Un matiz se abrió entre las versiones que entregaron este viernes la vicepresidenta Carolina Tohá y el titular de Justicia, Luis Cordero, sobre la obligación que recae en el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, respecto a la comisión investigadora del caso Convenios.
Ello tras el debate que se instaló en la instancia legislativa respecto a si el militante de Revolución Democrática es o no funcionario público.
Una parte del oficialismo defiende que el exdiputado no está obligado a comparecer en la comisión al ser un asesor a honorarios, lo que reviste un carácter técnico. De tal modo, Crispi no estaría sujeto a la responsabilidad administrativa de acoger la citación. Así las cosas, las diferencias se encausaron en un oficio a Contraloría para que se despeje este punto.
Consultada por una posible traba en la relación contractual del asesor, que explicaría su ausencia en la comisión, la jefa de gabinete aseguró que "no hay ningún impedimento, él no está obligado a asistir".
"La razón de su consulta tiene que ver con su ex cargo como subsecretario de Desarrollo Regional y en esa condición, va a responder todas las consultas que se han formulado, por escrito", agregó.
A su vez, en radio Pauta, Cordero explicó que el asesor "es una persona contratada a honorarios" y que "la Contraloría ha calificado históricamente a los honorarios y ha señalado que no son funcionarios públicos. Sin perjuicio -esto es relevante- que en su condición de tales, presten servicio al Estado y estén sometidos a ciertas obligaciones públicas".
"Por eso en ocasiones son calificados como agentes públicos, es decir, tienen algunas obligaciones en temas de probidad, por ejemplo", añadió.
Abordando un debate adicional, el secretario de Estado acotó que "el Presidente no es de aquellos que esté obligado a comparecer en una comisión investigadora (...) Por lo tanto, no solo tiene que ver con la condición del contratado a honorario, sino también de quienes se encuentran en el gabinete presidencial sujeto a ciertas obligaciones de reserva y la manera, la forma y modo en que esos gabinetes funcionan".
De tal modo, Cordero consideró que "la pregunta adecuada, y tendrá que resolverlo la Contraloría, es si hay obligación, en la condición en la que se encuentra, de comparecer en una comisión investigadora. Por eso Miguel Crispi optó por responder las inquietudes de la comisión investigadora respecto de los asuntos que él desarrolló y cumplió en su condición de exsubsecretario de Desarrollo Regional".
