Domicilio de la sede de Democracia Viva en la comuna de Ñuñoa, según se indicaba en sus documentos fundantes.
El Mercurio (archivo)
La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso de protección presentado por la fundación Democracia Viva contra la resolución que puso término anticipado a los tres convenios, por un total de $426 millones, con la Seremi de Vivienda de dicha región, al detectarse una serie de incumplimientos. Tras la liquidación de los contratos, el Minvu estimó que la fundación debe restituir $391 millones, mientras que la ONG asegura que el monto a devolver es de poco más de $294 millones, generándose una diferencia de cerca de $97 millones. La acción de la entidad, dirigida por Daniel Andrade (ex RD), planteaba que la decisión adoptada por las autoridades de Gobierno la privó de su derecho a acceso a la justicia, afirmando la inexistencia de oportunidad "de participar en el procedimiento administrativo que debió sustanciarse previo a la dictación de las resoluciones exentas impugnadas". No obstante, el tribunal de alzada estimó que el recurso "no es un procedimiento idóneo para demandar la revocación o nulidad de un acto administrativo dictado en ejercicio de las potestades reconocidas a las autoridades competentes".
