Los ministros en la presentación.
Aton
Pese a que fueron invitados todos los integrantes de la comisión de Derechos Humanos, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, los
parlamentarios de oposición no asistieron al encuentro con familiares de detenidos desaparecidos y al anuncio de la agenda legislativa de derechos humanos en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.
En ese contexto, el
ministro Secretario General de la Presidencial, Álvaro Elizalde, sostuvo que "el Presidente Boric ha señalado con toda claridad que la conmemoración de los 50 años debe ser una oportunidad para dar un paso adicional en nuestro país, que nos permite avanzar hacia un acervo cultural compartido, un patrimonio del conjunto de la sociedad chilena respecto a la necesidad de cuidar la democracia, rechazar siempre los golpes de Estado, todo tipo de golpes de Estado en cualquier circunstancia y por cierto también señalar que son inadmisibles, inaceptables las violaciones a los derechos humanos".
"Creemos que incluso una declaración explícita en la materia representa un paso para contribuir a la mejor forma de convivencia en el futuro de nuestro país y esperamos que todos los actores políticos se sumen a este esfuerzo porque creemos que es un esfuerzo del conjunto de la sociedad chilena", agregó.
Los cinco proyectos
El Ejecutivo anunció que ingresará proyectos de ley o indicaciones a mociones parlamentarios en cinco aspectos: En primer lugar, se creará la calificación jurídica especial de "personas ausente por desaparición forzada" y se creará un registro que será administrado por el Registro Civil, el cual estará disponible para administración del Estado.
Asimismo, tipificará el delito de desaparición forzada y ejecución extrajera y se realizará un levantamiento parcial de la moratoria de secreto por 50 años sobre los testimonios otorgados a la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura ?(Comisión Valech) como parte del trabajo de reconstrucción de las trayectorias de personas detenidas desaparecidas que llevará a cabo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en cumplimiento del Plan Nacional de Búsqueda.
Se generará una política de memoria y patrimonio, mejorando los mecanismo de financiamiento y manutención de los espacios de memoria y se fortalecerá la regulación de estos mismos. Finalmente, se eliminará la restricción respecto de un conjunto de leyes que fueron dictadas bajo carácter secreto, reservado o de circulación para aportar a la transparencia y conocimiento de la comunidad de leyes y otros textos legales que hasta ahora se mantienen secretos o con acceso restringido.
Levantamiento Comisión Valech
El debate por levantar la reserva del informe de la Comisión Valech no es nuevo. Mientras quienes piden levantar el secreto han acusado en algunas instancias de "pactos de silencio", otros, que apuntan a mantener el resguardo del secreto, sostienen que se trata de respeto a las víctimas de los vejámenes y las violaciones a los derechos humanos que sufrieron.
En este contexto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, explicó que el proyecto consiste fundamentalmente en que "el equipo ejecutivo del Plan Nacional de Búsqueda tenga acceso a la información contenida en los antecedentes de Informe Valech 1 y 2, en los mismos términos que lo tiene actualmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La finalidad es poder cumplir con uno de los objetivos del plan y es trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hechas desaparecer".
"De igual modo que esa información pueda ser revelada en el evento en que se encuentren hallazgos relevantes, previo consentimiento de las víctimas o sus herederos", destacó.
Asimismo, el titular de Justicia agregó que "se establecerá la facultad para que las personas decidan voluntariamente alzar ese secreto en los mismos términos que ha venido sucediendo en la actualidad (…) del total de víctimas actualmente que se han requerido aproximadamente un poco más de 8.000 carpetas con sus testimonios y sus antecedentes".
