El contralor Jorge Bermúdez expuso los informes de las auditorías en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
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En el marco del Caso Convenios, los informes de auditoría que elaboró la Contraloría dieron cuenta de una serie de irregularidades en el traspaso de recursos públicos del Estado a fundaciones, involucrando a las seremis de Vivienda y a los Gobierno Regionales a lo largo del país.
El contralor Jorge Bermúdez evitó catalogar estas observaciones como un "mecanismo de acción" o un "modus operandi", pero aseguró que algunas de ellas se "repiten" como por ejemplo la falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos estimados de cada proyecto, que fundamentan el monto de la transferencia y la asignación directa de iniciativas de inversión a entidades ejecutoras sin fundamentación. Además de otras carencias en materia de transparencia y probidad.
"Hay algunas observaciones que son, podríamos decir, bastante repetitivas, pero que básicamente se resumen en la falta de procedimientos para seleccionar a las entidades que reciben recursos públicos", señaló Bermúdez.
Sin embargo, desde la oposición no tardaron en apuntar en que en los casos en cuestión hubo una manera de proceder para defraudar al fisco. La diputada Chiara Barchiesi (republicana), miembro de la comisión investigadora por el "Caso Convenios, dijo que "sin lugar a dudas que hay un modus operandi en los traspasos millonarios a las fundaciones pro Boric".
"El contralor reconoce y afirma que el virus de la corrupción ya ha penetrado en las instituciones. El problema es que las instituciones, léase, el Gobierno, no está haciendo nada para combatir el virus, ni tampoco para determinar qué parte de la institucionalidad ha sido contagiada por el virus y cuál aún no", agregó la legisladora.
Del mismo modo lo catalogó el diputado José Miguel Castro (RN): "Es sumamente grave y repetitivo lo que sucedió en las distintas regiones del país. 15 regiones afectadas por este germen de la corrupción, 15 regiones afectadas con un caldo de cultivo para que se entregaran platas a diestra y siniestra".
"Si a eso le sumamos lo de los Gores estamos frente hoy en día a uno de los casos más graves de corrupción que han existido en Chile. Esperamos que no solamente la Contraloría ejerza sus atribuciones, sino que también lo haga la Fiscalía y efectivamente lleguemos a condenar la gente que ha generado delitos producto de estas situaciones", agregó.
Defensa del oficialismo
Desde el oficialismo descartaron esta hipótesis. La primera fue la diputada de Revolución Democrática Ericka Ñanco, quien dijo que "hay un problema de Estado, de la institucionalidad, no tiene que ver con un modus operandi, tiene que ver con que hay una falta de institucionalidad".
También lo dijo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo: "Tal como lo ha expresado el propio contralor Bermúdez, esto tiene que ver con una debilidad institucional cuyo diseño se originó, no en este Gobierno, sino que en el anterior y que da cuenta de una brecha institucional que permite que, quienes tengan intenciones de otro tipo, puedan defraudar al fisco".
Y esta tarde el ministro de Vivienda, Carlos Montes, lo reiteró. "Había un modo, un modelo de trabajo con las fundaciones privadas y simplemente seguimos con el que venía. Lo que podríamos haber hecho es haberlo revisado y replanteado en ese momento. No tuvimos la conciencia", sostuvo el secretario de Estado.
Además, reconoció que "nosotros deberíamos haber enfrentado los problemas de fondo de un modelo, modelo que tiene que ver con todas las actividades del país en la relación de la transferencia a privados. Nosotros no captamos en ese momento el conjunto de forados y los riesgos que había de hechos de corrupción. Y también de hechos de ineficacia y de burocracia que no llevan a ser todo lo preciso y correcto en lo que hay que hacer".
