A eso de las 10.40 horas de esta mañana, el pleno del Consejo Constitucional inició la votación de las observaciones realizadas por la Comisión Experta, proceso que comenzó la jornada de ayer, y que hoy abarca desde el capítulo 14 al 17 de la propuesta de la nueva Carta Magna.
Ayer, se aprobó que retorne al artículo 1 que el Estado de Chile es social y democrático de derecho; la autonomía de los gobiernos regionales y comunales; la participación e igualdad de oportunidades para personas con discapacidad; y la protección de la crianza y maternidad y paternidad. En tanto, pasaron a comisión mixta la norma que habilita la paridad y la expulsión de inmigrantes irregulares.
Según establece el reglamento, para aprobarse las observaciones se necesitan 3/5 de los consejeros, es decir, 30 votos y para rechazarlas, los 2/3, es decir, 33 votos. En tanto, todo aquello que no obtenga dicha votación pasará a una Comisión Mixta, integrada por seis comisionados y seis consejeros, propuestos por cada mesa y ratificados por los plenos de sus órganos respectivos. Esta nueva instancia tendrá por función proponer soluciones respecto de las observaciones que no alcancen el quórum de aprobación o de rechazo.
Esta jornada se aprobó agregar un nuevo párrafo segundo al artículo 196 inciso 1 que disponga que "los actos de los gobiernos regionales y locales estarán sujetos a toma de razón en conformidad a la ley y mediante una resolución dictada por el contralor", con 48 votos y una abstención.
También se aprobó, por 49 votos, que "la Contraloría, con motivo de control de legalidad o de las auditorías, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas".
En cuanto al capítulo 15, relacionado con el Banco Central, los consejeros aprobaron -por 49 votos- que tenga por objeto "velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos".
En al capítulo 16, de protección de medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo, se aprobó, por 50 votos, sustituir íntegramente el artículo 212 por el siguiente: "El Estado fomentará el desarrollo armónico, solidario y sustentable del territorio nacional".
Por su parte, pasó a comisión mixta la observación que buscaba agregar un nuevo inciso al artículo 212, que establece que "la distribución de cargas y beneficios ambientales estará regida por criterios de equidad, de conformidad a la ley".
En materia de disposiciones transitorias, se aprobó sustituir íntegramente la transitoria vigesimosegunda por: "la reforma legal que adecue la ley institucional del Congreso Nacional para la creación de la Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas e Impacto Regulatorio, según el nuevo régimen constitucional, será presentada dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de esta Constitución".
La observación 205, y que era clave por abordar la paridad de entrada y salida, añadió una nueva disposición transitoria que indica que dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de esta Constitución, será ingresada al Congreso Nacional, por mensaje o moción, un proyecto de ley electoral que debe disponer un mecanismo para su integración, con reglas para corregir la distribución y asignación preliminar de escaños en elección de diputados y senadores, cuando algún sexo supere el 60% de los electos, lo que se aprobó por 47 votos y 3 abstenciones.
La misma observación apunta a que "las asignaciones preliminares de los candidatos del sexo sobrerrepresentado cederán en favor de los candidatos del sexo subrepresentado, hasta que sea lograda la proporción del literal anterior", y que "el mecanismo operará primero respecto de los candidatos del sexo sobrerrepresentado que hubieren recibido la menor votación en el pacto electoral o la lista menos votada. La ley procurará evitar la reasignación desde los candidatos que hubieren resultado preliminarmente electos en las listas o pactos electorales con mayor votación".
Otra de las disposiciones transitorias aprobadas detalla que en un plazo no superior a 18 meses desde la entrada en vigencia del texto constitucional, el Presidente de la República "deberá enviar al Congreso Nacional los proyectos de ley que permitan la transferencia de las competencias del artículo 135 sobre el fomento de las actividades productivas, turismo, vivienda e infraestructura".
