El contralor de la República, Jorge Bermúdez, dio cuenta de una serie de irregularidades en el traspaso de recursos públicos a organizaciones sin fines de lucro desde las Secretaría Regionales Ministeriales de Vivienda en el marco del programa Asentamientos Precarios de la cartera, una de las aristas del Caso Convenio.
Asimismo, informó que aquellas irregularidades se repiten en casi todas las regiones del país, a excepción de Aysén. Con todo, algunos casos derivaron en sumarios por parte de la Contraloría y otros se remitieron al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público.
Específicamente, los casos que fueron derivados al Ministerio Público corresponden a las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Lor Ríos y Los Lagos.
Estos informes dan cuenta de la investigación de19 fundaciones, desde el año 2021 al 2023 y fueron expuestos en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
En esa línea, Bermúdez sostuvo que se constató la falta de procedimiento formal para selección de las entidades que ejecutarán los proyectos del programa en cuestión. Asimismo, detalló que hubo asignación directa de iniciativas de inversión a entidades ejecutoras sin fundamentación.
Además, hubo falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos estimados de cada proyecto, que fundamentan el monto de la transferencia y ausencia de cauciones para el cumplimiento de los convenios de transferencia. "Pagar caro no es ilegal, pero si no existen los antecedentes, es muy difícil decir si se está pagando caro o barato", indicó Bermúdez.
Adicionalmente, se detectó falta de exigencia de los planes de trabajo y el uso de planillas Excel para la rendición de gastos, la cual no sería la herramienta más idónea.
Por otro lado, sólo en la seremi de Vivienda de Antofagasta y O’Higgins se constató la presencia de personas contratadas por fundaciones que se desempeñan en dependencias del Serviu o de la seremi del Minvu.
A su vez, se detectó falta de control y monitoreo oportuno de la ejecución de los convenios; y falta de comunicación a las entidades privadas de las objeciones formuladas a las rendiciones de cuenta.
También se comprobó la falta de motivación del acto administrativo que aprueba los convenios de transferencia. Asimismo, la falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades convenidas y su falta de experiencia en las iniciativas encomendadas.
Del mismo modo, el contralor dijo que se constató la falta al deber de abstención y eventual vulneración al principio de probidad en las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Maule y Biobío. Específicamente, en la Región de O’Higgins con la fundación Arquiduc; en Biobío Urbanismo Social y Pro Cultura; en Antofagasta Democracia Viva y en el Maule Urbanismo Social.
En relación a un posible "modus operandis", Bermúdez dijo que "no nos corresponde decir si hubo un mecanismo (...) pero la falta de regulación permite que el virus de la corrupción se pueda propagar".
Gobiernos regionales
En relación a las investigaciones desarrolladas a los Gobiernos Regionales de Antofagasta, Atacama, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Lagos y Magallenes, el contralor presentó una serie observaciones.
Entre ellas, la Contraloría constató la inexistencia de manuales y procedimientos relacionados con transferencias de recursos a fundaciones, corporaciones y ONG. Asimismo, la falta de un procedimiento formal para la selección de las entidades que ejecutarán los proyectos de inversión.
También, la ausencia de procedimiento de selección y clasificación de las iniciativas de inversión a las entidades ejecutoras; la falta de oportunidad en la dictación del instructivo; y falta de fundamento en la asignación directa de iniciativas de inversión a entidades privadas ejecutoras.
En relación la forma de selección de las entidades, Bermúdez detalló que se detectaron debilidades en el proceso de asignación de recursos de las iniciativas de inversión; falta de análisis respecto de competencias de fundaciones, corporaciones y ONG: y asignación directa de iniciativas de inversión como único mecanismo de asignación de recursos a entidades privadas.
Asimismo, falta de fundamentos en la asignación directa de iniciativas de inversión a entidades privadas ejecutoras; iniciativas aprobada que no cumple con los requisitos establecidos para su asignación; falta de mecanismos objetivos para la asignación de puntaje; y falta de exigencia de antecedentes requeridos en el proceso de postulación.
También, la asignación de recursos a fundación con rendición pendiente e inconsistencias entre giros de actividad económica en Servicio de Impuestos Internos, objetivos establecidos en estatutos de Fundaciones y objetivo de proyecto presentado.
En relación a los convenios, la Contraloría detectó falta de motivación del acto administrativo que aprueba los convenios de transferencia; omisión de cláusula de reintegro de recursos en los convenios de transferencias; falta de exigencia de los planes de trabajo; falta de reportabilidad y trazabilidad en el proceso de transferencias; entre otros.
Del mismo modo se comprobaron problemas respecto a las cauciones, la ejecución de los programas y la rendición de cuenta. Además, una seria de observaciones en relación al principio de probidad y transparencia, como por ejemplo la falta al deber de abstención y eventual vulneración al principio de probidad y exigencia a una entidad privada la contratación de personas vinculadas a funcionario del Gobierno Regional.
Este último punto abrió el debate entre los parlamentarios y el Contralor detalló que se detectó este caso en el Gobierno Regional del Maule, el cual fue derivado al Ministerio Público y se abrió un sumario administrativo.
