El general Yáñez repudió el actuar de los ahora ex carabineros.
El Mercurio
"No vamos a aceptar manzanas podridas en Carabineros. Tolerancia cero a la corrupción". Así de enfático fue este viernes el
general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, al referirse al caso de los siete ahora ex uniformados detenidos en Ovalle.En el control de detención se determinó que los funcionarios no se ajustaron a la verdad en partes policiales remitidos a la Fiscalía. En concreto, el parte policial dio cuenta del hallazgo de plantas de marihuana en el sector Punilla de Ovalle y la destrucción de 1.850 matas -autorizado por el Juzgado de Garantía-.
Sin embargo, de acuerdo a la Sección Interno de Carabineros (Saicar) esto no fue así, ya que concluyó que, pese a encontrar pruebas de la incineración, se descubrió en un corral 142 plantas de cannabis sin quemar y en otro lugar, otras 67 plantas vivas. Además, hallaron 915 gramos de marihuana ocultos entre los matorrales.
Yáñez agregó que "las irregularidades que cometieron estos funcionarios, son gravísimas. Porque no solamente empañan el trabajo que desarrollan los miles de carabineros a lo largo del país con resultados tan positivos como esta incautación de drogas, como lo que se hizo en Temucuicui, donde los carabineros arriesgan su vida. Y obviamente por eso se toman medidas tan drásticas como la que hemos tomado. Baja inmediata.
Los carabineros que se aparten de lo que tienen que hacer, que se desvíen un milímetro de lo que deben hacer en su condición responsable de la seguridad como funcionarios públicos, no tienen cabida en la institución. Y no los vamos a aceptar. Así tengan 15, 7, 10, 15, los que sean necesarios".
La máxima autoridad policial sostuvo también que "hemos creado una unidad anticorrupción. Ninguna institución ni servicio público se encuentra ajena a que el crimen organizado u otro tipo de organizaciones puedan de alguna forma intentar permearlo. Pero nosotros no vamos a aceptarlo y estamos generando todas las medidas posibles para accionar, como en este caso".
Los ex carabineros quedaron con arraigo nacional y se estableció un plazo de 120 días para la investigación.
