Se espera que al pasar la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, que ha consumido buena parte del debate político en las últimas semanas, vuelvan a tomar fuerza las agendas que se situaban en la primera línea de la discusión pública.
Pacto fiscal y reforma previsonal son las dos prioridades legislativas del Gobierno. Para viabilizarlas, el Presidente Gabriel Boric encabezó una serie de reuniones bilaterales con los partidos de oposición para efectos de encontrar una fórmula de consenso.
Esta semana, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la subsecretaria de la cartera, Heidi Berner, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, convocó a una reunión ampliada de representantes del oficialismo y de la oposición.
Dando cuenta de la cita, el titular de Teatinos 120 valoró en tono de la conversación e indicó que "en esta oportunidad ya hemos entrado en la discusión de los temas de incentivos al crecimiento y en particular, nos focalizamos en todo los sistemas de permisos para la materialización de inversiones".
En lo que respecta a la reforma de pensiones, el Ejecutivo buscará ingresar las indicaciones al proyecto a fin de mes en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas. Esto aún cuando no hay perfilado un acuerdo con la oposición.
Para tramitar el proyecto, la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, ha explicado que lo dividirán en dos. El primero contemplará destino del 6% de cotización adicional, la reorganización de la industria, y el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
La secretaria de Estado ha reconocido que las tratativas con la derecha "no ha sido un tema fácil. Por el contrario, se han ido tensionando las posiciones una vez que la derecha pasó de 3% a solidaridad y 3% a capitalización individual, a un mecanismo en el cual proponen que todo vaya a capitalización individual, con las consecuencias que esto tiene, es decir, con la consecuencia de que las pensiones no suben de aquí a 30 años más. Se pone bastante difícil la resolución de este tema para el bien del país, pero esperamos poder encontrarnos".
Usurpaciones
Con el despacho a ley del proyecto de Usurpaciones, el Ejecutivo anunció la presentación de un veto presidencial, particularmente al aspecto que permite la "legítima defensa privilegiada".
Lo que aún no está claro es la fórmula. La ministra del Interior Carolina Tohá, ha dicho que sería una posibilidad el combinar un veto supresivo con uno sustitutivo.
"Lo que si tenemos claro es que habrá veto, tenemos 30 días y que en ese veto, los elementos fundamentales en los que hay acuerdo, no los queremos tocar (...) aquí se trata de transmitir que el Ejecutivo, el oficialismo, no quería impedir que esta ley avanzara. El Ejecutivo estaba de acuerdo con esta ley, pero no con esta aberración que se le puso en el camino", sostuvo el 31 de agosto en radio ADN.
En la oposición han protestado en contra de la iniciativa del Gobierno. El presidente de la UDI, Javier Macaya, señaló que "lamentablemente la señal que le va a estar dando el Ejecutivo a las víctimas de las usurpaciones, es absolutamente negativa, es ponerse del lado de la impunidad".
Caso Convenios
Un asunto que no da tregua es el caso Convenios. Esta semana, fundación Democracia Viva afirmó estar "impedida" de restituir los fondos faltantes tras la disolución de los convenios entre la entidad y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Cabe recordar que a principios de agosto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda en la que se le ordenó a la ONG devolver $391 millones que se le transfirieron desde la repartición pública.
Si bien $294 millones fueron embargados, la restitución del monto faltante aún está bajo cuestión. La abogada de la fundación, Victoria Silva, señaló que la entidad no está en condiciones de devolver el dinero faltante en el plazo establecido.
A su vez, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, ha sostenido que "no es verdad que no se vayan a recuperar" los recursos.
"Eso de decir que no se van a recuperar, eso depende mucho de cómo se hagan las cosas, porque aquí ellos tenían recursos que no usaron en lo que correspondía, una ilegalidad de ellos y veremos qué pasa con la querella y la acción legal del Consejo de Defensa del Estado", señaló.
Reconstrucción
Cabe recordar que en la última reunión del comité de reconstrucción, encabezado por la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, la secretaria de Estado indicó que se le mandató a todas las carteras que integran la instancia actualizar sus metas y medidas teniendo a la vista las precipitaciones que afectaron a la zona centro sur del país.
Por lo demás, la ministra indicó que la posibilidad de establecer un comité para la reconstrucción de manera permanente, es un asunto que está evaluando el Ejecutivo.
"La situación actual nos hace pensar en que se requiere una institucionalidad o una gobernanza más permanente que se haga cargo que situaciones como esta van a seguir ocurriendo y por lo tanto, necesitamos tener un Estado que tenga preparadas respuestas, que no cada vez que tengamos una emergencia, tengamos que diseñar herramientas ad hoc, sino que nuestras herramientas e instituciones permanentes estén preparadas para hacerse cargo de estos daños", sostuvo.
