El día que el Gobierno ingresó el veto a la Ley de Usurpaciones, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció que se hizo sin que antes se haya cerrado un acuerdo prelegislativo.
"Con todo el mundo hemos conversado. La verdad es que en algunos temas hubo bastante buena disposición, en otros fueron más debatidos", sostuvo y agregó que "no está cerrado un acuerdo. Hubo harto esfuerzo por lograrlo, pero al final había algunos temas en que no había realmente un entendimiento común, particularmente respecto a cómo debe sancionarse la pena pacífica".
De hecho, tras la acción la oposición deslizó fuertes críticas. "Lo ocurrido quiebra las confianzas" señalaron desde Renovación Nacional (RN), mientras que, por ejemplo, desde Evópoli, indicaron que el Gobierno "decidió escuchar a los terroristas, a la CAM y al Partido Comunista (PC)".
En ese contexto, hasta ahora, ¿qué tan difícil se ve la tramitación del veto en el Congreso? Para Eric Latorre, director del Magíster en Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma de Chile, "probablemente muy difícil por varias razones".
"La primera, porque está en la agenda de seguridad y esa agenda es prioritaria hoy tanto para el Gobierno como para la oposición, y es parte de las preocupaciones de los chilenos", sostuvo.
En segundo lugar, dijo que "si bien había y podría haber habido cierto acuerdo en materia de la autotutela, claramente el Gobierno cede ante la izquierda comunista y agrega un veto vinculado a la calificación de delito o falta cuando esta usurpación es sin violencia y sin destrucción de elementos materiales. Eso agrega un elemento que probablemente la derecha no tenía en sus planes a ser vetado y pone una dificultad adicional para el Gobierno".
En tercer lugar, precisó que "hay que recordar que esto está en el marco de una agenda aún mayor de discusión entre el Gobierno y la oposición. Se va a discutir la Ley de Presupuesto en las próximas semanas y se viene un escenario complejísimo por la votación de la nueva Constitución, por consiguiente, cada acto político, cada debate político, va a estar enmarcado en estas grandes agendas políticas electorales que van a hacer, por cierto, muy difícil la tramitación, y donde cada actor político está pensando dos o tres movimientos más bien vinculado al proceso constituyente, a las próximas elecciones, y a aquello que lo puede posicionar como un actor relevante para los próximos escenarios electorales".
"Todo esto hace que esta ley tenga una tramitación difícil, sin duda, y muy mediática, y cuando es muy mediática, evidentemente los actores intentan marcar posiciones que van más allá de la propia ley".
Para Juan Pablo Araya, docente de la carrera de Administración Pública de la Universidad de O'Higgins (UOH), la situación es "compleja", particularmente "por la posición de la derecha a no transar en que la pena por el delito de usurpación, en el caso de usurpación no violenta, quede a criterio de los jueces".
"En ese sentido, la discusión legislativa se ve bastante compleja, ya que finalmente la postura tomada por La Moneda no deja satisfecha ni a la oposición ni al oficialismo y, particularmente, no deja satisfecho al PC, uno de los partidos más influyentes en el Gobierno, el que habría exigido eliminar la pena de cárcel para tomas no violentas y que solamente sean sancionadas con multas, por lo tanto, la probabilidad del Gobierno de sufrir una derrota son muy altas, lo que podría tensionar aún más la ya débil unidad en las dos almas del Gobierno".
Fabián Belmar, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, consideró, en tanto, "graves las declaraciones" de Tohá, toda vez que "revela incapacidad de construir acuerdos y gobernar su coalición" y, además, porque "la tramitación del veto es en gran parte calculadora política".
"En el mejor de los casos, el veto se aprueba por el 50% + 1 de los legisladores, aprobando las modificaciones del Presidente. El veto puede ser rechazado por 2/3 de los legisladores, así el proyecto original se debe promulgar sin las observaciones del Ejecutivo. Sin embargo, el peor de los escenarios, es en el que no se alcanza ese umbral de 2/3, dejando aquellos puntos en discrepancia fuera de la ley", puntualizó.
"El cálculo de los votos debieron realizarlo antes, pues dado que la seguridad es un tema prioritario para la ciudadanía, es poco probable que los legisladores se opongan a agendas de seguridad, pues pondrían en riesgo su capital político. Al final del día, la evaluación ciudadana no verá las observaciones en detalle, sino que valorará si el legislador se opone o apoya medidas, cualquiera estas sean".
