redoblar los esfuerzos para conseguir consensos entre oficialismo y oposición, sobre todo pensando en la próxima semana, para cuando está programado votar los temas en que existen más diferencias, pero que también son claves para la propuesta constitucional.
La reaparición de los expertos
Si bien el trabajo de comisiones está contra el tiempo, una de las primeras decisiones que tomaron la mesa directiva y los delegados de bancada fue suspender las votaciones que estaban agendadas para martes y miércoles y así dar más tiempo a los consejeros para dialogar.
Con esto el calendario se estrecha, pues luego de las comisiones las normas deben ser debatidas y votadas en el pleno del Consejo Constitucional. Todo esto debe ocurrir a más tardar el 7 de octubre, fecha en que la propuesta debe ser remitida a la Comisión Experta para que la analice y entregue recomendaciones de mejoras.
Pero entre los consejeros prefirieron extender el trabajo en comisiones y desatar la mayor cantidad de nudos posible antes de enviar las normas al pleno. Si lo consiguen, creen, el paso en la sesión plenaria sería más expedito.
Otra decisión para acercar posturas fue formar cuatro mesas de negociación, una por cada comisión. Esto, ya que la mesa coordinadora que se había establecido a petición de la izquierda ha conseguido pocos resultados luego de más de diez sesiones.
Y en estas mesas optaron por un número acotado de integrantes para agilizar el trámite siguiendo el ejemplo de la Comisión Experta que en sus últimos días de deliberación decidió crear una mesa negociadora conformada por ocho miembros, que logró sacar adelante el acuerdo transversal. Es por esto mismo que también decidieron incluir en estas nuevas instancias a varios comisionados expertos e incluso a un asesor, buscando perfiles de personas que pudieran facilitar el diálogo, ya sea por su experiencia o por su liderazgo en las bancadas.
Así, la mesa de negociación de sistema político tiene cuatro comisionados (Antonio Rivas de CS, Gabriel Osorio del PS, Natalia González de la UDI y Juan José Ossa de RN) y dos consejeros (Beatriz Hevia del P. Republicano y Christian Suárez del PS). La de Función jurisdiccional tiene tres comisionados (Hernán Larraín de la UDI, Sebastián Soto por Evópoli y Domingo Lovera de RD) y tres consejeros (Luis Silva del P. Rep., María Pardo de CS y José González de RD); la de Principios cuenta con el jefe de asesores de la bancada de los republicanos Jorge Barrera, la comisionada Catalina Lagos (PS) y cuatro consejeros (Arturo Phillips de la UDI, Pilar Cuevas de RN, Fernando Viveros del PC y el representante indígena Alihuen Antileo); y Derechos económicos y sociales tiene cuatro comisionados (Carlos Frontaura en representación de los republicanos, Max Pavez de la UDI, Teodoro Rivera de RN y Alejandra Krauss de la DC) junto con los consejeros Yerko Ljubetic (CS) y Karen Araya (PC).
Asimismo, estas mesas deberán enfocarse en las materias que generan mayores diferencias en cada comisión. En Sistema político están trabajando principalmente en Congreso Nacional, redistritaje, reducción de número de parlamentarios y paridad en el Poder Legislativo; en Función jurisdiccional, en control preventivo sustantivo, modificaciones al Tribunal Constitucional (TC), quorum y mecanismos de reforma constitucional; en Derechos están abocados a garantías, salud, educación, pensiones, vivienda y agua; y en Principios, a tratados internacionales, derechos humanos, reclusión domiciliaria para los mayores de 75 años condenados a presidio, derecho a la vida, paridad, normas de niñez, pueblos originarios y cuidados.
Una vez que estas “mesas chicas” lleguen a acuerdos, elaborarán un insumo que será traspasado a la mesa de coordinación para ser estudiado y discutido en la instancia. Luego, este será transmitido a cada comisión para ser votado.
Por ahora, las comisiones votan las enmiendas en las que hay menos conflictos. Sistema político tenía presupuestado terminar de votar hoy todas las enmiendas del capítulo sobre Gobierno y administración regional y local para seguir con el capítulo del Congreso. Más allá de eso, la comisión ya fijó votar el sábado y domingo. Desde la derecha habrían hecho gestos ayer al oficialismo en proponer retirar enmiendas enfocadas en la figura del gobernador regional y las elecciones municipales. En Chile Vamos han tenido tratativas con republicanos para que retiren o modifiquen la enmienda que busca reducir el número de parlamentarios.
En la comisión de Principios el oficialismo estima que si los republicanos bajan la norma sobre reclusión domiciliaria para mayores de 75 años condenados, podrían ceder posturas sobre normas enfocadas en la niñez y los pueblos originarios.
En tanto, en Función jurisdiccional tienen la intención de votar un capítulo por día para terminar antes del miércoles. Los mayores nudos allí estarían en normas sobre Poder Judicial y el control preventivo del TC.
Recurso ante el CTA
De no prosperar acuerdos, consejeros y asesores de izquierda ya visualizan un movimiento de “última ratio”: recurrir al Comité Técnico de Admisibilidad (CTA).
Este es el "árbitro" del proceso que, previo requerimiento, debe resolver si una norma aprobada contraviene alguna de las 12 bases constitucionales. Para recurrir al CTA se necesita la firma de un quinto de los consejeros y presentarse hasta cinco días después que la enmienda haya sido votada. Sus resoluciones "deben ser adoptadas por la mayoría absoluta de sus integrantes y no serán recurribles ante tribunal alguno".
Quienes conocen el trabajo interno de la CTA señalan que han estado atentos a la discusión y revisando las más de mil enmiendas. Mucho de esto es compartido en un grupo de WhatsApp con una salvedad: en el grupo no se opina a favor o en contra de nada, es meramente consultivo e informativo.
Desde Unidad para Chile analizan activar el Comité si persisten normas que puedan, a su juicio, imponer un sistema en particular de salud o en seguridad social, en especial la redacción de algunas propuestas de la derecha sobre libertad de elección y la propiedad de las pensiones; si se aprueba una norma sobre derecho a la vida que impacte en la ley de aborto en tres causales; por último, activarían los árbitros respecto de las normas sobre tratados internacionales de derechos humanos que impulsa la oposición.
Son justo estos cuatro puntos de los cuales al interior del Comité habrían tomado nota y creen que podrían ser requeridos eventualmente. De todas formas, por ahora la opinión entre árbitros es que esta es una etapa "eminentemente política".
