El Ejecutivo confirmó que el viernes se presentará el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones que fue aprobada por el senado el pasado 30 de agosto. El mecanismo que ha tomado más fuerza durante los últimos días es una observación sustitutiva no total, con el objetivo de cambiar algunos aspectos específicos de la normativa.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó que hay dos ejes que preocupan al Gobierno. En primer lugar, como quedó estipulado la "autotutela", donde "una persona apoyada por terceros puede ocupar cualquier herramienta y cualquier arma para defenderse de manera indefinida en el tiempo".
Y por otro lado, las penas. Según la secretaria de Estado, "la ley quedó formulada de tal manera que es la misma pena si quienes hacen la usurpación, por ejemplo, se saltan la reja o rompen el candado o amenazan con una pistola a los hijos de los ocupantes, la pena es la misma".
El desafío del Ejecutivo está en sumar apoyos en la oposición, pero también debe convencer a los parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista, quienes se opusieron al proyecto desde un comienzo ya que según ellos la iniciativa criminaliza las tomas y ocupaciones de terrenos.
Para eso el Gobierno se ha desplegado en conversaciones con las distintas fuerzas políticas tanto de oficialismo como de oposición, diálogos que continuarán mañana en el cónclave oficialista en Cerro Castillo en Viña del Mar, como último recurso para alinear a la coalición.
Si bien los personeros de La Moneda se han manifestados optimistas por el futuro del veto, están conscientes de que existe la posibilidad de que este fracase, por lo que es clave la técnica legislativa que se utilice.
El veto ingresará el viernes al Senado y se requiere de la mayoría de los presentes para que se aprueben las observaciones del Presidente Gabriel Boric, de lo contrario, se pasa a votar la opción de mantener el texto original para lo que se requiere 2/3 de los parlamentarios, quórum muy difícil de alcanzar dado el escenario actual. Si ninguna de las opciones prospera, no habría ley en la materia que fue vetada.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, optó por no ahondar en las dificultades en la negociación y dijo este martes que "el Presidente de la República va a ejercer la atribución que le confiere la Constitución y esperamos que su propuesta sea acogida por el Congreso Nacional".
"Lo que nos interesa es velar por una buena ley, que sea una buena herramienta para restablecer el imperio del derecho, proteger a las víctimas y que al mismo tiempo respete un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, la violencia entre particulares no tiene cabida para resolver conflictos jurídicos", agregó el secretario de Estado.
A juicio de la diputada Ericka Ñanco (RD) "la ley de usurpaciones para nosotros es una ley que genera conflictos a la hora de ver cómo se han llevado a cabo distintas formas de resolver las tareas importantes que requiere Chile, que tienen que ver principalmente con el acceso a la vivienda, con la demanda territorial que han ejercido las comunidades desde tiempos inmemoriales y eso al menos para nosotros como bancada es algo que vamos a considerar".
El diputado y miembro de la comisión de Seguridad Ciudadana Jaime Araya (IND-PPD) dijo que “aquí lo que va a estar en discusión es si el Presidente tiene el respaldo de los diputados y diputadas que dicen ser de la coalición de Gobierno, creo que es un tema bastante complejo y que efectivamente para llegar a un consenso con la derecha va a haber que ceder, y la pregunta es hasta dónde estamos dispuestos a ceder para respaldar al Presidente de la República”.
"Nosotros en particular no tenemos problema con lo que hoy día se estaría conversando, nos parece que ya han habido acercamientos para tener una ley de usurpaciones que sea una solución y no un problema. Una ley de usurpaciones que permite la autotutela legal, que permite esta fórmula que cualquier persona pueda agarrar una pistola para desalojar a alguien, nos parece que es un riesgo para el país y felicitamos lo que ha hecho la ministra Tohá, lo que está haciendo el Presidente de la República, de evaluar un veto presidencial para terminar con esta autotutela legal", añadió.
