La estrategia con la que el Gobierno eludió en dos oportunidades la concurrencia de Miguel Crispi a la comisión investigadora del caso Convenios, se desmoronó al punto que este martes fue el propio militante de RD quien pidió a la instancia ser citado en la próxima sesión.
Al mirar el giro de La Moneda, hay al menos cuatro esquirlas que abrió la resistencia de Crispi a comparecer de forma presencial en la comisión.
Ellas son: La disputa jurídica en la que se vio envuelta el Gobierno; el hecho de que el caso Convenios se alojara nuevamente en La Moneda; el fuego amigo que creció en el oficialismo y la exposición del ministro de Justicia, Luis Cordero, en medio de la trama.
Disputa jurídica
El hecho de que Contraloría indicara que no hay jurisprudencia en lo relativo a la obligación que le toca a los asesores presidenciales sobre las comisiones investigadoras y que por tanto, oficiara a la Presidencia de la República para explicar las razones de la ausencia del militante RD, fue un revés para los argumentos del Ejecutivo.
La versión de este último, era que quienes prestan servicios a la Presidencia de la República, no están obligados a comparecer en la comisión investigadora, dado que dicha institución se rige por un estatuto jurídico distinto al resto de los organismos públicos. Ejemplo de ello, se señaló en el Gobierno, fue el caso que protagonizó Ana Lya Uriarte en el 2015.
Ese año, la ex jefa de gabinete de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, fue requerida por la comisión investigadora a raíz del caso Penta. Como la convicción de la instancia fiscalizadora era que Presidencia tenía un estatuto jurídico distinto -aducen en el Gobierno- la instancia envió a un cuestionario por escrito a Uriarte. De ahí que Crispi remitió un documento la segunda vez que fue citado por la comisión que estudia el caso Convenios.
Dando cuenta de estos argumentos y considerando el pronunciamiento que Bermúdez hizo este lunes, el ministro de Justicia, Luis Cordero, declaró una "disputa jurídica" sobre las obligaciones de Crispi respecto a la comisión.
Este martes, Contraloría remitió el oficio a Presidencia y dio un plazo de cinco días hábiles administrativos para contestar. Un procedimiento, que el Contralor apuntó que resultaría inoficioso, en el caso que el exsubsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo decidiera asistir a la comisión antes de cumplirse el plazo.
"Evidentemente que si se produce el hecho que busca la Cámara, pierde oportunidad la pregunta que está haciendo la Contraloría y, por lo tanto, ya no tendría sentido una respuesta", señaló, acotando que "no sería jurisprudencia, por cierto, pero evidentemente que con eso ya no es necesario que la Contraloría se pronuncie".
Convenios en La Moneda
El hecho de que la trama de fundaciones volviera a alojarse en Palacio era un asunto de mayor preocupación para el Gobierno, considerando que durante un período, el caso logró encapsularse en su arista judicial.
La insistencia de la comisión investigadora sobre la concurrencia de Crispi creció con la negativa del militante de RD a acoger las citaciones, con lo que la oposición fue aumentando a presión sobre el Ejecutivo.
Ello aún más considerando que la declaración que dio a Fiscalía el secretario ejecutivo de RD, Edson Detoni, dejó abierta la duda respecto a si el jefe de gabinete del Presidente Boric, Carlos Durán, fue notificado del caso de Democracia Viva, antes de lo que ha señalado el Ejecutivo.
Luego de las palabras del Contralor, este lunes la UDI emitió un ultimátum de 24 horas para que Crispi confirme su asistencia a la instancia fiscalizadora. También emplazaron a los ministros Cordero, Tohá y Vallejo a reconocer públicamente el error de señalar que el jefe de asesores no tenía obligación de participar.
A ello se sumó una arremetida que este martes encabezaron los jefes de bancada de Chile Vamos y el Partido Republicano, quienes enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), para que la corporación emita un pronunciamiento oficial sobre los dichos del ministro Cordero.
A ojos de los parlamentarios, el hecho de que el titular de Justicia haya sostenido que "todos los jefes de gabinete y jefes de asesores del segundo piso, de administraciones pasadas y futuras, debieran comparecer a las comisiones investigadoras" -en el caso que Contraloría dictaminara que Crispi debe asistir en esa calidad-, fue considerada por el sector como una "amenaza velada que busca desalentar el ejercicio de las funciones fiscalizadoras que la Constitución Política de la República le entrega a esta Cámara de Diputados".
Exposición de Cordero
No es secreto que detrás de la estrategia del Gobierno en este tema -y en general, sobre lo vinculado al caso Convenios- ha estado el titular de Justicia, Luis Cordero, quien ha transformado en blanco de críticas a raíz del cause que ha tomado el debate sobre Crispi.
Al secretario de Estado se le endosa una versión ambivalente del Ejecutivo, que partió aduciendo que el asesor no tenía calidad de funcionario público, para explicar su ausencia en la primera citación a la comisión. En la segunda oportunidad, se remitió una respuesta de Crispi por escrito.
Consultado sobre si ve desgastado si capital político por la disputa jurídica en la que entró el Gobierno, Cordero respondió: "No es algo que a mí me corresponda a mi evaluar y en segundo lugar, yo soy ministro de Justicia y me corresponde cumplir las labores".
"Yo llegué acá bajo determinadas condiciones y volveré al mundo del cual pertenezco en esas condiciones", afirmó.
Fuego amigo
Hace días, la ausencia de Crispi en la comisión investigadora venía concitando críticas de parlamentarios oficialistas. Con su segunda inasistencia, los diputados Raúl Soto (PPD) y Marcos Ilabaca (PS) cuestionaron fuertemente al RD.
"Lo que ha hecho el señor Crispi es una falta de respeto para este poder del Estado, es una falta de respeto para la labor fiscalizadora que tenemos en la Cámara de Diputados, habiendo sido además el señor Crispi diputado y conociendo esta facultad fiscalizadora. Por lo tanto, más allá de la discusión jurídica que va a ser zanjada por la Contraloría, respecto de si es funcionario público o no, tenía el deber ético, el deber político de dar la cara", sostuvo Soto en ese entonces.
En tanto Ilabaca consideró "impresentable que cualquier funcionario de Gobierno evada la acción fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Mi tema es con esa situación, no podemos admitir que funcionarios públicos que cumplen un rol público no asistan a una citación de la Cámara".
Con las declaraciones del Contralor de este lunes, Soto indicó que la autoridad "nos ha dado la razón".
"Miguel Crispi no está exento de concurrir obligatoriamente a la comisión investigadora del caso Convenios porque ejerce funciones públicas, porque es pagado con recursos públicos, porque es un funcionario de Gobierno y como tal tiene que rendir cuenta y someterse a la fiscalización y al control de esta Cámara de Diputados", sostuvo.
