A las 23.59 horas vence el plazo para que el Gobierno pueda ingresar el veto a la ley de usurpaciones que fue despachada por el Congreso el pasado 30 de agosto. A la espera de las observaciones del Presidente de la República, el representante del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), manifestó su preocupación por eventuales cambios que sancionen la usurpación de forma más "débil".
El presidente de la Corporación aseguró que "el Congreso hizo su trabajo" en a materia y "hubo a mayorías transversales que hicieron una ley de usurpación con energía".
En ese sentido llamó al Ejecutivo a "tener mucha precaución con lo que va a hacer", "porque si al final el veto, le basta un tercio de los votos para poder imponerlo, se va a desnaturalizar y va a dejar parecido a como era antes el tema de usurpación o si la usurpación va a ser sancionada con una multa y no como si fuera un delito, vamos a tener un problema severo. Vamos a dejar un problema que parecía resuelto, lo vamos a dejar pendiente y creo que eso sería una mala señal", dijo Coloma.
Asimismo aseguró que "no hay ningún acuerdo" con el oficialismo en la materia, sólo "hay un esfuerzo, con los abogados, por tratar de hacer coincidir algunos criterios", explicó el senador.
Además, recalcó que "no puede ocurrir que después de un esfuerzo de años del Congreso por recuperar el Estado de Derecho y tener una ley de usurpaciones que funcione - porque lo de hoy día no funciona - que el veto, por presiones de sectores políticos internos de la izquierda más dura del Gobierno, termine impidiendo que funcione esa nueva ley y que se sancione en forma débil la usurpación".
Cabe recordar que el senador Coloma como presidente de la Cámara Alta calificará las observaciones presentas por el Ejecutivo de sustitutivas, supresivas o aditivas, atendiendo a la substancia y efectos de ellas y no a su formulación literal: "Nosotros vamos a hacer siempre cumplir la norma constitucional y a mí me toca, eventualmente, calificar y voy a ser muy riguroso", señaló el legislador.
Ministro Elizalde
Por su parte, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, aseguró que el Ejecutivo "ha promovido el diálogo", "lo promovimos durante la tramitación y lamentablemente no hubo voluntad de llegar a una ley en los términos que nos parecía que era necesario. Nosotros creemos que se requiere una nueva ley, una ley moderna, una ley que entregue herramientas para restablecer oportunamente el imperio del derecho", indicó.
Ante la falta de acuerdos con la oposición y las dificultades para convencer al Frente Amplio y al Partido Comunista de la normativa, al secretario de Estado se le consultó por la posibilidad de que fracase el veto presidencial: "Si se rechaza la observación, finalmente, en el punto en el cual se ha hecho una objeción, eso no se promulga".
Asimismo, indicó que "va a haber ley porque hay materias que, de todas maneras, existe coincidencia entre lo que se aprobó y los puntos que nosotros buscamos", dijo el ministro.
Las principales preocupaciones del Gobierno radican en como quedó estipulada la "autotutela" ya que a su juicio una persona apoyada por terceros, y sin auxilio de las policías, podría ocupar cualquier herramienta u arma para defenderse ante una usurpación de manera indefinida en el tiempo. También, buscarán graduación en las penas diferenciando usurpaciones violentas y no violentas.
