Senadores Yasna Provoste (DC) y Rafael Prohens (RN).
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El senador por Atacama, Rafael Prohens (RN) llegó hasta la Corte de Apelaciones de Copiapó a ingresar un recurso de protección para que la justicia se pronuncie respecto a las acciones que debe realizar la autoridad en relación a la crisis educacional que afecta a la zona.
Ya se van a cumplir dos meses de paralización y miles de niños se encuentran fuera de las aulas de clases por las deficiencias administrativas y estructurales de los establecimiento que administra el Servicio Local de Educación Pública (Slep).
Si bien el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, emplazó al gremio de profesores a retomar las clases el próximo jueves 2 de noviembre, los profesionales y los parlamentarios de la zona aseguran que es un plazo "poco realista" ya que no están las condiciones mínimas.
En el escrito presentando por el senador de Renovación se le solicita a la Corte de Apelaciones de Copiapó que declare que el Slep de Atacama, ha actuado en forma ilegal y arbitraria con su conducta omisiva, violentando los derechos fundamentales de los estudiantes, como también que se le ordene emitir un oficio que de cuenta de las acciones, planes y obras que han realizado para mejorar las condiciones en las que se imparte educación en la región y las medidas que tomarán a futuro para subsanar las condiciones de estudio de los estudiantes. Esto, con el objetivo de que se materialicen medidas concretas y urgentes.
"Hemos presentado esta acción judicial para que los tribunales puedan otorgarle a los apoderados certezas en el plan que tienen que ejecutar las autoridades responsables de subsanar esta crisis del sistema educativo que enfrentan los estudiantes de nuestra región Atacama. Este recurso es contra el SLEP de Atacama puesto que han dejando abandonado a los niños y a sus familias, enfrentándose a una vulneración de derechos por parte del Estado, al no poder tener certeza de su desarrollo educacional", señaló Prohens.
Por su parte, la senadora Yasna Provoste (DC) se reunió esta tarde con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para exponer denuncias de corrupción e irregularidades administrativas que podrían ser constitutivas de delitos en Servicios Locales de Educación Pública de Colchagua y Atacama.
"Acá es evidente los problemas de gestión que han tenido desde la Dirección de Educación Pública y del propio Ministerio de Educación que hoy nos tiene en una crisis educativa nunca antes vistos en la Región de Atacama", dijo la legisladora.
Según explicó la senadora, los antecedentes habrían sido proporcionados por funcionarios públicos, en esa línea llamó a respetar la protección de los denunciantes. Entre ellos se encuentra "malversación de recursos públicos, utilización de recursos que tenían un fin en otros propósitos y una serie de antecedentes que por la confidencialidad de la denuncia prefiero mantener en reserva", señaló Provoste.
