Desde agosto la administración de los 24 establecimientos educacionales pertenecientes a la corporación se encuentra en manos de un administrador provisional.
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La Superintendencia de Educación (SIE) determinó inhabilitar de forma "perpetua" al alcalde de Ancud, Carlos Gómez Miranda, quien es el representante legal de la Corporación Municipal de Ancud, para ejercer como sostenedor de establecimientos educacionales.
Esto, luego de que mediante una resolución exenta de la Dirección Regional Los Lagos de la SIE, se constató que la corporación municipal no cumplió con la entrega de información que acreditara la disponibilidad de los saldos de subvenciones y/o aportes del Estado percibidos durante el año 2021.
No entregar información solicitada por las instituciones que componen el sistema, como la Superintendencia de Educación, constituye una infracción de carácter grave para las entidades sostenedoras.
Y es que en 2018, 2019 y 2021 la Corporación Municipal de Ancud había sido sancionada por la Superintendencia debido a que no entregó información sobre saldos no acreditados.
Desde la primera sanción a la última, registrada en 2023, el monto de saldos de subvenciones y/o aportes del Estado no acreditados por la Corporación Municipal de Ancud subió desde $1.840.279.875 a $6.306.529.262.
"Lo sucedido en Ancud con la administración de los establecimientos educacionales es grave y durante este año vimos cómo la continuidad de la prestación del servicio educativo se puso en riesgo, pudiendo afectar el derecho a la educación de miles de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Chiloé", contextualizó el director regional de Los Lagos de la Superintendencia de Educación, Fernando Pérez Barrera.
"Se determinó sancionar a la Corporación Municipal de Ancud con la inhabilitación perpetua para obtener y mantener la calidad de sostenedor, respecto de su representante legal, que es el alcalde", explicó el director regional.
Una vez notificada de esta resolución, la entidad sostenedora dispone de 15 días en los que podría presentar un recurso de reclamación, para que sea revisado por la autoridad nacional del Servicio.
Cabe señalar que desde agosto la administración de los 24 establecimientos educacionales pertenecientes a la corporación se encuentra en manos de un administrador provisional.
