Mañana se vence el plazo para que el Ejecutivo presente el veto presidencial a la ley de usurpaciones que fue aprobada por el Senado el pasado 30 de agosto. El camino para llegar un consenso con la oposición y convencer al oficialismo - especialmente al Frente Amplio y al Partido Comunista - ha sido cuesta arriba para La Moneda.
Las principales preocupaciones del Gobierno radican en como quedó estipulada la "autotutela" ya que a su juicio una persona apoyada por terceros, y sin auxilio de las policías, podría ocupar cualquier herramienta u arma para defenderse ante una usurpación de manera indefinida en el tiempo.
Asimismo, otro interés del Ejecutivo es modificar como quedaron definidas las penas.
En la normativa aprobada por el Congreso se establece que cuando hay violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, se aplicara´ una pena de "presidio menor en su grado medio a máximo" (541 días a 5 años). Mientras que si no hay situaciones de violencia o fuerza, también se aplicará el presidio menor, pero "en su grado mínimo a medio" (61 días a 541 días). Cabe recordar que la normativa vigente no contempla penas de cárcel en el caso de usurpaciones, sólo multas para quienes lo ejecuten ya sea de forma violenta o no violenta.
Negociación con FA y PC
Si bien se zanjó que se requiere una pena mayor a la que hoy existe en el Código Penal, la graduación de estas fue parte de la negociación para buscar el apoyo de los parlamentarios del PC y FA, incluso la propuesta que se ingresará mañana podría incluir una redacción para que la norma señale que puede haber penas desde una multa hasta presidio, donde el juez podrá evaluar caso a caso qué sanción aplicar.
Asimismo, podrían quedar sin penas de presidio las tomas no violentas con el objetivo de captar la adhesión de los parlamentarios oficialistas.
Para la jefa de bancada del Frente Amplio, Ericka Ñanco (RD), "la ley de usurpaciones para nosotros es una ley que genera conflictos a la hora de ver cómo se han llevado a cabo distintas formas de resolver las tareas importantes que requiere Chile, que tienen que ver principalmente con el acceso a la vivienda, con la demanda territorial que han ejercido las comunidades desde tiempos inmemoriales y eso al menos para nosotros como bancada es algo que vamos a considerar".
La postura de la oposición
No obstante, la bancada de la UDI de Cámara informó que estarían dispuestos a apoyar un veto si es que se cumplen una serie de condiciones: Primero que se mantenga el carácter de delito de la usurpación. Segundo, que sea un delito permanente en el tiempo. Asimismo, que exista la legítima defensa para los propietarios.
Según detalló el diputado Henry Leal (UDI) habría disposición para establecer una gradualidad en la pena, manteniendo el carácter de delito y que tenga sanciones privativas de libertad.
El presidente de la comisión de Seguridad, Andrés Longton (RN), planteó que "si el Gobierno insiste en darle el gusto al Partido Comunista y dejar la pena en pena de multa y no de cárcel, obviamente que la oposición no está en condiciones de poder avanzar en ese veto, que además transgrede la voluntad democrática de este Congreso".
"Si tú dejas las penas en penas de multa, lo que va a ocurrir en la práctica es que ningún carabinero, ningún agente policial va a ingresar dentro de los predios y quien se tome un terreno, quien se tome lo ajeno, no va a tener ningún castigo en la realidad, por lo tanto no va a ser una norma que disuada y hoy día en nuestro país necesitamos normas que combatan las usurpaciones, no que las sigan promoviendo", agregó.
Trámite legislativo
A través de esta herramienta, el Presidente de la República puede agregar elementos a la ley, lo que se conoce como el veto aditivo; si se reemplaza parte del proyecto se trata de un veto sustitutivo y se elimina parte de la ley es un veto supresivo. La estrategia que utilizaría el Ejecutivo sería realizar una sustitución no total, con el objetivo de cambiar algunos aspectos específicos de la legislación.
Las correcciones que haga el Jefe de Estado deben tener directa relación las ideas matrices de la iniciativa y deben ser sometida a votaciones separadas en ambas Cámaras, partiendo por la instancia que dio origen al texto, que en este caso sería el Senado.
Posteriormente, la Cámara revisora resuelve, en caso de rechazo de alguna observación, si se insiste o no en la mantención de la parte que fue objeto de enmiendas.
Si se rechazan las observaciones del Presidente, ambas Cámaras podrían insistir en la aprobación del mismo, con el acuerdo de los 2/3 de los diputados y senadores. Si es que se rechazan las observaciones y no se alcanza un acuerdo, no habría legislación en la materia en cuestión.
