La Comisión especial Investigadora de la Cámara Baja, encargada de evaluar las pensiones de gracia entregadas a las víctimas en el contexto del estallido social, emitió este martes una serie de recomendaciones que se incluirán en un informe que redactará la instancia.
Dicho texto será posteriormente presentado al Ejecutivo.
Como primera recomendación,
la comisión insta al Presidente hacer un seguimiento de la situación de los beneficiarios con lesiones leves "a fin de revisar la evolución de las condiciones físicas que justificaron" el otorgamiento de la pensión. En síntesis, se busca verificar si todavía existen aquellas afectaciones a través de un procedimiento especial llevado a cabo por el Compin.
Como segundo punto, los diputados recomiendan al Gobierno reevaluar el mérito de las pensiones que han sido entregadas a personas con antecedentes penales y revocar el beneficio si se llega a detectar una mejora física en los beneficiarios con lesiones leves. Esto, considerando que la pensión es vitalicia "y se mantendrán vigentes mientras subsistan las condiciones que motivaron su otorgamiento".
En un tercer punto, a raíz de las discrepancias que se generaron a la hora de determinar las glosas que se aplican para otorgar la pensión de gracia, la instancia recomienda remitir los antecedentes a Contraloría para que "emita un pronunciamiento sobre la legalidad del procedimiento en atención a eventuales infracciones" al principio jurídico.
Por último, la instancia recomienda evitar el otorgamiento de pensiones de gracias "como medida de reparación por eventuales violaciones a los Derechos Humanos, independientemente del contexto en que se originen". Para esto, solicitan que el procedimiento de acreditación de la calidad de víctima esté a cargo de profesionales y especialistas del área de la salud para constatar "objetivamente" las presuntas lesiones".
Solo una recomendación fue rechazada por la instancia. Se trata del punto cuatro, que recomendaba declarar la urgencia parlamentaria a proyectos de ley presentados tras "los fuertes cuestionamientos luego de que se diera a conocer que 40 beneficiarios tienen antecedentes penales" y que buscan impedir la concesión de pensiones de gracias a dichas personas.
