Esto, luego de que el ministro de Justicia, Luis Cordero, remitió a la Corte Suprema los antecedentes que dispone el Gobierno sobre la decisión del juez, Héctor Barraza.
El Mercurio
"Es una intromisión y/o atropello a la independencia de los jueces". Esas son son parte de las palabras de Mariela Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), luego de que el ministro de Justicia, Luis Cordero, remitiera a la Corte Suprema los antecedentes que dispone el Gobierno sobre la decisión del juez, Héctor Barraza.
Barraza ordenó el miércoles liberar la identidad de los testigos protegidos a defensores de Los Gallegos, el brazo armado del Tren de Aragua en el norte del país. Eso sí, la determinación fue frenada luego de que la Corte de Apelaciones suspendiera la decisión del juez.
"Como Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, creemos que la decisión del Gobierno de remitir a la Corte Suprema los antecedentes que disponen sobre la decisiones del juez de garantía Héctor Barraza—que en opinión del Gobierno constituyen hechos graves que pueden comprometer su conducta ministerial—
es una intromisión y/o atropello a la independencia de los jueces y juezas en nuestro país", dijo Hernández.
En ese sentido, argumentó que eso "puesto que lo que se pretende atacar es una resolución judicial, susceptible de ser recurrida, como ocurrió en la especie".
Si bien la presidenta de la asociación dijo que "no podemos calificar una decisión jurisdiccional, ni menos referirnos a las acciones del Ministerio Público", destacó que "como se evidencia—en este caso, como en otros—las partes han hecho uso de las herramientas que confiere la ley, por lo que estimamos que el ejercicio de la facultad establecida en la Constitución, en este caso se afecta notoriamente a la independencia judicial".
