Coloma (UDI), Placencia (PC) y Mellado (RN), expresaron sus opiniones sobre usurpaciones.
El Mercurio
El veto que ingresó el Gobierno a la ley de usurpaciones se dará cuenta el martes en la Sala del Senado y se enviará a la comisión de Seguridad, donde el presidente de la instancia, Felipe Kast (EVO), podrá calificar en primera instancia la admisibilidad de las observaciones presidenciales y las categorías de este.
Luego se votará en la comisión y pasará a la Sala de la Corporación. En ese momento, el presidente de Senado, Juan Antonio Coloma, también tendrá la posibilidad de calificar lo que la comisión ha planteado.
Se trata de 14 vetos distintos, cinco supresivos, cuatro aditivos y cinco sustitutivos. Cada observación se debe votar de forma separada y todas - excepto las aditivas - tienen asociadas la insistencia de la normativa aprobada para lo que se requiere 2/3 de los votos.
La observación que ha generado más ruido entre los parlamentarios es la graduación de las penas, diferenciando aquellas usurpaciones violentas de las no violentas.
El veto del Ejecutivo plantea que si el hecho se lleva acabo sin violencia o intimidación en las personas, ni daño en las cosas, la pena será de presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. Para imponer la pena mayor, el tribunal deberá tener en especial consideración las siguientes circunstancias:
Primero, que el imputado haya sido condenado por delito de usurpación anteriormente. Asimismo, que el imputado haya desplegado acciones tendientes a eludir la acción de la justicia o que el mismo inmueble haya sido previamente objeto de delito de usurpación y que el imputado haya tenido conocimiento de dicha circunstancia.
Por el otro lado, para imponer una pena menor, el tribunal deberá tener en especial consideración las siguientes circunstancias: El hecho de haber actuado por necesidad habitaciones y que se se haya restituido el inmueble voluntariamente.
El senador Coloma (UDI) planteó que "desde de mi perspectiva, toda usurpación es violenta por naturaleza porque afecta el derecho de otra persona. Entonces no entiendo bien la naturaleza del veto que lo que busca es hacer esta diferencia que existe, a mi juicio, solo en la mentalidad de quienes diseñaron esta política. Porque toda usurpación es violenta, es violenta cuando usurpan a un agricultor en la Araucanía y es violenta cuando usurpan a un asignatario de vivienda social en el Maule o con Biobío".
La diputada y subjefa de bancada, Alejandra Placencia (PC), sostuvo que "nosotros lo que hemos hecho es mostrar nuestra posición durante toda la tramitación y eso ha significado, primero, la no criminalización de la pobreza, cuando se pretende homologar a bandas delictivas (...) a la situación de los campamentos y a los estados de necesidad, pretendiendo el resolver con cárcel algo que tienen que ver con una política pública, que es una deuda histórica de nuestro país (…) Intentar homologar esto como si fuera lo mismo es un absurdo inaceptable".
"Estamos haciendo un análisis serio del veto y las implicancias que tiene (…)nosotros lo estamos analizando, pero nuestra posición la hemos planteado claramente al Gobierno, estamos haciendo también un trabajo con el resto del oficialismo para intentar, por supuesto, llegar a una votación lo más concordada posible", agregó.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, sostuvo que "si efectivamente el veto no desdibuja el proyecto que se votó en el Congreso, que ayuda a las personas que tienen sus predios usurpados en La Araucanía o los sitios tomados en todo el país, viene bien pero si desvirtúa completamente y no llega al fondo de lo que se necesita, nosotros estamos en condiciones de presentar un nuevo proyecto que realmente ayude a quienes sufren en La Araucanía".
